Hace unos meses, aparecieron en el país algunas voces que alertaron sobre cierto desfasaje en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPS), base de la tasa de inflación. En momentos que el gobierno nacional festejaba la baja de los precios, un grupo de gremios comenzaron a poner en duda los datos, no porque puedan ser falseados sino porque estaban desactualizados. Incluso algunos espacios comenzaron a medir por su cuenta con otros elementos, y afirmaron que se cambiarse la base del cálculo inflacionario los números serían mucho mayores, varios puntos por encima de lo informado por el INDEC. Ante esto, un diputado nacional presentó un proyecto de resolución que reclama que se realice esta actualización, ya que los datos de la canasta actual tienen más de dos décadas.
El año pasado, la propia gestión libertaria publicó un decreto donde inicia el proceso de adecuación a los nuevos estándares, pero nunca se completó, a partir de que la inflación comenzó a rondar los 2 puntos. La dirigencia sindical insiste que “los bolsillos no mienten”, y respaldan la propuesta presentada en el Congreso, para intentar mejorar las estadísticas oficiales.
La propuesta de actualización del IPC fue presentado por los diputados nacionales del socialismo Esteban Paulón y Mónica Fien, que tomaron las inquietudes del movimiento obrero y la reclamaron al gobierno la actualización.
En la iniciativa, a la que tuvo acceso Data Gremial, los legisladores solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional, a través del INDEC, “la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reemplazando la canasta de consumos utilizada actualmente y que data del año 2004/2005, por la elaborada en base a la canasta de bienes y servicios surgida de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2017/2018”. El IPC mide la variación de precios en base a una canasta de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares, y tiene más de 20 años de existencia, por lo cual el proyecto encuentra “diversas distorsiones”.
Por un lado, dicen los argumentos del proyecto, esos consumos de bienes y servicios en 2004 y 2005 “eran muy diferentes a los actuales”, y pone como ejemplo que el índice incluye “la variación de precios mensuales de productos como televisores de tubo, la línea de teléfono fijo, compra de DVD o casetes”. Pero no incluye el costo de servicios tales como las plataformas.
Por otro lado, agregan, “las distorsiones derivadas de la ponderación (es decir el peso) que tiene cada ítem en la canasta de la que emerge el IPC”. Así, en la actual canasta los servicios públicos “pesan sólo el 2 por ciento y hoy esos gastos representan en promedio más del 17 por ciento”. Otro punto que ponderan Paulón y Fein es los consumos alimentarios, que en muchos casos están bajo “sobre representación”, como pasa con la carne vacuna. En cuanto a la importancia de la implementación de esta actualización, el proyecto establece que el IPC “es el que determina la actualización de ingresos de una parte importante de la población”. “Tanto de los trabajadores y trabajadoras asalariadas (en el marco de las negociaciones paritarias y la actualización salarial) como de los jubilados y jubiladas que mes a mes actualizan sus ingresos en base al IPC del mes anterior”, recordaron. De acuerdo al cálculo de diversas consultoras tomadas por la iniciativa, “tan sólo en 2024 la diferencia de cálculo en el IPC implicó una subestimación de al menos 16 por ciento en el índice anual de inflación enero-diciembre”.
Nueva canasta
Según remarcaron los diputados socialistas, el propio INDEC admite que la nueva canasta “ya está técnicamente lista y de hecho se han desarrollado pruebas durante un año entero”. Sólo falta “la decisión política para que se empiece a implementar”. De aprobarse el proyecto, el dato de inflación pasará a medirse con una canasta de bienes y servicios basada en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2017/2018, “mucho más cercana a la realidad cotidiana”. En octubre del año pasado, el decreto 815/2024, publicado en el Boletín Oficial esta semana, confirma la autorización para realizar diversos cambios en los índices que calcula el INDEC. La decisión del Gobierno de cambiar la metodología para calcular la variación de salarios y el IPC busca “brindar una visión más precisa de la realidad económica del país y adaptarse a los cambios que han ocurrido en la economía y la sociedad en los últimos años”. Pero nunca se implementaron estos cambios, salvo las pruebas mencionadas en la ley que está en el Congreso.
En el INDEC, los trabajadores ven con buenos ojos la actualización del IPC. Incluso desde hace tiempo piden que se haga. “vamos a pedirle a los legisladores una reunión para discutir el proyecto”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana a los empleados del organismo de estadísticas u censos. Si bien en general vienen pidiendo que se utilicen los datos de la ENGHO de 2017/2018, aclararon que buscar conversar con Paulón y Fein porque “trasciende algunos datos que supuestamente pone en cuestión que no se relevan”.
Los trabajadores del INDEC tienen como un reclamo histórico crear un sistema de estadístico nacional que sea independiente del poder político de turno, con metodologías reconocidas, que eviten las dudas que se fueron planteando, por distintas circunstancias, en los últimos años. En ese sentido, fueron un foco de resistencia a la gestión del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, apuntado por lo que pasó en el organismo en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
Reclamos
Una vez presentado el proyecto, hubo algunas reuniones para explicar los alcances de la medida. El propio Paulón confirmó que “junto a sindicatos de diversos sectores, reiteramos el reclamo: sin una medición confiable, trabajadores y jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo mes a mes”. En la cumbre estuvieron integrantes de la Mesa Sindical “El salario no es ganancia”, que fueron uno de los colectivos que pidieron un cambio en las mediciones.
A fines de febrero, emitieron un documento donde aseguraron que los índices inflacionarios están desfasados con “un retraso del 15 por ciento debido a cálculos erróneos que afectan a los salarios, jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares”, al igual que “al cómputo del injusto impuesto a las ganancias: al día de hoy se incorporaron un millón de nuevos trabajadores al pago del tributo”.
“Nos reunimos de manera informal con los legisladores para conocer detalles de la propuesta”, le dijo a Data Gremial un dirigente de este espacio, que no precisó qué se habló ni cuál fue la impresión de la cumbre. La idea es que apoye la propuesta, y no se descarta alguna acción de visibilización. Un punto crítico que destacan tanto los gremios es la desigualdad en la relación entre propietarios e inquilinos.
Este método desactualizado oculta la disminución del poder adquisitivo de los salarios, que se ha reducido 50 por ciento en los últimos años, a pesar de las negociaciones paritarias. Actualmente, el salario mínimo es de 296.832 pesos, mientras que para cubrir necesidades básicas, se estima que un trabajador debería ganar 1.900.000 de pesos mensuales a finales de 2024.