A comienzos de semana, el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta lanzó una serie de tres spots publicitarios, donde apunta directamente contra los gremios. Bajo el título “Se termina la Argentina absurda”, estos videos explicitan las propuestas del espacio que representa el jefe de Gobierno porteño para los trabajadores. “Hoy en nuestro país, un sindicato puede bloquear y frenar la producción de una fábrica, impidiendo el derecho a trabajar”, relata uno de los avisos, mientras muestra imágenes de manifestaciones gremiales. Ante esto, adelanta que si llega al gobierno “vamos a usar las fuerzas de seguridad para hacer cumplir la ley y terminar con las extorsiones de los sindicatos que quieren frenar el trabajo”.
La amenaza no es aislada, y responde a una maniobra que se viene gestando en el inicio de la campaña sindical: elegir a los gremios como “enemigo público”. Lo mismo hizo Patricia Bullrich, la otra precandidata presidencial, que en las últimas horas apuntó sus dardos al sector educativo. Esta actividad genera alarma en el movimiento obrero, que alertan que en el fono se busca suprimir “el derecho a la protesta”. Los peligrosos antecedentes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires.
La serie de spots de Rodríguez Larreta se suman a varias declaraciones de referentes de ambos espacios que compiten en la interna de Juntos por el Cambio, que apuntan contra la actividad sindical como “enemiga” de sus hipotéticos gobiernos. Además de adelantar el uso de fuerzas de seguridad para desarmar protestas, el jefe de gobierno porteño propone terminar “con la industria del juicio”, a partir de nuevas leyes laborales, que buscará aprobar. Esto se suma a los que dice el candidato a vice de Bullrich, Luis Petri, que días atrás dijo que este tipo de medidas se tomarán en los primeros días de gobierno, la famosa estrategia “de shock”, que incluye una reforma laboral, explicitada desde hace un tiempo por un paper que circuló por los medios.
“Siempre nos pusieron en el lugar de enemigo, y en la campaña eso va aumentar”, admitió un dirigente gremial que con frecuencia visita la sede de Azopardo de la CGT. Si bien este aumento de la presión “no sorprende”, es cierto que explicitar buena parte de las medidas contra los trabajadores “no parece la mejor estrategia”.
Por eso, el dirigente le dijo a Data Gremial que es necesario “dejar en claro que más allá de las diferencias que quieran mostrar, el plan de la oposición es el mismo recorte de derechos y oposición”. Incluso hay cruce entre los espacios opositores por las posibles medidas represivas, donde se acusan de ser “más o menos blandos”. El último enfrentó a los espacios por los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires, tanto de movimientos sociales como de gremios. El larretismo recordó que con Bullrich en el ministerio de Seguridad no se acabaron los cortes, y como respuesta referentes apuntaron al jefe de gobierno como el responsable en CABA.
Peligrosos antecedentes
Para entender el alcance de la avanzada “anti sindical” de la oposición, basta dar una mirada a lo que hicieron en lugares donde son gobierno. Jujuy aparece como el antecedente más concreto sobre el intento de terminar con el derecho protesta, pero no el único. En la Ciudad de Buenos Aires se vienen tomando desde hace tiempo medidas para castigar a los trabajadores que reclaman, y se toman medidas para desalentar la actividad sindical. La última es el pago de una “asignación extraordinaria” destinada a docentes que no hayan faltado por sumarse a los paros en el primer semestre del año, y que se financiará con los descuentos a los que sí pararon. “Claramente es una media ‘anti sindical’, una más en el marco de la campaña electoral”, sostuvo Jorge Adaro, dirigente de Ademys, que calificó este pago como un “bono anti huelga”.
“Se pretende desde el gobierno se intente romper la unidad de la docencia, pero ya está demostrado que no lo van a lograr”, explicó Adaro, en diálogo con Data Gremial. En este sentido, recordó que el año pasado “también lo intentó, con el pago adicional para dar clases los sábados. Con eso se buscó atraer a una parte de la docencia y fue un fracaso notorio”. Sobre este bono, el dirigente de Ademys recalcó que se da como parte de “una estrategia que tiene todo Juntos por el Cambio de poner la educación pública en el centro de loa discusión, no es una cosa casual eso”. Pensando en el futuro, para Adaro el camino no tiene otro que el ataque a los sindicatos: “En el corto plazo van a proponer medidas que limiten el derecho a la huelga, entre otras cuestiones”.
El “bono anti huelga” es de unos 60 mil pesos, según informaron desde el Ministerio de Educación que lidera Soledad Acuña, figura controversial por sus ataques a los gremios. Además, en estos años la gestión de CABA utilizó los descuentos salariales como forma de disciplinamiento de los trabajadores. Así lo vienen sufriendo los empleados del subte, que este año lanzaron una fuerte campaña de lucha contra el asbesto. Según le confirmaron a Data Gremial desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), sólo este mes “unos 150 empleados recibieron salarios con descuentos por sumarse a las medidas de fuerza. A esto se le suman “pedidos de desafuero para delegados, sumarios administrativos sin sentido”. Todo para frenar el reclamo de que se retire este material cancerígeno.
Reformas de fondo
El ataque a los gremios apunta a debilitar su capacidad de acción, reconocen en Azopardo, para poder apurar medidas de reforma que cambien para siempre el mercado laboral argentino, comenzando con las leyes. Esta semana, en redes sociales, se pudo ver parte de la presentación de Bullrich en AmCham Summit 2023, un encuentro organizado en mayo pasado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde explicitó parte de su reforma laboral. “Los convenios colectivos de ultra actividad hay que sacarlos porque por la ultra actividad, son convenios del año 1975 que tienen todo un sistema absolutamente fuera de lo que es hoy la forma de trabajo”, sostuvo.
Los dichos fueron realizados en la cumbre que reunió a candidatos, integrantes del gobierno, legisladores y gremialistas bajo el lema “Protagonistas de la próxima Argentina”. “Vamos a trabajar en una ley diferente para todas las personas que hoy están fuera del sistema”, había anunciado la precandidata. “Hoy Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris, ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, chicas y medianas”, recalcó. Para eso, se debe limitar al “enemigo”, los gremios, y disciplinar mediante sanciones a los trabajadores, algo que ya anticipan en la oposición.