Hace unos días, la justicia de Lomas de Zamora sobreseyó a ocho trabajadores, entre ellos un referente del gremio camionero, que habían sido denunciados por bloquear una empresa en Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense, en mayo del 2021. La denuncia fue realizada por el llamado Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), espacio vinculado a la abogada del PRO Florencia Arietto. El hecho generó una cobertura mediática que genera “criminalización y estigmatización”, según las conclusiones de un informe realizado por la Defensoría del Pueblo, junto a diversos gremios. El trabajo fue presentado el fin de semana, y analizó más de 600 notas y coberturas de distintas acciones sindicales, y alerta sobre la forma en que se abordan estas cuestiones, en su gran mayoría con una mirada negativa. Ante esto, insistieron con una serie de recomendaciones para realizar coberturas más equilibradas.
El “Primer Informe Anual de la Cobertura Periodística sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales” fue elaborado por el Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales, que integra la Defensoría del Público y diversos sindicatos. El trabajo, presentado en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, asegura que los medios contribuyen “construir un enemigo público”, a través de coberturas donde “se registra una valoración mayoritariamente negativa de la información que se refiere al sindicalismo y sus representantes, mediante modos de tratamiento periodístico que refuerzan la estigmatización de la práctica sindical”. “Durante demasiado tiempo vimos cómo las luchas gremiales han sido demonizadas. Se pone el acento en los perjuicios al resto de la ciudadanía, en la circulación, por ejemplo. Pero no se informa cuál es el reclamo que llevó a un determinado corte de ruta”, se agregó en el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
En el relevamiento, realizado sobre 603 noticias tomadas de 20 portales digitales de diarios, de radios y de canales de noticias y también de cinco noticieros de televisión de aire, se subrayó que, en “más del 40 por ciento de las notas, las medidas de fuerza fueron el tema principal, con especial énfasis en la afectación de terceros, en referencia al perjuicio sobre la ciudadanía y el sector empresarial”. En lo cualitativo se puede ver una “criminalización, estigmatización y deslegitimación de las acciones de protestas, las cuales siempre irrumpen, acontecen, nunca hay un proceso”, resaltaron en la presentación del informe, en el cual también emergieron hallazgos “narrativos como la victimización empresarial y la identificación de la violencia como forma de “comportamiento gremial”.
Algunos ejemplos
El trabajo fue elaborado por el este observatorio que forman distintos gremios, como los docentes de CTERA, camioneros, SiPreBA, FATPREN, SMATA, CONADU, la Asociación Bancaria, UPCN, UTE, SATSAID, y la anfitriona Federación Gráfica Bonaerense, entre otros. Además de la recopilación de las notas, se siguieron algunos de los conflictos que mayor impacto tuvieron en el segundo semestre del 2022. Uno de ellos fue el que protagonizaron los trabajadores del neumático, que realizaron largos paros durante meses, en reclamo de una mejora salarias. En los medios la crisis fue llamada “la guerra de los neumáticos”, y en la cobertura se hizo mucho hincapié en “la afectación de la actividad de empresarios y consumidores en detrimento de los alcances del reclamo salarial y la situación laboral”.
Otro sector que fue muy castigado por la prensa en general es el de camioneros, en especial cuando la organización que lideran Pablo y Hubo Moyano realizan medidas de fuerza. Según la Defensoría del Pueblo hay un “patrón de estigmatización y descalificación” en los medios respecto a estas acciones, y la figura de los dos dirigentes. Un ejemplo de esto es lo sucedido en Esteban Echeverría, que esta semana generó un fallo a favor de los trabajadores, pero que estuvo a punto de llegar a juicio, con pedidos de penas de seis meses a tres años. Pero la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora lo revirtió. Según pudo saber Data Gremial, la medida benefició entre otros a Fabián Arévalo, referente local del Sindicato de Camioneros.
El nuevo fallo fue en contra de los dispuesto por el juez de garantías de Esteban Echeverría Javier Mafucci Moore y el fiscal Fernando Semisa, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Esteban Echeverría, que consideraron “debidamente acreditados tanto el cuerpo del delito como la autoría responsable”. En cambio, para los camaristas “no se encuentra acreditada la existencia de conductas ‘violentas y ‘amenazantes’ tendientes a turbar la posesión, como sostiene el acusador”. Para los jueces, “no debe perderse de vista que en este tipo de manifestaciones o reclamos suelen existir insultos y calificativos agraviantes que, obviamente, no constituyen los medios comisivos que exige el artículo 181, inciso 3ero. del Código Penal”.
Recomendaciones
Participarán de la presentación del informe secretarios generales y de comunicación de gremios, federaciones y centrales sindicales, representantes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Defensora del Público, Miriam Lewin. Además de presentar estas denuncias, se recordó que desde fines del 2021 un manual con recomendaciones para un “abordaje responsable” de los conflictos sindicales. En primer lugar, se pone de manifiesto la necesidad “contextualizar los hechos desde un encuadre vinculado a las relaciones laborales y los derechos de las y los trabajadores”. “Es necesario explicar las causas que motivan los conflictos o reclamos, como pueden ser las mejoras en las condiciones de trabajo, la actualización salarial, despidos injustificados, etc. Incluir en las narrativas las leyes, convenios y estatutos que amparan a los y las trabajadoras en sus protestas”, agregaron al respecto.
Además, se pide “visibilizar las partes en conflicto y sus puntos de vista sobre el mismo; despersonalizar las acciones sindicales; priorizar la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y narrar sus procesos de toma de decisión; considerar las voces de trabajadoras, trabajadores y sus organizaciones como fuentes; no criminalizar las medidas y acciones gremiales, ni a trabajadoras y trabajadores; no estigmatizar a las organizaciones sindicales ni a sus representantes”, entre otras cuestiones.