Con una reunión de las comisiones de Transporte y Presupuesto, se inició el debate para privatizar Aerolíneas Argentinas. En medio del conflicto con los gremios del sector, el oficialismo quiere habilitar la discusión parlamentaria para vender de alguna manera la empresa de bandera. La gestión de Javier Milei nunca ocultó esta intensión, e incluso incluyó la firma en una lista de muchos organismos públicos que quiere pasar a manos privados. Pero en la negociación de la Ley Bases se limitó esta posibilidad. Una de estas entidades es el Banco Nación, otra “joya” que la Casa Rosada quiere privatizar. Pero el gobierno encontró un atajo pese a las limitaciones legales: Pensó en transformar a la entidad en Sociedad Anónima, para luego incorporar capitales privados. Esta maniobra acaba de ser frenada por la justicia, que en un fallo destacado por los gremios y trabajadores declaró nulo este mecanismo, y ordenó no avanzar en ese cambio. Para la justica, el Congreso “tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad”.
El fallo del Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla puso un freno a este mecanismo con el cual el oficialismo pensaba avanzar con la venta del Banco Nación. El magistrado estableció que “ni el DNU ni la resolución 348 del Banco Nación facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación”. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, que en su versión original incluía “la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida”. En el fallo, el magistrado destacó que “la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización”. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, “excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad”.
Desde que se comenzó a hablar del plan privatizador de la gestión de Milei, los trabajadores del Banco Nación rechazaron la posibilidad, y defendieron no sólo el rol social que cumple la entidad sino además su fortaleza financiera y su solidez en materia económica. La Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO) viene trabajando en una campaña de difusión para rechazar este mecanismo. Por eso, el fallo fue celebrado por la dirigencia. “El fallo es trascendental para el cumplimiento de las leyes en este país”, sostuvo Arturo Quiñoa, titular de la APJBO. En diálogo con Data Gremial el dirigente marcó que “el Directorio del Banco Nación estaba vulnerando la legalidad”, y coincidió con el juez del fallo: “Para poder modificar el status jurídico del banco sólo puede ser modificado por el Poder Legislativo”. Luego de aprobación de la Ley Bases en la cámara de Diputados, hubo versiones encontradas sobre la inclusión o no del Nación en la lista de empresas a privatizar. Por eso, la APJBO alertó dela maniobra respecto del cambio de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima.
Rol social
Desde un primer momento, el gremio defendió el rol social y de desarrollo de la industria que tiene el Banco Nación, con presencia en todo el país. Por eso lanzó una campaña para evitar su venta. En este camino, se recordó que la entidad “es un fiel ejecutor de políticas de Estado, que acompaña el desarrollo y crecimiento de las localidades donde está ubicada, que les paga a los jubilados, que atiende a las pymes, que carga los cajeros”. Además, recordó que según establece su Carta Orgánica, “debe acompañar el desarrollo productivo, no buscar ganar más dinero”. Por eso, se lanzó una campaña de junta de firmas junto a otros gremios para frenar la venta.
Además, las entidades sostienen que la banca pública tiene una posición de fortaleza en el mercado, y no se justifica su privatización. En este sentido, un informe interno de las cuentas y la realidad financiera del Banco Nación realizado por Fix Scr, una calificadora de riesgo del grupo Fitch con más de 100 años de experiencia en la materia, calificó a la entidad con la categoría AA (arg) en materia de endeudamiento a largo plazo y con A1+ (arg) para el endeudamiento a corto plazo. La categoría AA (arg) implica “una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país”. “El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de las emisores o emisiones mejor clasificadas dentro del país”, aclaró el trabajo. En tanto, la categoría A1+ (arg) implica “una muy buena capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros”.
Detalles del fallo
La APJBO había denunciado que un “estudio jurídico externo” ya estaba trabajando en la privatización, y pidió que “el directorio, ya sea el presidente o alguno de sus miembros deberían comunicar a todo el personal que es lo que pretenden hacer, como y para qué. Eso de manejarse por redes sociales es una falta de seriedad”, afirmó la asociación. Este punto fue abordado por el fallo del juez Ramos Padilla. La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación y observó que, aunque la Carta Orgánica “permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU”. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.
Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo. A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria. “Celebramos la medida porque reivindica la vigencia de la Ley por encima de los abusos del Poder”, dijo Quiñoa, que concluyó que “estamos convencidos que la banca pública es una herramienta indispensable para el desarrollo de una Nación”.