En marzo pasado, entró en plena vigencia el decreto 144/22, que establece que las grandes empresas deben tener “salas maternales y guarderías”, para sus trabajadores puedan dejar a sus hijos e hijas. La medida se confirmó en 2022, y daba un año para que las firmas alcanzadas pusieran en marcha este beneficio, que determinó varias alternativas a estos espacios de cuidado, como el pago de un plus salarial para cubrir ese gasto. En este tiempo, las negociaciones no avanzaron demasiado, y a partir de la plena vigencia del mismo comenzaron a apurarse algunos acuerdos, como el firmado recientemente por la UOM.
Los especialistas destacaron la puesta en marcha de este derecho consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, y llevó 48 años su confirmación. En este tiempo, la dirigencia sindical protagonizó varios reclamos, que se cristalizaron este año. Un análisis de la iniciativa la considera “un avance” y sus características un acierto ya que permita una “rápida implementación”.
El 23 de marzo entró en plena vigencia el decreto que obliga a las firmas de más de 100 empleados tengan que involucrarse en el cuidado de los hijos de sus trabajadores. Aquellas empresas que todavía no cuenten con guarderías o salas maternales en sus establecimientos podrán reemplazar esta obligación por el pago de un reintegro no menor al 40 por ciento del salario mensual correspondiente a la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.
A un mes de esta medida, hubo algunos acuerdos, y queda mucho terreno por recorrer. Para analizar el efecto de la medida, el Observatorio del Derecho Social elaboró un informe, donde consideró que es “un avance en tanto después de muchos años reglamenta un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que impacta directamente sobre la gestión de cuidado de hijes de trabajadores y trabajadoras”.
El trabajo, al que tuvo Data Gremial, destaca que la reglamentación considera tanto a trabajadoras como a trabajadores evitando vincular a las tareas de cuidado a las mujeres. “La norma considera a todos los trabajadores y las trabajadoras que realicen tareas en el establecimiento sin importar su modalidad de contratación o quien sea formalmente el empleador, así como incluye a trabajadores y trabajadoras bajo el régimen de teletrabajo, a quienes se les debe compensar el beneficio a través de una suma no remunerativa”, destacó la entidad, que pertenece a la CTA Autónoma.
Además, se remarcó que la habilitación de las diferentes opciones para aquellos empleadores que decidan no instalar una sala de cuidados en el establecimiento, “facilita su rápida implementación reintegrando, aunque más no sea parcialmente, los gastos para cubrir el pago de jardines o la remuneración de quien esté empleado en el hogar para el cuidado de hijes durante la jornada de trabajo”.
Opciones
El decreto estableció que “en establecimientos de trabajo donde presten tareas 100 personas o más, independientemente de la modalidad de contratación o de quien sea formalmente el empleador, se deberá ofrecer espacios de cuidados para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad que estén a cargo de los trabajadores y las trabajadoras”.
Para cumplir con ello, “la primera opción que ofrece la norma es la implementación de una sala en el espacio de trabajo”. Además, se detallan otras opciones en caso de decidir no hacerlo: “asociarse con otros empleadores que estén a no más de 2 km de distancia e implementar la sala de manera conjunta; subcontratar la sala; pactar una suma no remunerativa a través de la negociación colectiva en concepto de reintegro por gasto de guardería o trabajo de cuidado de personas” debidamente documentada que, como mínimo, sea el 40 por ciento del salario mensual de la categoría Asistencia y cuidado de personas correspondiente al Régimen de Trabajo del Personal de Casas Particulares”.
Según el análisis del Observatorio del Derecho Social, “por ahora todo indica que la mayoría de los establecimientos optarán por la opción de monetizar este beneficio”. En este sentido dicha monetización “debe realizarse a través de una negociación colectiva”.
Por último, que el decreto establezca un porcentaje sobre una categoría de una escala salarial, “permite que el monto a pagar se vaya actualizando a la par de la negociación salarial de ese sector, y no quede una suma fija plausible se deteriorarse con el tiempo”.
Algunos acuerdos
En este mes, hubo varios gremios que se sentaron a discutir esta cuestión. El marco general se lo dio un convenio firmado por la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se estableció que según las cifras oficiales, hasta ahora sólo el 5 por ciento de las empresas tienen este beneficio hasta la entrada en vigencia del decreto.
En tanto, en este mes la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la UOM, ASIMRA (supervisores metalúrgicos), bancarios (el primer gremio en conseguirlo para todos los trabajadores con hijos) y UTEDyC fueron los que firmaron acuerdos propios.
En tanto, en otros sectores se están negociando, buscando cumplir el decreto. La semana pasada, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) cerraron su paritaria 2002, con un aumento record del 130 por ciento.
El sector de los visitadores médicos suele tener salarios por encima de la medida, gracias a la potencia económica de la industria farmacéutica. En la negociación, se instaló el tema de las guarderías, y el gremio hizo un formal, entre los pedidos de mejoras laborales.
“Cuando en marzo entró en vigencia el decreto se hizo un reclamo formal, por escrito”, le confirmó a Data Gremial una fuente de la AAPM. Sin respuesta, se repitió el pedido a los laboratorios en la paritaria. “Ahí directamente dijeron que no a la implementación”, agregó la misma fuente consultada.
El argumento que usan las empresas productoras de medicamentos para negar la puesta en marcha de este beneficio es que el decreto dice “por establecimiento”, y los visitadores médicos no trabajan en un lugar físico.
“Es una excusa, un mamarracho así planteado”, se quejaron desde el gremio. En contrapartida, los laboratorios firmaron un convenio con la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) para optar por el pago del plus salarial.