Entre los capítulos más polémicos de la Ley Ómnibus firmada en por el presidente Javier Milei está el dedicado a la educación superior del país, donde se generan algunas reformas vinculadas al financiamiento y las formas de ingreso de las más de 50 casa de estudio del país. En general, a tono con las medidas anunciadas, estos cambios fueron mal recibidos por la comunidad educativa, que salió a alertaron sobre las consecuencias que tendrá en las universidades este tipo de medidas.
A esto se le suma la amenaza de prorrogar el presupuesto 2023 para este año, congelando ingresos y salarios, lo que hace pensar que entre marzo y abril de este año ya no habría más recursos producto de la inflación. Si bien esta cuestión todavía está en duda, y los recursos de diciembre y enero llegaron como estaba previsto, la combinación de reformas y problemas de financiamiento puede ser mortal para la educación superior.
“Las modificaciones propuestas a la Ley de Educación Superior se dirigen especialmente contra los avances en términos de derecho que se habían logrado con las modificaciones de la Ley Puiggrós”, alertó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que en estos días elaboró un documento de análisis del DNU y sus efectos en el sector, y se mostró muy críticos a los cambios propuestos. La falta de llamado a paritarias, un tercer tema que aumenta el malestar.
El trabajo de la CONADU fue elaborado por su Instituto de Estudios Capacitación (IEC), y busca llevar claridad sobre los cambios propuestos en los artículos 553 a 556 contenidos en el Capítulo II, Título III del proyecto de la denominada Ley Ómnibus, y concluyó que su aprobación es “una amenaza para la universidad pública, gratuita y de calidad”. CONADU cuestionó la iniciativa que analiza el Congreso de la Nación y fundamentó su postura al difundir un informe con sus “primeras observaciones a la sección Universidades del proyecto de Ley Ómnibus”.
En este sentido, CONADU advirtió que las modificaciones “avanzan sobre la autonomía universitaria, al mismo tiempo que buscan desregular el sector en clave de mercantilización”. Los tres ejes que profundiza el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, giran en torno del ingreso, del financiamiento y de las políticas de evaluación institucional.
En el primero de los casos, los cambios apuntan a suprimir la posibilidad condicionada del ingreso a los estudios superiores a mayores de 25 años sin secundaria cumplida, y se incorporan los exámenes de ingreso como alternativa a procesos de nivelación y orientación vocacional y profesional.
“Como ya fue ampliamente comprobado por investigaciones con base empírica sobre experiencias nacionales concretas, la incorporación de exámenes de ingreso a los estudios de grado supone una práctica excluyente, aún cuando se interpretara con cierta benevolencia que la alternativa de los procesos de nivelación podría morigerar dicho efecto”, alertó el gremio que lidera Carlos de Feo.
En cuanto a las cuestiones de evaluación, el proyecto de ley “elimina la referencia a la evaluación interna de las instituciones y de esta manera, se reduce la posibilidad de generar procesos de autoaprendizaje institucional orientados hacia la mejora de la calidad sobre la base del fortalecimiento de la autonomía universitaria”.
Además, “se establece únicamente la evaluación externa extendiendo el plazo de su realización cada 10 años”. En tanto, “incorpora un cambio sustantivo al establecer como una tercera opción que la evaluación pueda ser realizada por ‘comisiones externas constituidas por pares académicos’, sustituyendo la obligatoriedad de que las entidades a cargo de la evaluación constituyeran comisiones de pares de reconocida competencia, lo que podría suponer la realización de evaluaciones externas sólo a cargo de equipos técnicos”.
Este cambio, dijo CONADU en su informe, “podría modificar sustancialmente los procesos de evaluación institucional implementados por la CONEAU, pero también promover la conformación de un mercado de la evaluación institucional al facilitar que las grandes empresas extranjeras que realizan procesos de evaluación con lógicas ajenas a las universidades nacionales, lo hagan con sus propios equipos sin tener que incluir pares locales, y flexibilizar los procesos de evaluación externa en tanto la conformación de las comisiones de pares externos podría realizarse sin respaldo institucional y sin el establecimiento de procesos y procedimientos basados en acuerdos”.
Financiamiento
Además, en uno de los puntos clave del capítulo de la educación superior, se cambian los criterios de financiamiento, lo que abre la puerta a la “mercantilización” de la educación. Se introducen criterios para la distribución del aporte del Estado nacional. En los cambios que el proyecto analizado promueve, afirmó la CONADU, “se anuncia una razón eficientista en la asignación de recursos, desacoplada de la integralidad de la actividad universitaria, de los proyectos institucionales y las particularidades territoriales, e ignorante de la complejidad de los procesos que inciden en los resultados”.
“La asignación de recursos en función de la matrícula puede verse como un indicio de la reorientación de la asignación presupuestaria hacia una lógica de financiamiento a la demanda, que es especialmente propicia para la privatización de la educación superior (por la potencial transferencia de recursos al sector privado, como puede advertirse en la experiencia de otros países) y para la mercantilización del sector público, al generar competencia entre instituciones basada en estrategias para atraer matrícula estudiantil concebida como una clientela, y condicionar decisiones de política institucional en consideración de la búsqueda de resultados rentables”, agregó el reporte.
Estos criterios “son especialmente desfavorables para las universidades nuevas, que tienen menos estudiantes, pero requieren más recursos para comenzar a funcionar y desarrollarse”. Del mismo modo, destacó el gremio, “la asignación de recursos en función del ‘tipo’ de carreras puede ser un condicionamiento fuerte para orientar las decisiones de las instituciones en relación a sus proyectos académicos y a su vinculación con las necesidades y características del territorio y su población, una dimensión que está ausente de las evaluaciones eficientistas”.
Paritaria pendiente
En la medida que los cambios que se intentan imponer en la educación pública, en el sector hay preocupación por la situación salarial de los docentes. Las versiones del inicio del gobierno de Milei es que se iban a mantener las partidas del 2023 para este año, lo que haría entre otras cosas que se congelen los salarios, además de dificultarse el cumplimiento de las obligaciones de las casas de estudio en materia de gastos corrientes. Si bien los recursos hasta ahora se mantienen, la amenaza se mantiene. Respecto a la negociación salarial, fuentes sindicales le confirmaron a Data Gremial que “hasta ahora no hay novedades, se mantiene el llamado de febrero de este año, no hay confirmación que se vaya a suspender”.
En noviembre del 2023, en una de las últimas reuniones encabezadas por el entonces ministro de Educación Jaime Perczyk cerró con los gremios del sector una suba adicional del 9 por ciento sobre los salarios de octubre, que fue aceptado. Allí se estableció la revisión de febrero, pero la aceleración de la inflación hace que la dirigencia busque adelantar la revisión.
“Esperemos que al menos se cumpla lo acordado, sabemos que hubo ideas de no llamar a la paritaria, sería un problema muy grande. Esperemos que se evite el conflicto”, agregaron las mismas fuentes consultadas. como dato positivo, las flamantes autoridades de la secretaría de Educación confirmaron la Paritaria Nacional Docente, lo que hace pensar que los universitarios también serán llamados.