A mediados de marzo de este año, médicos y profesionales de la salud de la localidad de Chivilcoy realzaron una asamblea, convocada por la seccional local del gremio CICOP. En el encuentro se discutía la posibilidad de tomar medidas de fuerza para reclamar mejoras laborales en el sistema de salud público, y se vio interrumpida cuando se detectó la presencia de policías de civil, que tomaron fotos de los participantes. El hecho generó el repudio de diversos sectores sindicales, y fue parte de un documento elaborado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que se presentó ante las autoridades bonaerenses, y demuestra como la fuerza hizo “inteligencia ilegal” contra organizaciones gremiales y sociales.
Las pruebas que fueron recolectadas por la entidad de derechos humanos fueron entregadas al ministro de Seguridad Sergio Berni, a quien le piden explicaciones. Desde la conducción provincial de CICOP repudiaron las tareas de espionaje.
La denuncia, que fue respaldada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, afirmó que “la Policía Bonaerense realiza acciones de espionaje e inteligencia ilegal sobre asambleas, encuentros o movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos”. Los casos presentados por la CPM son variados, y además de lo sucedido en marzo de este año en la asamblea de CICOP, se documentaron tareas de espionaje en Balcarce por del Día de la Memoria, en la “Caravana de la memoria” convocada por la Mesa de la Memoria de La Matanza, entre otras.
En todos los casos, explicó el documento al que tuvo acceso Data Gremial, “la actuación de la Policía de la provincia de Buenos Aires es similar: sin orden judicial ni razón que lo amerite, las y los efectivos toman fotografías o registro audiovisual de las personas que participan de las actividades”. “Para el desarrollo de estas tareas, llegaron a participar autos y policías de civil, y se emplearon drones. En algunos casos, las mismas autoridades policiales reconocieron expresamente el accionar, manifestando que así lo hacen en cumplimiento de órdenes emanadas de su superioridad”, agregó la denuncia presentada ante las autoridades provinciales.
Las conductas denunciadas por las entidades de derechos humanos “contravienen las facultades policiales regladas en la ley 13.982 e importan una injustificada invasión al ámbito de privacidad de todas y todos quienes concurren a aquellos encuentros públicos, que busca hostigar y amedrentar a las personas que participan de estas actividades y se organizan para la defensa de sus derechos”.
Asimismo, agregaron, estos hechos implican “la realización de tareas de inteligencia ilegal, ya que la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
El caso CICOP
El ejemplo de lo sucedido en Chivilcoy en la asamblea de CICOP ya había sido denunciado por la propia conducción del gremio, en una conferencia de prensa realizada a los pocos días del espionaje realizado por la policía.
“Estamos muy preocupados por esta situación de espionaje que nos trasmitieron en su momento los compañeros de Chivilcoy, sobre una asamblea realizada por el sindicato”, recordó el secretario general de CICOP Guillermo Pacagnini. Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente subrayó que las actividades realizadas por la policía “violan absolutamente la autonomía del sindicato, ya que hacían inteligencia sobre la actividad que se llevaba adelante, una barbaridad”.
Cuando se denunció el hecho, la dirigencia de CICOP se presentó en la comisaria de esa localidad, donde le plantearon al titular “la ilegalidad del accionar policial” y le exigieron la destrucción del archivo fotográfico obtenido. “En su momento cursamos un reclamo muy fuerte a Berni, que es el responsable de estas actividades ilegales, y a la legislatura, para que cumpla la Ley de Inteligencia”, resaltó Pacagnini.
En ese contexto, desde CICOP insistieron que “este accionar viola las libertades sindicales y de reclamo más elementales, por eso estamos en estado de alerta y movilización porque es un caso de extrema gravedad”.
“Nuestro caso es parte de las denuncias recogidas por la comisión, que involucran a la Policía Bonaerense, y es parte de la creciente criminalización de la protesta social que se está dando en distintos puntos del país”, analizó Pacagnini, que nombró como ejemplos lo que sucede en el norte del país, donde tanto Salta como Jujuy están tratando de aprobar normas que restringen el derecho a protestas.
“A casi 40 años de democracia ininterrumpida, estos acontecimientos merecen ser denunciados formalmente y visibilizados públicamente para que no vuelvan a ocurrir”, recalcaron desde el gremio médico.
Gestapo sindical
En tanto, una vez documentados estos casos, la CPM no sólo realizó la denuncia ante el ministro Berni, que además se remitieron notas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso nacional, las presidencias de las cámaras de diputados y senadores de la legislatura provincial, sus comisiones de Derechos Humanos y al Ministro de Justicia provincial Julio Alak. Entre los reclamos, se recordó que la ley 12.068 crear una comisión legislativa que regule estas actividades de inteligencia, que hoy se encuentra inactiva.
En los últimos años, diversas investigaciones judiciales en el fuero federal han evidenciado “un sistema de vigilancia ilegal, que tuvo su epicentro en la provincia de Buenos Aires y como principal objetivo reunir información político-ideológica”.
A modo de ejemplo, se nombran “las prácticas de espionaje denunciadas ahora guardan similitud con las acciones de inteligencia que fueran acreditadas en la denominada causa ‘Bases AMBA’, donde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) incorporó a su staff en el periodo de gobierno anterior, a personal de la policía provincial para realizar tareas de inteligencia sobre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales e incluso familiares de víctimas de violencia policial”.
“La vigilancia y el seguimiento por parte de efectivos de civil o uniformados de la Policía de la provincia de Buenos Aires sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos y de familiares de violencia estatal o institucional, se producen de manera permanente y recurrente, significan una verdadera violación de la normativa vigente, a obligaciones internacionales del Estado argentino y a los más fundamentales derechos y garantías que debe garantizar el estado democrático”, concluyó la CPM y la APH.