En la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei pretende que el Congreso apruebe en sesiones extraordinarias se habilita la privatización de más de 40 empresas del estado nacional, entre ellas el Banco de la Nación Argentina (BNA), junto a todas sus unidades de negocios. La idea del gobierno es un fenomenal achicamiento del gasto público, que permita según su lógica acomodar la situación macroeconómica. La decisión generó el rechazo de muchos sus trabajadores, que se declararon en estado “de alerta y movilización” para frenar esta idea, que fue recientemente confirmado por su flamante presidente, Daniel Tillard. Los argumentos de la gestión libertaria giran en cuestiones como terminar con el déficit de las cuentas públicas, que es empujado por empresas que tienen sus números en “rojo”. Esta semana, el vocero presidencial Manuel Adorni puso el ejemplo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que según sus dichos “no produce nada hace 20 años”. En este contexto, se conoció un informe externo que auditó la situación financiera del Banco Nación, y que determinó que sus cuentas tienen buenas clasificaciones según los parámetros internacionales. Estos datos coinciden con la mirada de la Asociación de Personal Jerárquico de Bancos Oficiales de la Argentina (APJBO), que rechazó la venta de la entidad por tener una solides “en materia de liquidez como de capacitación y respaldo”.
El informe interno de las cuentas y la realidad financiera del Banco Nación lo realizó Fix Scr, una calificadora de riesgo del grupo Fitch con más de 100 años de experiencia en la materia. Data Gremial accedió de forma exclusiva a los resultados de la auditoria externa realizada, donde la entidad recibió la categoría AA (arg) en materia de endeudamiento a largo plazo y con A1+ (arg) para el endeudamiento a corto plazo.
La categoría AA (arg) implica “una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país”. “El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de las emisores o emisiones mejor clasificadas dentro del país”, aclaró el trabajo. En tanto, la categoría A1+ (arg) implica “una muy buena capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros”. Cuando las categorías de la emisión o emisor son particularmente sólidas, “se agrega un signo + a la categoría”. La calificación del Banco Nación se funda “en su franquicia que lo posiciona como la primera entidad financiera del sistema y uno de los cinco bancos de carácter sistémico local, y su rol de agente financiero del gobierno”.
En los argumentos que establece Fix Scr para clasificar al banco, se sostiene que es una “franquicia dominante”, por ser “el primero del sistema financiero por posicionamiento de mercado”, con un 18,7 por ciento de los depósitos, y el 17,6 por ciento delos préstamos totales del sector privado no financiero. Entre los datos se remarcó que la entidad tiene 17.683 empleados y 790 sucursales, incluyendo 11 filiales en el exterior. “La rentabilidad se sustenta en su robusta franquicia así como su pertenencia al gobierno nacional, que le provee flexibilidad financiera y viabilidad de largo plazo ante diferentes escenarios”, destacó el informe, con datos de septiembre del 2023.
Además, se marcó que existe “una razonable calidad de activos, en función a la atomización de su cartera”. Asimismo, “contempla los riesgos políticos a los que está expuesto el banco como entidad pública, su extensa estructura administrativa y el deterioro de alguno de los indicadores en años previos, entre los que se destaca la mayor irregularidad de la cartera de financiadores”.
Rechazo a la venta
En los primeros días de gestión de Milei, el tema de la privatización del Banco Nación comenzó a circular con fuerza, por lo que la APJBO se declaró en estado de “alerta y movilización”. Lo hizo por la decisión del gobierno de modificar la ley 21.799 para adecuar esa entidad y otras del estado nacional “a una nueva configuración societaria, esto es una Sociedad Anónima”, seguramente para el ingreso de capitales privados. “A mí me llama la atención que no se avance con empresas que ya están privatizadas, como el Banco Hipotecario, que el Estado tiene una parte de las acciones importante, pero no se desprende de ellas”, le dijo a Data Gremial en una reciente entrevista el titular de la APJBO, Arturo Quiñoa.
En la misma entrevista, el dirigente sindical recalcó que sobre las privatizaciones en general “considero que si es una empresa estratégica no debe venderse, dé ganancias o dé pérdida. Ahora, el desafío de un gobierno que quiere ser eficiente es hacer que las empresas estatales que son deficitarias comiencen a ser superavitarias, porque así no sólo se combate el déficit, sino que además se consiguen fondos nuevos”. En este sentido, Quiñoa recordó que “los dos mayores contribuyentes del país son YPF y el Banco Nación, si dejan de serlo estoy bajando la caja de los años próximos. Si esos fondos lo querés cubrir con impuestos es un error, porque está la doble imposición, entonces muchas de esas empresas ni siquiera pagan eso”.
Insistencia
Pese a estos datos, en el gobierno insisten con la idea de privatizar el Banco Nación. En declaraciones periodísticas, Tillard destacó que los motivos que llevan a esta medida “figura la gestión de los últimos años, con un Banco Nación que no ha priorizado su objeto social de canalizar los depósitos y transformarlos en préstamos a favor de las pymes y las familias argentinas”. Además, dijo que “en el banco se evidencian deficiencias en las prácticas de crédito, al mismo tiempo que se han registrado indicadores de mora muy negativos, con reducción de las financiaciones y del nivel de liquidez”. “El reordenamiento económico de la Argentina generará un cambio sustancial del negocio bancario. El desempeño del Banco Nación deberá basarse en el aumento de los préstamos a favor de las pymes y las familias y en optimizar su funcionamiento”, cerró el flamante funcionario.
Pero el informe de Fix Scr sostuvo que la entidad tiene “adecuada liquidez”. “Los activos de alta liquidez representan a septiembre del 2023 el 48 por ciento de los depósitos, nivel que se evalúa adecuado dada la histórica capacidad del banco de acceso a la liquidez ante diferentes escenarios”, sostuvo la consultora. Además, se confirmó una “mejora en su capitalización”, algo que se estima se mantendrá con el tiempo. Ante esta contradicción, el gremio de los jerárquicos seguirá reclamando que se evite la privatización. “Estaremos en defensa de los más de 17 mil empleados que integran nuestro BNA y seguiremos bregando para mantenerlo fuera de estos avances privatizadores como ya lo hicimos en la década de 1990”, concluyó la APJBO en su documento.