Desde las primeras asambleas convocadas por aeronavegantes y pilotos, a comienzos de agosto y que generó algunas demoras y reprogramaciones de vuelos, el gobierno nacional puso en la mira a los gremios del sector. En este tiempo, la tensión escaló hasta llegar al actual estado de situación, donde la gestión de Javier Milei amenaza abiertamente con vender Aerolíneas Argentinas si se mantiene el reclamo de mejoras salariales. En el medio, se decidió declarar esencial la actividad aerocomercial, para limitar la capacidad de sus trabajadores de realizar huelgas, lo que viola normas internacionales. Esta medida se quiere extender a todas las áreas del transporte público, lo que generó la reacción del conjunto de las entidades, que incluso hace unos días comenzaron a hablar de un “gran paro” en común.
“El gobierno libertario quiere la confrontación”, dicen en el sector, que esperan que en los próximos días haya más presión contra el plan de lucha que se está profundizando. A la par de esto, se comenzaron a aplicar sanciones y denuncias, la otra forma de responder del oficialismo a los reclamos. “Esto es una persecución”, dijeron por el caso de Rodolfo Aguiar, titular de ATE, denunciado esta semana.
La tensión en el sector transporte crece de la mano de la intransigencia del gobierno nacional, que parece haber elegido a los gremios como blanco de su prédica “anti obrera”. la falta de respuesta a los reclamos de los aeronáuticos hace que cada semana haya nuevas medidas de fuerza, que generan demoras y malestar entre los pasajeros, usados estos por el oficialismo para intentar limar el reclamo sindical.
Además, el retiro de Pablo Biró, titular de APLA, del directorio de Aerolíneas Argentinas, generó una respuesta común del sector, aparte de respaldos internacionales que rechazan la maniobra oficial. “Para nosotros es un tema 100 por ciento gremial”, sostuvo en declaraciones periodísticas el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, que explicó que los trabajadores de la empresa de bandera están con salarios “desfasados un 77 por ciento respecto a la inflación acumulada desde que asumió el actual gobierno”. La postura del oficialismo es de intransigencia, y algunas versiones hablan que altos funcionarios dijeron que su postura es “no dar aumento”, y comenzar el proceso de privatización, algo que confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.
“El gobierno quiere la confrontación, que el conflicto escale”, le dijo a Data Gremial un dirigente del sector aeronáutico, preocupado por la falta de diálogo de la gestión libertaria.
“Claramente van a tensionar a fondo, no hay cintura política para salir de este conflicto, y no sabemos hasta dónde llegarán con esta estrategia”, agregó el mismo dirigente, que marcó que “esto puede terminar en un escenario muy complejo, en el marco de un aumento de la conflictividad social”. como muestra de esto, no sólo se puede verla amenaza de venta de la aerolínea y las sanciones a Biró, esta semana se anunció que se permitirá a otras empresas dar servicio de pista, que antes hacía la estatal Intercargo, y ahora estudia desregular los vuelos de cabotaje en Argentina, para que lo puedan realizar compañías extranjeras, con sus tripulaciones, sin necesidad de matricular las aeronaves en el país ni certificar a su personal. Esto muestra que la intención del gobierno no es negociar. “Si no frenamos esta política, se avanzará contra otros trabajadores, esta es una lucha de todos”, recalcó el dirigente consultado.
Posible paro
Esta última idea es la que puso en alerta a todo el sector del transporte, que ve como el ataque a los aeronáuticos avanza a otras actividades. Una muestra de esto es que en la semana diputados del PRO presentaron un proyecto legislativo para declarar esencial a todo el transporte público, algo que es rechazado desde siempre por los trabajadores. Para defenderse de esta ofensiva, hubo un cónclave que reunió a muchos dirigentes hasta ahora distanciados, en lo que se dio en llamarse la Mesa Nacional del Transporte. Allí, ocho gremios marcaron la necesidad de “respaldar la lucha de los aeronáuticos”, y de ponerle freno al avance de las políticas libertarias. El dato político fue la presencia de entidades que reportan en los dos grandes nucleamientos del sector: la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión de Gremios Argentinos de Trabajadores del Transporte (UGATT). Esta unidad comienza a gestar la respuesta a la intransigencia del oficialismo y sus aliados.
