Desde que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires, las distintas gestiones eligieron a la dirigencia sindical como uno de sus enemigos. En estos años, hubo tensión con los gremios combativos, en especial los públicos, y hubo cierta tendencia a buscar quitarlos de sus lugares de trabajo. Esta actitud se potenció desde que asumió Jorge Macri la jefatura de Gobierno, al punto que en poco más de seis meses estuvo envuelto en varias polémicas respecto de la actividad gremial. En las últimas semanas, se intentó quitarle los fueros a varios referentes, como comenzó a circular hace unos días en el sector salud, donde se comenzó una ofensiva contra Héctor Ortiz, referente histórico de la Agrupación ATE Hospitales. Luego de que realizara una serie de denuncias sobre el sistema sanitario porteño, la gestión macrista volvió a pedir el desafuero del dirigente, paso previo al despido. No es la primera vez que se intenta sacar del medio a este enfermero con más de 30 años de trayectoria en el Hospital Durand. Hace unos años la gestión de Horacio Rodríguez Larreta lo despidió desconociendo sus fueron, pero la justicia lo restituyó.
En medio de una serie de denuncias que realizó el propio Ortiz, la agrupación ATE Hospitales denunció el nuevo intento de sacar al referente de su cargo. “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) encabezado por Jorge Macri avanza con la persecución a los representantes sindicales. Histórico delegado del Hospital Durand y el Elizalde Héctor Ortiz recibió un nuevo ataque del GCBA, dónde solicitan la exclusión de tutela para aplicarle una sanción y despido”, rechazó la entidad mediante redes sociales. El nuevo pedido de desafuero se suma a la situación de Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez, quien además es un dirigente sindical histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Muñiz es referente de la agrupación Recuperación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la FESPROSA, y según la entidad “ha recibido una comunicación de la Procuración de la Ciudad en la cual se solicita su desafuero para ser sancionado por defender a sus compañeros de hospital y a todos los trabajadores durante la pandemia”. En ambos casos, ATE repudió la medida.
“La persecución no se detiene”, le dijo a Data Gremial Ortiz luego de recibir la notificación de su pedido de desafuero, que casualmente fue luego de una nueva advertencia sobre el desfinanciamiento y abandono de los hospitales por parte de la gestión de Jorge Macri. “Esta es una práctica del gobierno, aquel que levanta la voz denunciando los graves problemas que hay en los hospitales es perseguido, no sólo se trata de mí, hay muchos trabajadores y médicos en esta situación”, afirmó el referente sindical. En su caso particular, explicó que buscan quitarles los fueron “para aplicarme 30 días de suspensión, y luego de eso la cesantía”. “En vez de preocuparse de lo que pasa en los hospitales e ocupan de perseguir a quienes tratamos de colaborar en mejorar el sistema y que ellos trabajen para tener hospitales medianamente funcionando”, se quejó Ortiz. Tanto en este caso como el de Muñiz se venían realizando denuncias por las malas condiciones de trabajo y la falta de insumos. Ortiz volvió a insistir en estos días por el faltante de personal de enfermería. A los dos referentes se les abrió un sumario para tratar de sancionarlos.
Peligroso antecedente
Los casos de Ortiz y Muñiz son los últimos y más notables, ya que en ambos casos se estaban haciendo visibles las falencias del sistema de salud porteño. No es la primera vez que al referente de ATE Hospitales lo quieren despedir, ya que la anterior gestión incluso le envió el despido, pero la justicia falló en contra de la gestión. En tiempos de Rodríguez Larreta Ortiz fue desaforado y cesanteado a través de la resolución 4184/21. Como paso con otros casos, no fue notificado y se enteró por las redes sociales. “Ortiz fue despedido por haber denunciado irregularidades durante la pandemia de coronavirus y por haber señalado las fallas del sistema sanitario en la ciudad, con las graves consecuencias que ello tuvo para la población”, señalaron desde ATE en su momento.
Luego, la justicia reconoció sus fueron sindicales, y lo reinstaló su lugar de trabajo. Tiempo después, siguió la persecución, y recibió amenazas en el propio hospital. “Se viene el Falcón verde”, dejaron escrito en un papel. Ortiz vinculó estas actitudes del gobierno y las amenazas a sus constantes denuncias, que se intensificaron en la pandemia, cuando faltó material de protección, lo que hizo que muchos trabajadores murieran. “El avance del vaciamiento del Instituto de Rehabilitación Psicofísica en el barrio de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera cierres de servicios esenciales para la rehabilitación de pacientes con discapacidades motoras en la ciudad más rica de país”, recalcó en uno de sus últimos posteos.
Otros casos
En poco más de seis meses, la gestión de Jorge Macri intensificó la persecución de la dirigencia sindical, bajo el mismo modelo: Buscar una sanción por su accionar, para tratar de quitarle su inmunidad sindical y luego su trabajo. En este tiempo de gestión avanzó contra los metrodelegados, por ejemplo, con el intento de quitarle la protección sindical a Claudio Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial del Subte y Premetro, y otros dirigentes. Según se supo, hay 21 pedidos de desafuero más sobre delegados y miembros de la comisión directiva que van acompañados de expedientes por despido contra los representantes gremiales. Como en el caso de Muñiz, los pedidos comenzaron en gestiones anteriores, pero Jorge Macri no solo que no revisa esta situación, sino que además la potencia, y busca acelerar los tiempos judiciales. Por esta situación la semana pasada se realizaron paros rotativos en distintas líneas.
Esta situación de persecución se consolidó reflotando un sumario que ya tiene hace varios años. Otros casos similares en los que el Gobierno de la Ciudad pasa por encima de la protección gremial y solicita el desafuero para sancionarlos fueron los que sufrieron los referentes Dellecarbonara y el dirigente de Ademys, Jorge Adaro, junto a otros trabajadores de salud. El mismo se inició en septiembre del 2022 por encabezar una protesta en un colegio porteño. Ante la visita del funcionario del Ministerio de Educación Fabián Capponi, Adaro y los docentes pusieron carteles recordando los trabajadores de la salud muertos por Covid-19, en medio de la discusión por la apertura de las aulas sin las mejores condiciones epidemiológicas.
Además, la legislatura porteña aprobó una herramienta que le permite a la justicia arremeter contra la dirigencia sindical y social: la figura de “reiterancia delictiva”. La misma se incorporará así al listado de antecedentes con que un juez cuenta para el dictado de prisiones preventivas ante "peligros de fuga". De esta manera, el juez en cuestión tendrá la potestad de determinar una preventiva si una persona es detenida y tiene “múltiples procesos penales” en instancia de requerimiento de elevación a juicio, siempre que se trate de delitos dolosos.