El año pasado se registró una altísima litigiosidad en las empresas argentinas, alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, un 6,8% más que en 2023, exclusivamente por Riesgos del Trabajo, lo que representa un récord. Solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en todo el país.
Juicios por provincia
En cuanto a participación, la Provincia de Buenos Aires lidera con más litigio, con un total anual de 50.584 juicios (de los cuales 3.584 corresponden a diciembre), lo que representa un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior. De todas maneras, es un dato muy obvio y esperable dado que es el distrito, por lejos, más poblado del país (38,16% del total nacional).
Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 22.946 litigios en el año. Santa Fe ocupa el tercer lugar, con 16.439 juicios (1.137 en diciembre) y un aumento explosivo del 21,5% en comparación con el año previo.
En cuarto puesto se encuentra Córdoba, con 10.424 casos anuales (650 en diciembre) y un incremento interanual del 4,2%. Finalmente, Mendoza cierra el podio de las cinco provincias con mayor litigiosidad, con un total de 9.857 juicios (661 en diciembre) y un crecimiento del 18%.
Aseguradoras apuntan a los tiempos del sistema judicial
Según el análisis de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), los números actuales, que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida resolución de controversias conforme a la ley que regula la actividad —sin costo alguno para el trabajador— se explican en gran parte por la demora en la implementación de los Cuerpos Médicos Forenses en las provincias adheridas a la Ley 27.348, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Además, se suman las altas tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales, muy por encima de los rendimientos de las inversiones, y el incumplimiento del plazo de caducidad establecido por la ley para presentar demandas judiciales tras recibir el dictamen de las Comisiones Médicas del Sistema.
“Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348 establece 15 días hábiles, lapso que rige en CABA. Estos ocho años de retraso en adaptarse a lo requerido por la ley y completar la reforma han generado un efecto boomerang, volviendo a generar una gran cantidad de demandas, casi en el mismo punto de partida", señala UART.
En este contexto, la entidad considera urgente ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral, conforme a lo que claramente establece la ley, que propone:
• Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.
• Honorarios por acto médico, y no un porcentaje de las sentencias.
• Aplicación adecuada de la tabla oficial para medir las incapacidades remanentes de un accidente laboral.