En agosto del 2021, un video que se difundió mucho en redes sociales mostraba a una docente hablando ante sus alumnos sobre cuestiones políticas de aquellos días. La situación fue usada por La Libertad Avanza muchas veces para denunciar supuesto adoctrinamiento en las escuelas públicas, un tema usado por este y otros gobiernos para intentar limitar los contenidos en las aulas.
Ya en abril de este año, se anunció que se “castigará” a quienes caigan en estas cuestiones, aunque no se dieron más detalles. Esta semana, en medio de un decreto que prohibió la propaganda política en edificios públicos, se reglamentó la forma en que se aplicarán estos castigos. En el mismo se establece que “cualquier forma de adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo vulnera derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, la educación y la libertad de conciencia de los menores”.
También destaca el compromiso “con la educación libre y plural garantizada en el entorno educativo que respete la libertad de pensamiento y fomente el desarrollo integral de los estudiantes, sin injerencias externas”. La iniciativa fue rechazada por los gremios docentes, que creen que esta medida se usará para “perseguir” trabajadores e imponer “el pensamiento único”. El decreto también afectará a la educación universitaria, ya que se limitará la libertad de cátedra.
El decreto 1086/2024 publicado en el Boletín Oficial se difundió a partir de la prohibición de la “propaganda política” en edificios públicos, que reglamenta el retiro de bustos, estatuas y otros elementos, que se viene dando en varias dependencias por parte de la gestión libertaria. En medio de ese texto, casi desapercibido, el DNU modifica además la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de terminar con lo que consideran adoctrinamiento.
“El decreto se enmarca en los compromisos asumidos por el gobierno nacional en el Pacto de Mayo, que incluye la promoción de una educación inicial, primaria y secundaria moderna, inclusiva y libre de abandono escolar. Asimismo, se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Alfabetización, lanzado este año”, destacó el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su órbita la secretaría de Educación nacional.
El decreto define al adoctrinamiento como una práctica que “vulnera” derechos fundamentales como la “libertad”, la “educación” y la “dignidad e integridad personal” de los niños, niñas y adolescentes, y lo considera un trato que afecta su integridad personal.
Desde los gremios docentes negaron que haya adoctrinamiento en los colegios, y hablaron de “persecución ideológica” que lleva adelante este gobierno. “Ya lo denunciamos en abril cuando se habló del tema, educar no es adoctrinar”, dijeron a Data Gremial fuentes de CTERA, que desde un primer momento se plantó ante estas acusaciones de la gestión libertaria, y hoy rechaza el decreto.
Para la organización sindical, hablar de adoctrinamiento es “pensar que los alumnos no tienen pensamiento crítico”, y marcaron que el objetivo de fondo es “perseguir y estigmatizar” a los trabajadores de la educación. “No les interesa la educación pública, la desfinancian, la degradan, y ahora la persiguen”, agregaron las fuentes consultadas.
En abril, cuando se habló del tema, CTERA emitió un documento donde defendió “una educación con maestras/os que puedan emitir su opinión y que escuchen lo que piensan sus alumnos/as, que debaten, que aprenden colectivamente, que ponen a disposición el conocimiento construido socialmente para deconstruir cotidianamente sus supuestos y prejuicios”.
Tras voces críticas
Otros sectores vincularon este decreto con la “vulneración de derechos” de los alumnos. “Los docentes llevan adelante la tarea educativa con los niños y las niñas en función de los programas de estudio que son aprobados por el mismo Ministerio de Educación de la Nación”, indicó el Foro de la Niñez, que cuestionó la propuesta del oficialismo.
“Nos preocupa que quieran utilizar este decreto solamente para perseguir a los docentes e incluso para silenciar cualquier hecho histórico que no encaje dentro de su relato, y para llevar adelante esta especie de reescritura de la historia que están queriendo hacer, incluso reivindicando los peores hechos de la dictadura”, advirtió Rosario Hasperué, integrante de la entidad, que aseguró que “no existen pruebas de que los docentes estén adoctrinando de forma partidaria en las escuelas”. Además, recordaron palabras del presidente Javier Milei sobra el aborto o contra opositores políticos en actos escolares, ante alumnos.
En este contexto, la secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma llamó la atención sobre “la utilización de esta norma para perseguir a la docencia que no esté alineada con el gobierno”. “Nos llama la atención que se menciona la obligación del Estado de llevar adelante una política con una asignación de recursos privilegiada para garantizar el interés superior del niño y todos sus derechos”, cuando en paralelo “se recorta en un 90 por ciento el presupuesto destinado a la Secretaría de Niñez”, dijeron.
El sector de Biñez y Adolescencia está en manos de Juan Bautista Ordóñez, una persona que el Foro marcó que “viene del negocio de la timba financiera, de las empresas de apuestas y de la Barrick Gold, sin ninguna expertise conocida en el tema de la niñez”.
Ámbito universitario
El decreto que pretende prohibir el supuesto adoctrinamiento también tendrá efecto en la educación superior. En este caso, se trata de un límite a la apertura de cátedras paralelas, que suelen usarse para dar cursos con ideas o autores que no son utilizados por los planes de estudio. “Queda claro que la medida apunta a intimidar y regimentar la educación pública en nuestro país”, dijeron desde la Asociación Gremial Docente (AGD) que marcó que el tema es “inaplicable”.
“Repudiamos el concepto de adoctrinamiento en las aulas que se plantea desde una neutralidad que no sólo es imposible sino que es una verdadera impostura”, dijeron mediante un comunicado. Para el gobierno, criticaron, “son las ideas científicas y políticas de los otros las que manipulan las conciencias del estudiantado. Promueve las suyas –su versión del pasado e incluso de la historia más reciente– como si respondieran al orden de la naturaleza”.
La AGD ya había asegurado ante los argumentos que el gobierno utiliza “con la intención de deslegitimar a la docencia y al sistema educativo como paso simultáneo y justificativo del ajuste brutal que lleva adelante desde que asumió hace un año”.
Al mismo tiempo, “que usa la mentira del adoctrinamiento para llevar adelante el programa que la ultraderecha global reivindica para sí. Los campeones de la destrucción del Estado son los más férreos defensores del aparato estatal, no sólo a la hora de reprimir o desplegar protocolos sino también de intervenir en la vida escolar”.
Por esto, repudiaron el decreto y adelantaron que “lucharemos por su derogación ya que pretende intimidar a la docencia, tergiversar lo que ocurre en las escuelas y universidades atentando así contra todo pensamiento crítico y la ciencia”. “Comprometemos nuestra acción sindical contra cualquier intento de censura o sanción en la defensa de la libertad de opinión y el libre intercambio de ideas en todos los lugares, sobre todo en las aulas”, concluyó el gremio.