Como había anticipado el vocero presidencial en redes sociales, este lunes se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de varios capítulos de la Ley Bases, lo que formaliza la puesta en plena vigencia de las distintas modificaciones que trae el principal proyecto del gobierno de Javier Milei, aprobado luego de trabajosas negociaciones en el Congreso. En medio de la polémica por varias de estas iniciativas, como la vuelta del impuesto a las Ganancias, el oficialismo difundió el decreto firmado por el jefe de Estado, el jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. En este caso, la medida se centra en el empleo público, regulando tanto las nuevas normas para la incorporación de personal como las condiciones de contratación, permanencia y eventual despido. Esto genero alarma entre los gremios estatales, que analizan los alcances del decreto, y aseguran que su alcance traerá consecuencias “en la capacidad del Estado” para cumplir sus funciones. Además de poner en duda los puestos laborales, incluyendo a quienes están en planta permanente, la iniciativa permite fusiones y cierre de oficinas, lo que hará que se incrementen los despidos de trabajadores.
El decreto 695/2024 se centran en la implementación de un “nuevo sistema de ingreso y la reestructuración y reubicación del personal estatal”. El decreto fue publicado durante la madrugada de ayer lunes en el Boletín Oficial y reglamenta el Título II de la normativa vigente. En su parte final, el anexo del decreto incorpora el capítulo IV que denomina “Empleo Público”, en el cual, a través de 15 artículos, introduce diversas modificaciones en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Entre los cambios más importante genera un examen de ingreso para nuevos empleados, denominado “Evaluación general”, que establecerá “los conocimientos y competencias para la acreditación de la idoneidad de los postulantes”. Para Raúl Llaneza, delegado de ATE en el INDEC, este mecanismo “no genera transparencia en el ingreso”. “La única forma de ingresar al Estado nacional es a través del concurso, que se genera cuando un organismo, entidad o institución detecta la falta de personal, y determina las características del perfil del candidato a cubrirse. Ahí tenés un filtro, una cuestión que desmiente lo que dice el gobierno que entra cualquier al Estado”, explicó el dirigente, en diálogo con Data Gremial. Para el dirigente, “sumarle un examen de ingreso no beneficia, es para quedar bien con el electorado del oficialismo, trata de decirle a la opinión pública que están tratando de achicar el Estado, cuando en definitiva el problema de déficit y la economía es otro, vinculado a la macroeconomía”.
Otro de los temas que se incorpora en la reglamentación de la Ley Bases es la disponibilidad de los empleados estatales, ya sea de oficinas que se cierran, se fusionan o se achican. Se trata del régimen de disponibilidad “aplicable al personal alcanzado por el régimen de estabilidad y afectado por medidas de reestructuración o de reducción de dotación óptima necesaria”. Sobre esta cuestión, Llaneza lo consideró de “una extrema gravedad”, ya que habilitaría “a través de organismos que se fusionan, achiquen o desaparezcan esos trabajadores se pierdan, cuando el Estado invirtió tiempo y recursos en formarlos”. “Es injustificado, incluso sin poner en duda el país que ellos quieren, poniendo en disponibilidad a los trabajadores que supuestamente no se capacitan no están cuidando el erario público, es algo grave que terminará en la reducción de los servicios que el Estado debe garantizar”, agregó el delegado de la junta interna del INDEC.
Menos Estado
Desde ATE-INDEC aclararon que como en otras dependencias “estamos interpretando el decreto, analizándolo en términos de su alcance real, entendemos que lo mismo hace la dirigencia nacional del gremio”. Es que los dirigentes coinciden que “el mercado no garantiza que todos los ciudadanos tengan oportunidades”, como aseguran los libertarios. Además, la reglamentación puede potenciar la pérdida de puestos de trabajo, porque las dependencias van dejando de cumplir varias de sus funciones. Ese es el temor que hay en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que está en un proceso de transformación en el marco de las nuevas políticas aerocomerciales que impulsa el gobierno nacional. Así lo alertaron desde ATE en el organismo, que comenzaron a realizar asambleas y plenarios para analizar el impacto de la normativa.
“Lo que vemos en caso de ponerse en práctica algunas políticas que están mencionando los nuevos funcionarios de la ANAC es que dejaría muchos compañeros sin trabajo, es un riesgo que estamos transitando”, le dijo a Data Gremial el coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli. El dirigente marcó que “creemos que la ANAC se fortalezca, para garantizar las condiciones de seguridad operacionales, que fue algo que se cuestionó, pero esta Ley Bases si se aplica sobre los organismos tendrá un efecto negativo, no sólo en la pérdida de puestos de trabajo, sino en el caso dela ANAC en la reducción de su capacidad operacional”. Por eso, Belleli sostuvo que “si la normativa se pone en marcha no sólo se pondrán en riesgo las posibilidades de garantizar la seguridad sino además no se podrán ampliar las capacidades aerocomerciales del país, que este gobierno viene planteando”. “Es correcto que se reformule la ANAC, que se fortalezcan y recapaciten sus funciones, pero siempre con los trabajadores adentro, apostar a los puestos de trabajo es un riesgo”, insistió.
Fusiones
Por último, el decreto que reglamenta parte de la Ley Bases autoriza “la fusión, reorganización, modificación y eliminación de organismos descentralizados”. Esta medida también introduce “un mecanismo de prescindibilidad para empleados que no puedan ser reubicados, lo que permitirá su desvinculación con una indemnización”. En entrevistas previas, Sturzenegger explicó que los empleados afectados por la reestructuración recibirán “capacitación y tendrán la oportunidad de buscar empleo en el sector privado. Las empresas que contraten a estos trabajadores podrán deducir los sueldos pagados por el Estado, facilitando una rápida reinserción laboral”.
La Ley Bases, aprobada el 28 de junio, otorga al Gobierno la facultad de modificar, eliminar, reorganizar, fusionar e incluso transferir a las provincias el manejo de organismos descentralizados. Sin embargo, estas facultades no se aplicarán a universidades nacionales, órganos del poder judicial o legislativo, y varios organismos específicos como el CONICET, ANMAT, ENACOM, INCAA, CONEAU, INCUCAI, INTA, CENARD, SENASA y el Banco de Datos Genéticos. La iniciativa permite que el personal de los organismos eliminados o reestructurados “sea reubicado o, en su defecto, se aplique la ley de prescindibilidad. Esta ley establece que los empleados en situación de disponibilidad recibirán su sueldo durante un año y, si no consiguen una nueva relación laboral, serán desvinculados de la Administración Pública nacional con una indemnización correspondiente”.