En la cumbre de regionales de la CGT, realizada en la sede de Azopardo, la mayoría de los oradores pidieron “mantener el plan de lucha” contra las políticas del gobierno nacional. La idea que el paro general del 10 de abril sea el inicio de una escalada en la conflictividad entre la principal central obrera del país y la gestión de Javier Milei crece entre diversos sectores, incluso aquellos que hace un tiempo se mostraban extremadamente dialoguistas. Esto puede verse en las declaraciones públicas del triunviro Héctor Daer, que comenzó a cruzar fuerte al oficialismo, lo que antes era potestad de otros dirigentes, principalmente Pablo Moyano. Esta idea alerta a la Casa Rosada, que no quiere en medio de la inestabilidad política y el proceso electoral tener además una guerra con los gremios, que mostraron reiteradamente su poder de movilización. Para eso, prepara una estrategia que incluye amenazas e incentivos.
Entre los primeros se encuentra el proyecto de ley que reforma varias leyes laborales, incluyendo la de financiamiento de las entidades sindicales. Entre los segundos, una medida que pasó por abajo del radar mediático, y beneficia directamente a las obras sociales.
El plan del gobierno nacional para intentar frenar el plan de lucha comenzó en estos días, y se extenderá hasta el 10 de abril. Sabiendo que la medida de fuerza no se moverá, como afirmaron muchos dirigentes en sus declaraciones públicas, la idea es suavizar lo que viene, o en su defecto desarticularlo.
Como primera medida, desde el oficialismo dieron el visto bueno para habilitar una nueva reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara de Diputados para este martes 1° de abril a para debatir los proyectos que buscan modificar las leyes 14.250 y 23.551. Se tratan de iniciativas que tienen como objetivo eliminar y prohibir las contribuciones de los convenios colectivos de trabajo, que el gobierno ya había insinuado que busca modificar al anunciar que las aportaciones empresariales no serían obligatorias.
La Ley 14.250 establece el marco regulatorio para las convenciones colectivas de trabajo y la 23.551 el de asociaciones sindicales, cada proyecto presentado propone que “las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros”. Además, cada texto establece que el patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores este constituido por las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados, excluyendo las contribuciones solidarias de los no afiliados.
Estas propuestas amenazan con terminar con fuentes de financiamiento de los gremios, algo que la dirigencia sabe que está en la mira del oficialismo. “Buscar terminar con la organización sindical, siempre buscaron eso”, dijo un dirigente a Data Gremial, al conocerse la convocatoria.
Si bien los legisladores de La Libertad Avanza no firmaron el dictamen que presentó el diputado Martín Tetaz para llevar la discusión al Congreso, ahora podrían hacerlo, lo que sería un problema a futuro. “No sabemos qué van a hacer”, fue la respuesta sobre este punto que dio el mismo dirigente, que espera que con el correr de los días haya certezas sobre la postura.
La idea que el gobierno hará un ataque mediático de la protesta y las futuras medidas nadie duda. Lo que cambió respecto del año pasado es cierto clima contra las formas del oficialismo, como la constante represión en las marchas de los miércoles. La CGT siempre se definió como “garante de la gobernabilidad”, hasta que la conflictividad la empuja a la calle.
Una zanahoria
Además de intentar amedrentar a la dirigencia, los operadores del gobierno quieren dar alguna señal de negociación. Luego que fracasara la convocatoria del secretario de Trabajo Julio Cordero a algunos referentes cegetistas, una vez anunciado el paro, el Ministerio de Salud jugó una carta fuerte. Esta semana, se anunció la creación de la llamada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), una entidad autárquica que definirá los constantes conflictos sobre cobertura de la seguridad social de medicamentos y estudios médicos experimentales y de alto costo.
En los últimos años, creció notablemente el impacto de las demandas contra obras sociales para que garanticen la entrega de tratamientos de última generación, que suelen ser muy caros y que en muchos casos no están aprobados para su uso en el país. Ante esto, los gremios venían pidiendo un “dique de contención” a estos amparos, a través de un organismo que defina cuáles productos se deben cubrir y cuáles no, dejando a la justicia sin posibilidad de intervenir.
“Si bien no se sabe la letra chica, es una buena noticia”, le dijo a Data Gremial una fuente de la seguridad social, que espera detalles de la medida. Se sabe que la agencia estará encabezada por un presidente y vicepresidente, acompañados por cuatro vocales, que trabajarán en forma ad honorem, en representación de la ANMAT, del Consejo Federal de Salud (COFESA), de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Una de las primeras críticas que aparecen es que no hay representación delos pacientes, ni de los financiadores. En 2016, cuando Mauricio Macri era presidente, hubo un acuerdo con la CGT para crear una agencia similar (la AGNET), pero el proyecto quedó cajoneado en el Congreso. Nunca se pudo reflotar la iniciativa, y aquel acuerdo se diluyó cuando la central obrera lanzó el primer paro. Pero el deterioro de la situación económica y la desregulación de la salud, que empeoró la realidad de las obras sociales gremial, hizo imprescindible esta medida.
La cuestión del transporte
Otro punto al que le presta atención el gobierno es a la efectividad del paro general. Se espera que hasta el 10 de abril busque desacreditar a la dirigencia–el uso de la definición “casta sindical” es algo que ya se hizo en este tiempo –para suavizar su impacto.
Además de reeditar sus mensajes por cartelería y la aplicación Mi argentina, algo que ronda el fascismo, se buscará que se garantice el trasporte público, el pilar de cualquier protesta de este tipo. Los trenes no funcionarán, ya que La Fraternidad confirmó su adhesión. Omar Maturano, histórico dirigente de los maquinistas, fue crítico de la propia CGT, pero se sumará a la protesta, dejando el principal medio de transporte que une la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano paralizado. El caso de los colectiveros parece distinto. En medio de una disputa por los subsidios y la viabilidad del sistema, la UTA estará el día de la protesta en medio de una conciliación obligatoria, y el gobierno quiere imponer que por esa medida el gremio que conduce Roberto Fernández no puede realizar paro.
En la CGT aclaran que “un paro general no se puede conciliar”. Por eso esperan que la UTA paralice los colectivos. Fernández está alineado a Maturano y es crítico de la conducción de la central obrera. juntos reactivaron el sello de la UGATT para confrontar con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), otrora bastión del moyanismo hoy cruzado por una fuerte interna, que hizo que su titular, el ferroviario Sergio Sasia, renunciara el año pasado. Más allá de las diferencias, se espera que no haya medios de transporte. Luego de una reunión con las empresas que derivó en el llamado a paro frustrado por la conciliación obligatoria, la UTA decidió no romper lanzas con el gobierno, e incluso hizo un elogio a los 17 mil millones de pesos en concepto de subsidios que destinó para el transporte de pasajeros en el AMBA. Una señal de pragmatismo en un área que vive una situación extremadamente delicada.