Por orden del Ministerio de Economía, la secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero empezó a dilatar las homologaciones de las paritarias que estaban por encima del límite establecido por la inflación, confirmada o estimada, para el período en cuestión. De manera solapada, el gobierno le comenzó aponer un techo a las discusiones salariales, algo que quedó en evidencia cuando se dilató el acuerdo del Sindicato de Camioneros, que consiguió una suba del 45 por ciento para marzo y abril, en dos tramos del 25 y del 20 por ciento respectivamente. Las quejas del gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano dejaron al descubierto la estrategia, que contradice la definición de Javier Milei en campaña, que habló de una relación de privados que “el Estado no tiene nada que decir”.
Si bien hay un principio de acuerdo respecto del incremento para este convenio, la dirigencia alerta que la estrategia “continúa”. En este sentido, se asegura que la no homologación de los acuerdos busca en el fondo “disciplinar” a los sindicatos, y alertan sobre una posible generalización de estas medidas. La consecuencia de esta medida es una profundización del desplome del salario real, que un informe del Centro CIFRA midió en casi 20 puntos desde que asumió la gestión libertaria.
La decisión de no homologar de inmediato la paritaria de camioneros dejó al descubierto la estrategia del gobierno, que le puso un techo a las negociaciones salariales de acuerdo a la proyección de la inflación realizada. Por eso, en marzo todo acuerdo que no estuviera en el rango del 10 por ciento de incremento no fue formalizado, generando polémica. En muchos casos, los incrementos buscaban recuperar lo perdido por los salarios, que en 2023 estuvieron 60,7 por ciento abajo.
Este número sale del total de la suba de los ingresos de los trabajadores registrados, que crecieron 191,5 por ciento, contra una inflación del 254,2 por ciento, según los datos a enero del 2024 del INDEC y del RIPTE. Muchos de los aumentos buscan reducir esta diferencia, y al no ser homologados no sólo se vuelven un techo, sino la formalización de una baja de los salarios. “Lo que se está viendo con esta estrategia de no homologación no sólo es para no distribuir el salario y los aumentos, sino fundamentalmente como forma de disciplinar a los gremios, por lo que significan para la lucha en general”, sostuvo Hugo Antonio Moyano, abogado laboralista con amplia experiencia en este tipo de situaciones.
Moyano habló con Data Gremial sobre esta situación, que se visibilizo en los últimos días y el impacto en las negociaciones colectivas. “La estrategia de no homologación de los acuerdos salariales me tocó verla muy de cerca con la paritaria del Sindicato de Camioneros, que es un ejemplo de esta situación”, dijo el hijo de Hugo Moyano. Según pudo saber de primera mano, en la secretaría de Trabajo explican esta situación de la siguiente manera: “Las paritarias y los sueldos son referencias para otros precios, por eso hay que aplastarlos”. “O sea, los paladines de la libertad para todos creen que para los salarios tiene que haber un techo”, se quejó Hugo Antonio Moyano, que asesora a varios gremios para evitar ser víctima de este techo salarial. Por esta medida y el contexto económico general, producido por la devaluación y la liberación casi total de las variables, los salarios cayeron más de un 20 por ciento en un par de meses, lo que genera la actual crisis de ingresos.
Deterioro salarial
La baja del salario real fue confirmada por el último reporte de coyuntura del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores, que marcó que los “resultados son contundentes”. “El salario real promedio registrado perdió el 21,3 por ciento de su capacidad de compra entre noviembre de 2023 y enero de este año”, dijo la entidad, que aclaró que “tras esta caída y teniendo en cuenta el deterioro previo, el salario real de enero de 2024 fue equivalente a poco menos de la mitad de lo que era en noviembre de 2015”. “Entre noviembre de 2023 y enero de este año, la disminución en el sector privado alcanzó el 19,3 por ciento y para el sector público fue prácticamente del 25 por ciento”, agregó el informe, al que tuvo acceso Data Gremial.
Para el Centro CIFRA, “como podía anticiparse ante la pretensión del ajuste que se busca producir en el gasto público, la caída del poder adquisitivo fue mayor para el salario del sector público que para el salario del sector privado, aunque en ambos casos se trató de magnitudes dramáticas”. “La pérdida de poder de compra puede también calcularse en términos de alimentos y bebidas. En ese caso, la reducción alcanza al 23,8 por ciento entre noviembre de 2023 y enero de 2024, lo que da como resultado valores promedio que son equivalentes a menos de la mitad de lo que eran en noviembre de 2015”, insistió el análisis. “Este informe busca dar cuenta del deterioro brutal que han sufrido los salarios –como otros ingresos de los trabajadores– en los últimos meses, desde la asunción del actual gobierno. La disponibilidad de información nos obliga a concentrarnos en las remuneraciones registradas”, aclaró la entidad de la CTA de los Trabajadores.
El acuerdo de camioneros
La no homologación de los acuerdos, que atenta tanto contra la recuperación salarial como en la carrera contra los precios, se metió en la agenda cuando Pablo Moyano amenazó con un paro de 48 horas de los camioneros para forzar la formalización del acuerdo. la tensión llegó a la cumbre de hace unos días en Casa Rosada, donde los funcionarios del gobierno “compraron tiempo”. Hasta que este lunes, se anunció un acuerdo. las versiones periodísticas hablaron de un incremento de 15 por ciento para marzo y del 9 por ciento para abril y revisarlo recién en junio, un esquema que está en sintonía con las pautas inflacionarias del Ministerio de Economía. Esto permitiría darle el visto bueno oficial. Pero el propio secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros salió a negar esta situación.
“Los camioneros van a cobrar el 45 por ciento pactado, al cual se le agrega un 2 por ciento. No cambió nada”, señaló Pablo Moyano en declaraciones periodísticas. “El 25 por ciento de marzo ya está recontra cobrado y este mes se paga el 20 por ciento restante”, remarcó el también cotitular de la CGT, que criticó la actitud oficial: “Que digan lo que quieran”. Además, recordó que a mediado del mes que viene se volverán a sentar a negociar por los meses de mayo y junio. “Para Moyano la homologación es un hecho automático, pero la realidad es que el Estado debe velar por todas las partes”, argumentaron desde la secretaría de Trabajo, algo que rechazaron desde el gremio. “La función del Estado es analizar la legalidad, no la conveniencia de los acuerdos”, sostuvieron.
El nuevo entendimiento fue firmado por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), mientras que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que había presentado impugnaciones sobre el acuerdo original; podría hacerlo en los próximos días. El mismo se firmó en la reunión, realizada en las oficinas de la Secretaría de Trabajo ubicadas en la avenida Callao 114, se pactó, además, extender la vigencia del nuevo acuerdo firmado hasta el 31 de mayo y las partes se comprometieron a reunirse de nuevo en junio.