El intento de varios intendentes del PRO de quitarle a sus trabajadores la cobertura del IOMA sigue generando polémica en la provincia de Buenos Aires, y la escalada terminó en uno de los distritos con denuncias de “persecución” y una futura judicialización. Es que la decisión del gobierno de San Nicolás de trasladar a un dirigente gremial luego que encabezará la resistencia al cambio fue visto como “una represaría”, lo que derivó en una presentación ante el Ministerio de Trabajo provincial.
El caso muestra la tensión que aumenta en las comunas donde se busca desregular la cobertura médica, bajo el argumento de intentar mejoras las prestaciones médicas, que es rechazado por las organizaciones que forman la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO). En el caso de San Nicolás, la propia obra social bonaerense anunció que judicializará la discusión, luego de un fallo de la Asesoría General de Gobierno.
San Nicolás fue el segundo distrito opositor que aprobó una ordenanza para quitar la obligatoriedad de la cobertura del IOMA. Luego de este paso, se hizo un llamado a licitación, que se presentó la semana pasada, que ganó la prepaga Avalian, que a partir de esto será la prestadora de salud de los empleados municipales.
A partir de esto, el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Nicolás realizó una consulta pública para conocer la opinión de todos los empleados comunales, que tuvo un resultado contundente: el rechazo de la gran mayoría de los consultados. Así se lo confirmó a Data Gremial el representante de la FESIMUBO en el Consejo Consultivo Gremial del IOMA, Omar Arce.
Como respuesta a esto, el intendente Manuel Passaglia decidió un polémico traslado de Rodolfo Cecchi, secretario gremial del gremio local, a un lugar de trabajo a 40 kilómetros de distancia. “Esto se hizo para castigar al compañero, una forma clara de persecución”, agregó Arce.
La medida fue denunciada por la FESIMUBO ante el Ministerio de Trabajo provincial, donde se asegura que la medida tomada por el jefe comunal es “una práctica persecutoria, discriminatoria y antisindical”. Con la firma del abogado de la entidad Rodolfo Bradley, se le reclamó al ministro Walter Correa que “intervenga en su carácter de autoridad de aplicación, haciendo cesar en forma inmediata semejante arbitrariedad, cuya finalidad es hacer callar la única vos que se levanta en defensa de los trabajadores de San Nicolás”.
En el mismo documento, la federación que lidera Rubén “cholo” García se declaró en “estado de alerta y movilización” hasta que se resuelva la situación y responsabiliza a Passaglia por “cualquier intimidación o acto de violencia”. Ante esto, la cartera laboral ordenó “fijar audiencia de conciliación para el jueves 11 de mayo a las 11:00 horas para tratar la denuncia sindical”.
Denuncia provincial
La puja por la IOMA además está a punto de llegar a la justicia, ya que desde la conducción de la obra social se denunciará la ordenanza que permitió dar este paso.
Es que una resolución de la Asesoría General de Gobierno dictaminó que existen una serie de irregularidades que hacen inviable esta medida. El documento, al que tuvo acceso Data Gremial, destacó que “conforme surge de la normativa sancionada, la decisión por parte del municipio ha sido adoptada sin más, con argumentos genéricos, sin sustento fáctico y/o sin intervención previa del Instituto de Obra Médica Asistencial y/o de los trabajadores municipales y/o sus representantes”. “La medida inconsulta pone en evidencia un actuar intempestivo que no solo provoca alteraciones en el sistema solidario de cobertura médica que brinda IOMA, sino que impacta consecuentemente en el trabajador y su grupo familiar”, agregó el texto.
Además, la asesoría marcó que “la ley 6982, al preceptuar la potestad de las municipalidades de adherir al régimen del IOMA, otorga una prerrogativa a la administración, empero el texto no permite la adhesión parcial ni alude a la viabilidad de que los agentes realizarán elección alguna (y más aún como se dijo ante la vigencia del nuevo estatuto en que predomina la negociación colectiva)”. Ante esto, recomienda al gobierno provincial que “judicialice la decisión de la Municipalidad de San Nicolás”. Otro de los argumentos es que una medida municipal no puede imponerse ante una norma provincial.
Por último, la entidad provincial señala en el acta que la medida adoptada “trae consecuencias inmediatas y repercute en la salud de las trabajadoras y los trabajadores requiriendo que se arbitren las medidas para garantizar la continuidad de tratamientos y prestaciones médicas para no causar perjuicio a la salud de los trabajadores que el estado Nacional, Provincial y Municipal deben garantizar”.
Otros casos
El caso de San Nicolás es el segundo en implementarse en la provincia de Buenos Aires, luego que Capital Sarmiento decidiera quitar la obligatoriedad de la cobertura del IOMA. En otros distritos, se presentaron proyectos, y sus jefes comunales decidieron respaldar la propuesta. en el caso de Tigre, es el primero no gobernado por el PRO que tuvo una iniciativa de este tipo. Incluso el presidente del Consejo Deliberante Segundo Cernadas logró que se apruebe en una votación que terminó empatada, y que definió con su postura. “Axel Kicillof ya no le va a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores municipales”, dijo luego de esta medida.
Pero la alegría no le duró demasiado. A las pocas horas, el intendente Julio Zamora vetó la ordenanza, desatando el malestar de la dirigencia. Según los argumentos del jefe comunal, la norma sancionada “no reúne los consensos necesarios”.
Zamora publicó en las últimas horas el decreto 668/23, donde expresó que la razón del veto es que la ordenanza “no reúne los consensos necesarios para una norma de tal envergadura”. En la misma línea, el jefe comunal argumentó que “aquellos municipios que se desafiliaron del IOMA no han podido mejorarle la calidad de asistencia médica a sus empleados (sino) por el contrario”.