Crece la presión para que liberen a los detenidos de la represión en el Congreso y se garantice “el orden democrático y republicano”

Gremios se movilizaron junto a familiares de las 16 personas que siguen detenidas luego del tratamiento de la Ley Bases, y se presentaron a la justicia para ser parte de la causa. La CGT denunció el accionar policial, pero la interna quedó al descubierto.

Durante el fin de semana largo, se multiplicaron los pedidos para que sean liberados los detenidos de la represión del miércoles pasado, cuando el Senado aprobó la Ley Bases. De los 33 encarcelados en ese momento, 17 fueron excarcelados, mientras que 16 siguen bajo custodia, acusados de graves delitos por parte de la justicia, en convivencia con el gobierno nacional. La violenta represión fue seguida por detenciones arbitrarias, denuncian los organismos de Derechos Humanos, que realizaron junto a gremios y otros espacios una denuncia para ser querellante en la causa que lleva adelante la jueza Servini de Cubría.

Las acciones solidarias en apoyo a familiares y amigos incluyeron una nueva marcha a Plaza de Mayo, que pese al enorme despliegue policial se puso realizar en paz. El repudio generalizado al accionar de las fuerzas a cargo del Ministerio de Seguridad apuntó a la figura de Patricia Bullrich, a quien le reclaman que respete el derecho a manifestarse. Las distintas posturas dentro de la CGT dejaron al descubierto la interna, entre los sectores combativos y la conducción mayoritaria de la central obrera, que no llamó a movilizarse, pero si condenó la violencia policial.

Durante toda la jornada del martes, diversos sectores políticos y sindicales expresaron su rechazo a las detenciones y al intento de criminalizar la protesta social, y que sienta un fuerte precedente en materia de represión de las movilizaciones.

Además, los familiares estuvieron en diversas actividades reclamando la liberación de sus seres queridos. Uno de ellas es Silvia, la madre de Camila, una estudiante de la Universidad de San Martín (UNSAM) que fue detenida arbitrariamente durante la represión.

A la mujer la recibieron el cotitular de la CGT Pablo Moyano y el líder de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, que pidió de inmediato por la libertad de los integrantes de la comunidad educativa. “Camila salió a luchar por la educación pública, por la jubilación de su mamá, por el trabajo de su hermano en Aerolíneas Argentinas, por el pueblo argentino. Salió a luchar pacíficamente y ahora sus hijos la están esperando”, explicaron a Data Gremial desde FEDUN, respecto a la reunión.

Además de este encuentro, el Frente Sindical de Universidades Nacionales difundió un documento, donde se remarcó que lo de la semana pasada “no fue un intento de Golpe de Estado, fue una protesta política pacífica. No aceptamos la represión sobre manifestantes, ni el encarcelamiento y el hostigamiento judicial como prácticas políticas”. “Exigimos la liberación inmediata de las compañeras y los compañeros presos. Defendemos la democracia y queremos vivir en un país donde el Estado garantice el orden democrático y republicano”, agregó.

La llamada Ley Bases nace así ilegítima y el accionar del gobierno nacional muestra la pretensión de imponer por la fuerza un proyecto político de destrucción del Estado y de los derechos que establecen un piso de dignidad para el pueblo argentino. Por eso convocamos a luchar para enfrentar esa ley en todos los frentes”, recalcaron desde el frente, que forman los gremios docentes y nodocentes de las universidades, que además convocó a “la ciudadanía toda a defender la democracia y el régimen constitucional que nos protegen de impulsos totalitarios. La enorme y pacífica manifestación en las calles de todo el país dio apoyo al cincuenta por ciento de la cámara que votó en contra de la ley”. “El Frente Sindical de Universidades Nacionales manifiesta su rechazo a las prácticas represivas que el gobierno nacional busca implementar con un pacto con los peores sectores del poder judicial. No nos disciplinaremos. Lucharemos por nuestros derechos en la calle pues manifestar pacíficamente en el espacio público no es delito”, concluyeron.

Presentación judicial

En la previa a la marcha, un grupo de dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos se presentaron ante la justicia bajo el instituto de amicus curiae para solicitar que se revea “la situación procesal de quienes permanecen privados de su libertad desde el pasado 12 de junio”, cuando fueron detenidos arbitrariamente en el marco de las protestas contra la aprobación de la denominada Ley Bases en el Congreso de la Nación.

Consideramos nuestro deber, tanto las organizaciones de derechos humanos, jurídicas, sindicales, religiosas, sociales, profesionales, así como las personalidades que adhieren a la presente, intervenir en este caso para asegurar que se respeten los derechos de las personas detenidas y se lleve a cabo un proceso justo y conforme a derecho”, sostienen en el escrito firmado por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo “Cachorro” Godoy, Sabina Frederic y Matías Fachal, entre otros.

A su vez, en el texto al que tuvo acceso Data Gremial señalaron que “argumentos jurídicos sostienen nuestro pedido sobre el cese inmediato de sus detenciones y que la investigación penal iniciada en su contra se realice resguardando el mantenimiento de su libertad, ya que toda medida de restricción a la libertad ambulatoria debe entenderse como excepcional”. El documento también denuncia que “la brutal represión a la protesta social, que ya es política del actual gobierno, se mostrado en toda su magnitud el día 12 de junio pasado con un operativo que, podemos dar cuenta de ello, incluyo infiltrados para perpetrar provocaciones, y un despliegue de violencia desproporcionado por partes de las fuerzas de seguridad, que incluyo a diputados de la nación entre los heridos. Esto por sí mismo, debiera merecer una investigación y determinación de los responsables materiales e intelectuales”.

En el escrito judicial presentado en esta oportunidad, se explica que su finalidad es “defender la democracia recuperada por la lucha popular y su profundización hasta alcanzar la verdadera democracia política, económica y social”, y considera que “encontrándose afectado gravemente el derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y reunión pacífica, así como el derecho a peticionar ante los poderes públicos, en razón de los hechos que se ventilan en las citadas causas, sobra cualquier otra fundamentación para dar cuenta del legítimo interés de la CTA en el resultado de éstos actuados”.

Interna

En tanto, en el marco del acto realizado por diversos sectores en Plaza de Mayo, la CGT quedó expuesta por la interna que viene creciendo en los últimos días. Si bien la conducción de la CGT emitió un documento rechazando las detenciones, siguen las críticas por la falta de convocatoria a marchar la semana pasado, algo que se va a repetir cuando Diputados vuelva a tratar la Ley Bases.

Repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado”, remarco la central obrera, en referencia al comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA), que catalogaba de “terroristas” a quienes causaron desmanes durante la marcha ocurrida la semana pasada en las inmediaciones del Congreso. “Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes”, agregó el Consejo Directivo Nacional de la CGT.

En este contexto el malestar de los sectores que marcharon ese día no se oculta, y la apuntan a la mesa chica de la entidad, en especial a Héctor Daer. Esta semana, el secretario del Interior de la CGT Andrés Rodríguez justificó la postura, y sostuvo que “no teníamos por qué movilizar”. Incluso en el acto de este marte no hubo representantes de ese sector.

En tanto, Pablo Moyano sigue activo buscando convocar a movilizarse nuevamente. El malestar del camionero creció cuando la columna de su gremio fue obligada a desviarse cuando intentaba llegar a la Plaza delos Dos Congresos. Según pudo reconstruir Data Gremial, la policía deliberadamente enfrentó a los camioneros con su adjunto a la cabeza. Ante la posibilidad de un enfrentamiento, Moyano decidió retroceder, lo que generó el enojo. “Nos dejaron solos”, dicen algunos que fue su sentencia.