El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo cruzó al gobierno por la gestión de la Hidrovía Paraná y “la falta de transparencia y avances significativos en temas críticos vinculados al proyecto”. La iniciativa contempla transparencia en la información referida a los aspectos técnios, ambientales y socioeconómico del proyecto. El proyecto elevado por el gobierno nacional, busca entre otras cosas que el Estado ya no quede ligado a la gestión y el mantenimiento de la vía. Dicha licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y se recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025.
"Estamos profundamente preocupados por la falta de transparencia y avances significativos en temas críticos que afectan a los trabajadores y a las comunidades locales vinculadas al proyecto”, advirtió Moreno, y continuó: "La Hidrovía Paraná no solo es un eje estratégico para la economía del país, sino también para miles de familias que dependen directa e indirectamente de su actividad”, quien semanas atrás designado Primer Vicepresidente Mundial en Navegación Interior en el último congreso mundial de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF).
La extensión total de lo que está en juego son 79 puertos, 1477 kilómetros y el paso por 7 provincias (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires). "Los pliegos contemplan una fuerte modernización de la gestión de la vía fluvial, por la que circula cerca del 80% del comercio exterior argentino", señaló semanas atrás Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros.
Entre otras medidas, se busca además sumar bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques. También se renovará totalmente la señalización —generando una navegación más segura—, y se aumentarán las medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Pérdida de soberanía nacional
La principal preocupación del gremio de Centro de Patrones reside en el impacto que el proyecto pueda traer aparejado en el empleo, la sostenibilidad y la participación ciudadana.
“No podemos aceptar la ausencia de un plan claro que priorice la generación de empleo de calidad, la inclusión social y el desarrollo sostenible", expresaron. También remarcan que el gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar que este proyecto no solo sea un motor para la producción económica, sino también una herramienta para reducir desigualdades y el desarrollo sostenible.
Esta semana desde el sindicato enviaron notas a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente del Ministerio de Economía y área sustantivo responsable de la licitación, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros exigiendo información detallada sobre la Generación de Empleo; Dialogo social y participación ciudadana y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
1)El proyecto de privatización de la Hidrovía Paraguay- Paraná
Semanas atrás el Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal , según sus propias palabras clave para el comercio exterior argentino. Con un esquema de concesión privada a riesgo empresario, el proyecto promete modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad logística.
Dentro de sus medidas se destaca la exigencia de que las empresas participantes no pertenezcan a un Estado nacional, la eliminación de la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), que sumado a los elevados requisitos económicos —un patrimonio mínimo de 300 millones de dólares y una facturación anual de al menos 450 millones—, excluyen automáticamente a cualquier empresa argentina, consolidando el dominio de corporaciones extranjeras.
En 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, la concesión de la obra de la vía fluvial fue otorgada por 25 años a Hidrovía S.A., una empresa mixta integrada por Jan de Nul, de origen belga, y Emepa, de capital argentino. Esta concesión concluyó en el año 2021 y luego de un breve paso por la gestión estatal a través de la Administración General de Puertos (AGP) durante el gobierno de Alberto Fernández. Según diferentes versiones, en principio Jan de Nul se perfila como la principal candidata para quedarse con el negocio del dragado y balizamiento.
Con una duración inicial de 30 años y posibilidad de extenderse hasta 60, el pliego presentado prácticamente excluye al Estado y a las empresas nacionales y deja en manos de compañías multinacionales la autopista fluvial hecha a medida del saqueo. También entre las principales corporaciones extranjeras que están interesados suena Boskalis (Países Bajos) vinculada a Mauricio Macri, quien es lobista de la empresa y mantiene una relación cercana con la princesa Máxima Zorreguieta.
A contramano del acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y Argentina lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27566.
Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos a:
- el acceso a la información ambiental,
- la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y
- el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
También promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países. Todo esto contribuye a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Sobre el final, Moreno, retomó: "Es momento de actuar con responsabilidad y construir un futuro inclusivo y sostenible para todos. Los trabajadores no pueden esperar más".