“Seguramente la próxima semana vamos a avanzar por un plan de lucha y seguramente empezar con un paro de actividades”, disparó en declaraciones radiales Omar Maturano, titular de La Fraternidad e integrante de la Mesa Nacional del Transporte. El dirigente rechazó el “hostigamiento al movimiento obrero y las políticas contra los trabajadores”, en especial al sector que representa. Según Maturano, “el conflicto de aeronáuticos nos trajo a sentarnos en una mesa en común para disponer un plan de lucha que tendremos que llevar adelante todos los sindicatos del transporte a través de esta mesa nacional”. La idea de la mesa es rechazar cualquier intento de esencialidad, algo que se viene discutiendo desde hace años, y se insiste que viola derechos constitucionales. “En Europa hacen paros por tiempo indeterminado, pero acá porque hacés un paro de 24 horas te quieren intervenir el sindicato, vender las empresas”, se quejó.
Data Gremial consultó a fuentes de la CATT respecto de estas declaraciones, y la posibilidad de hacer un paro conjunto. En la entidad dijeron que “esperarán para pronunciarse”, y no hicieron mayores comentarios. La CATT, liderada por el ferroviario Sergio Sasia, viene analizando en asambleas el accionar del gobierno, en especial por su intento de privatizar empresas claves. La idea de un paro fue propuesta por varios dirigentes, pero por el momento la mayoría de los gremios opta por sumarse a la estrategia de la CGT. En ese sentido, los gremios fueron parte de los dos paros nacionales de la central obrera, además de sus movilizaciones.
Criminalización
Además de la intransigencia, el gobierno busca limitar el accionar a través de la criminalización del accionar sindical. Así, busca sacar a Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas, lo que generó que renuncie el Gerente de Operaciones de la empresa, Gustavo García Lemos. El piloto dejará su cargo el 1°de octubre, y sin ese cargo ocupado, la firma no podría realizar vuelos. el problema que ese puesto debe ser ocupado por otro piloto, y hasta ahora no se consigue reemplazante, por el conflicto con APLA. A esto se le suma una denuncia al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, por sus dichos respecto de la seguridad de los servicios el jueves pasado, cuando los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizaron asambleas y retenciones de tareas. “Hay riesgo para la vida de los pasajeros y se encuentra afectada la seguridad de todos los vuelos a esta hora”, dijo ese día el dirigente.
A partir de esto, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció que se denunciará a Aguiar por el supuesto hecho de “infundir el temor público en la sociedad”. “Señor Franco Mogetta, reclamar responsabilidad en el manejo de la vida de las personas es exactamente lo opuesto a infundir temor. La historia reciente argentina tiene el antecedente del accidente de la empresa LAPA, precisamente de la década del ’90, cuyos discursos privatistas y de Estado mínimo reivindican hoy las políticas de su Gobierno. La ausencia del Estado importó la pérdida de vidas que podrían haber sido evitadas si en aquel momento el Estado hubiese escuchado a quienes advertían de los peligros de volar sin controles y de cualquier modo”, apuntó el titular de ATE al respecto. El gremio respaldó las medidas de los trabajadores de la ANAC, que mantiene el plan de lucha.
Lo cierto que el paro de la ANAC fue el primer desafío a la esencialidad declarada por el gobierno. Al respecto, el coordinador general de ATE en la ANAC Marcelo Belelli le dijo a Data Gremial que “hemos cumplido todos los plazos requeridos para que la medida se pueda poner en práctica”. Belelli marcó que “están dadas las condiciones para que se cumpla las acciones gremiales, si quieren abrir una instancia de diálogo vamos a estar allí, pero la medida de fuerza es legal y legítima”. En este marco, ATE había informado con cinco días de anticipación la medida de fuerza, tal y como corresponde por normativa. Sin embargo, las autoridades de la ANAC incumplieron su obligación de notificar a las aerolíneas sobre la misma, generando un riesgo tanto para los pasajeros como los trabajadores. El objetivo de estas medidas de fuerza es “retrotraer los despidos, formar parte de ámbitos de negociación de normativas y la reapertura de la paritaria sectorial”.