Desde que comenzó su actividad en la localidad de Rosario, acusando al gremio de camioneros de bloquear una empresa en el marco de una pelea por un encuadre sindical, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) denunció más de 60 acciones sindicales, 40 de las cuales finalizaron en causas penales. La irrupción de este espacio cuya cara visible es la abogada macrista Florencia Arietto generó mucha tensión con la dirigencia gremial, que acusó de persecución a la entidad, que fue ganado relevancia entre las patronales. Pero su crecimiento viene sufriendo reveces legales. Primero, en julio de este año, la Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó el trámite iniciado para formalizar su funcionamiento, algo que esta semana ratificó la justicia mediante un fallo.
La decisión fue festejada en el sector sindical, que recordaron los ataques que recibieron de parte del MEAB, que llevó a muchos dirigentes a la cárcel. En este tiempo de accionar, el espacio fue parte de algunos de los episodios más polémicos, como el conflicto abierto en Lácteos Vidal y la empresa SanCor.
La Cámara Civil rechazó la inscripción del MEAB, con argumentos que marcan que las advertencias de los gremios son consideradas por la justicia. El tribunal integrado por Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez consideró que el movimiento “no contribuiría a la armonía que debe imperar en el mundo del trabajo, condición necesaria para el beneficio de todos los sectores que lo componen y de toda la comunidad en general”.
“Sólo la ilicitud de promover la asociación un objeto común que desconozca o violente las exigencias que para la protección a la dignidad de las personas establece el artículo 19 de la Constitución Nacional o que, elíptica o derechamente, persiga la destrucción de las cláusulas inmutables del pacto fundacional de la República vigente desde 1853”, destacó el fallo.
En junio pasado, la IGJ había negado la autorización porque “el objeto social de MEAB se contrapone con el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores a los que califica –cuando impliquen la paralización de la empresa- como ‘bloqueos sindicales extorsivos’ y/o ‘accionar delictivo’”.
El fallo lleva tranquilidad a los gremios. “Se cumple lo que venimos diciendo: que este movimiento es anti sindical, a secas”, le dijo a Data Gremial un dirigente vinculado a un sindicato de transporte, que se vio afectado por las denuncias, pero que prefirió no dar más detalles para evitar represalias.
Según marcó el mismo dirigente, por el accionar del MEAB y otros similares, en la actualidad “hay cerca de 50 causas abiertas contra dirigentes gremiales, incluyendo 10 detenidos, que hasta no hace mucho cumplían cárcel efectiva”.
Además, la dirigencia estima hay para este año se esperaban elevar a juicio oral al menos ocho causas, que podrían tener condenas efectivas. Los camioneros aparecen como los más afectados por la persecución de espacios como el menciona, aunque entre las organizaciones denunciadas hay de todo tipo: dirigentes de la construcción, químicos, panaderos, estaciones de servicio, aguas y gaseosas, carga y descarga, portuarios, lecheros y los sindicatos de la carne y otros.
Polémica trayectoria
El nuevo revés legal parece no hacer mella en el MEAB, que al igual que cuando su legalización fue rechazada por la IGJ no cambio mucho su postura, y parece mantener el rumbo. En sus últimos posteos, la entidad no dio cuenta del fallo y siguió con sus denuncias, en este caso sobre el conflicto en SanCor, donde difundió una “fake news”, como denunció ATILRA. Según la propia presidenta del movimiento, Verónica Razzini, en este tiempo “se libraron actuaciones en la Justicia ante 62 bloqueos y en ese ámbito se han iniciado 45 causas penales”.
En una charla organizada por la Asociación Civil Río Paraná realizada hace unas semanas en la capital de Entre Ríos, Razzini sostuvo que “los bloqueos de sindicatos para impedir la circulación de bienes en las puertas de las empresas no deben ser vistos como un conflicto gremial, sino como una extorsión”. Y bajo esa premisa” “se acude a los abogados penalistas, ya no laboralistas”.
Además, formuló duras críticas a la justicia del mundo del trabajo, a la que consideró parcial y cargada de prejuicios contra los empleadores. Como dato, la titular de MEAB fue precandidata a diputada nacional por la lista que encabezara el diputado provincial Juan Cruz Cándido, que luego de las PASO se integró a la candidatura de Juntos por el Cambio. Esto choca con una de las definiciones del espacio, que se asume como “un movimiento apartidario”.
El caso ATILRA
En la trayectoria de este espacio, nacido mediáticamente por el enfrentamiento de la empresa familiar de la presidenta del MEAB, tuvo a los camioneros en la mira, y a la familia Moyano en los cruces mediáticos.
Pero fue en la industria lechera donde desplegó todo su poder de fuego. Tanto en la crisis de Lácteos Vidal como en SanCor fue muy duro con los trabajadores y el gremio ATILRA, al punto de promocionar la denuncia penal, luego desmentida por la justicia, que intentó criminalizar el accionar de los empleados, que además fueron despedidos.
En el caso de SanCor, desde que comenzó el último paro viene denunciando en medios las medidas sindicales que buscan destrabar un largo conflicto. Hace unos días, difundió un video donde se veía un camión de la empresa tirando lo que pareció leche, y acusó a la medida de fuerza de ser la causante de ese desperdicio. Pero ATILRA desmintió que se trate de leche, sino que era “suero de los procesos industriales cuando se produce queso y manteca. El suero siempre se descarta”.