Durante el primer año completo de la presidencia de Javier Milei, se registró el aumento de la informalidad laboral a 8 millones de personas y como motor del crecimiento de empleo total a 21,2 millones de trabajadores, con los que se establecieron niveles récord en la serie que comenzó en la primera mitad de 1991, según la última Encuesta Permanentes de Hogares (EPH) del INDEC, realizada en el último trimestre de 2024.
El estudio surgió mediante el cotejo de datos con el relevamiento de la Secretaría de Trabajo, a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), donde quedó establecido que el nivel los puestos laborales “en blanco” se desplomó en 234.100 personas; mientras que en el segmento informal (sin descuento jubilatorio) se incrementó en 387.300, lo que arrojó un resultado expansivo de 153.200 puestos.
Dicha conclusión se vio reflejada en 178.000 en el tramo de los trabajadores asalariados (161.000 en los formalizados y 17.000 en los que no aportan al sistema jubilatorio) y crecimiento de 331.000 en los independientes (autónomos y monotributistas, principalmente), con baja de 73.400 entre los registrados y aumento en más de 404.000 entre los informales.
Realidad que choca con el relato del Gobierno
Las citadas cifras chocaron con la intención del Gobierno, que consideraba importante el crecimiento de la nómina de personal asalariado impulsado por inversiones, tanto de empresas radicadas en el país, como también provenientes del resto del mundo y el incentivo al desarrollo del emprendedurismo basado en el conocimiento e iniciativa privada, sin más incentivo que la garantía de libertad sin tutela de un Estado.
Para concretar esa intención, emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual incluyó cambios significativos en nivel laboral con la aplicación de la extensión del periodo de prueba; modificación de indemnizaciones por despido; limitaciones al derecho de huelga; regularización del empleo no registrado; flexibilización de las licencias.
En las grandes ciudades
Según los últimos datos de la EPH, publicados por el portal INFOBAE, en 31 grandes aglomerados urbanos del país, menos de dos tercios de los empleados estaban registrados (62,1%) y 37,9% se desempeñaba sin descuentos ni aportes para el sistema jubilatorio.
Asimismo, los trabajadores en relación de dependencia representaban 72,2% del total -cayó 1,5 puntos porcentuales en 2024- y los independientes el 27,8% restante. Entre los asalariados 63,9% lo hace en la formalidad y 36,1% en la ilegalidad.
En el informe también figura que la proporción de informalidad laboral asalariada se eleva a 90% (9 de cada 10 trabajadores) en la franja del 10% del total de trabajadores con menores ingresos; 78% en el decil siguiente; 56% en el tercero y 42% en el cuarto -todos muy por arriba del promedio general-. Disminuye a 32% del total en quinto decil y 19% en el sexto, mientras que en la escala siguiente con mayor remuneración se ubica entre 11% 7 por ciento.
Semejante brecha entre las franjas de la informalidad laboral explica que en términos del ingreso total generado por el conjunto de los trabajadores en relación de dependencia la parte correspondiente al obtenido en la informalidad, esto es sin descuento jubilatorio que es el parámetro que toma el organismo oficial de estadística, se limite a poco menos de 19 por ciento.
Esas proporciones no han variado significativamente desde el inicio de la corta serie del Indec con esa apertura de ingresos, menos de siete años. Sin embargo, esas brechas se reducen notablemente: 57,3% están anotados en el SIPA y 42,7% no lo están.
Por otro lado, al cierre del tercer trimestre de 2024 de 100 asalariados ocupados en los hogares se detectó un promedio de 122 no ocupados, en el extremo del 10% con menor ingreso esa relación sube a 198, y a 187 en la siguiente, y explica el núcleo duro de población indigente de 10% de la población que no cuenta con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación.