El último dato de desocupación, difundido hace unos días para el primer trimestre del año, generó alarma. La suba de las personas sin empleo en el país, que en algunas regiones como el conurbano bonaerense se acerca peligrosamente a dos dígitos, es el resultado de un importante deterioro de la situación económica y social, que si bien comenzó mucho antes de que asuma el gobierno de Javier Milei, sus políticas no hicieron más que potenciar y acelerar. Así, en un escenario de recesión, los problemas de ingresos se profundizaron, y amenazan con volverse un verdadero “polvorín social”. por eso, distintos sectores desempolvaron un viejo proyecto que tienen hace décadas, que genera discusión entre los especialistas: Crear un Ingreso Básico Universal. La idea de dar un “salario universal” a todo mayor de 18 años sin ingresos formales es una propuesta que nació en los 90 en el seno de la naciente CTA, que le reclamaba al entonces gobierno nacional que instrumente ese beneficio ante un desempleo descontrolado. Ahora, vuelve a la palestra para frenar la caída del consumo de la población, sobre todo en artículos esenciales como alimentos. El pedido se fundamentó en un trabajo del Instituto de Pensamiento y políticas Públicas (IPyPP), que hizo el cálculo impositivo necesario para dar ese ingreso, y afirmó que es posible si se afectan algunos intereses. La propuesta ya había sido realizada en pandemia, cuando muchos trabajadores informales se quedaron sin ingresos por el aislamiento y la cuarentena.
La idea de crear un ingreso universal volvió a la agenda de distintos sectores gremiales y sociales en medio del escenario de crisis que se vive desde que asumió la gestión libertaria. El denominado Ingreso Básico Universal consiste en “un programa de transferencia de ingresos de carácter incondicional (sin contraprestación alguna) que tiene como pretensión alcanzar la universalidad de la población en edades centrales aunque en este contexto de emergencia se busca iniciar la primera etapa priorizando la cobertura de la mitad de la población más desfavorecida”, definió el IPyPP. El ingreso transferido “es mensual, individual, sin tope de cantidades por hogar y es equivalente al valor de la canasta básica alimentaria por adulto equivalente (relevado por el INDEC)”. Sobre la base de la información disponible hasta la fecha, recalcó el reporte difundido en estos días, “se estima que la población en edades centrales que no tiene garantizado un ingreso por vías formales o institucionalizadas por el Estado es de 13.500.000 de personas”. “Asignar un ingreso mensual incondicional equivalente a la canasta de alimentos da como resultado un costo fiscal anual bruto de 9,5 billones de pesos pero que desciende a cerca de 11 billones de pesos al considerar el autofinanciamiento propio de una medida destinada a financiar consumo”, insistió.
La propuesta choca de lleno con el ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno, con el argumento de lograr terminar con el déficit en las cuentas públicas. Por eso el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial, explica cómo financiar esta medida, que se mencionó por primera vez en los 90, en el marco del el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO). “La combinación de un impuesto a los grandes patrimonios junto con la aplicación de una alícuota de Ganancias Presunta a Sociedades en función del volumen de negocios, permitiría que el Tesoro Nacional disponga entre 9,2 y 13 billones de pesos”, resaltó el informe, elaborado por economistas del IPyPP, encabezados por Claudio Lozano. Las “sobre-alícuotas”, como las denomina la entidad Oxfam que promueve este tipo de mecanismos para garantizar mejoras en los ingresos de los Estados, permitirían cobrarles a grandes contribuyentes nuevos recursos, para tener los fondos necesarios para este u otros beneficios. Según el cálculo de Lozano, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y con un patrimonio total de 6,300 millones de dólares, se estima que “abonaría una ‘sobre-alícuota’ de 270 millones de dólares”. Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, debería asumir “el pago de 240 millones de dólares”, y Pérez Companc (Molinos Río de la Plata) “167 millones de dólares”.
Antecedentes
En pandemia, el salario universal apareció como una posibilidad, y la CTA Autónoma y un grupo de gremios lo motorizaron ante el gobierno de Alberto Fernández. Pero nunca pudo lograr los consensos básicos, y quedó enfrascada en la interna política. En ese momento, como novedad, fue que una entidad de la CGT, vinculada a la producción, decidió apoyar la propuesta, algo que no ocurrió hasta ese momento. Se trata de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), espacio liderado por el titular de SMATA Ricardo Pignanelli, que hoy condiciona ese apoyo. “Habría que ver si es el mejor elemento, es difícil porque el gobierno solo piensa en ajuste”, le dijo a Data gremial una fuente del sector. Una alternativa que se maneja, agregó, es “la universalización de las asignaciones familiares”.
Pese a estar separada de la fracción Autónoma, la CTA de los Trabajadores respalda la idea de un salario universal, y podría apoyar esta iniciativa. “Estamos a favor del proyecto para garantizar un piso de ingresos y todo aquel que sea parte de una política redistributiva que tenga que ver con el salario”, le dijo a Data Gremial una fuente de la central que lidera Hugo Yasky. “Nosotros estamos a favor de todo tipo de medida que tengan un anclaje en políticas estatales proactivas, así como fue la Asignación Universal por Hijo o las medidas que fueron surgiendo, tanto de asistencia como formación”, insistió la fuente consultada.
Ayuda de emergencia
En tanto, el IPyPP sostuvo que además del salario universal hay otras medidas que permiten sacar a miles de argentinos de su situación de crisis de ingresos. “El vaciamiento de los instrumentos de la política salarial y previsional como canales de distribución del ingreso obligan a plantear complementos transitorios para estos conceptos hasta tanto recuperen su función distributiva”, justificó la entidad vinculada a la CTA Autónoma. De esta manera, si se asigna un Ingreso Básico Universal –que sería un complemento de ingresos equivalente a la CBA- para los trabajadores que ocupan los tramos de menores salarios del sector privado y público “se alcanza un costo bruto de 1,5 billones de pesos”.
Adicionalmente, “complementar los montos de haberes previsionales por debajo del haber mínimo junto con las pensiones no contributivas y la PUAM de casi 5 millones de personas implica 7 billones de pesos de costo adicional”. En total, “ambas iniciativas destinadas a mejorar la situación de 5,8 millones de personal insumirían un total de 8,5 billones de pesos que descienda a 4,7 billones pesos considerando el autofinanciamiento”. En términos del producto equivale al 0,7 por ciento del PBI.
Estas medidas van en línea con otras propuestas que se hicieron durante la pandemia fundamentalmente, que instalaron la idea de crear estos instrumentos. En uno de estos reportes del 2022, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) analizó el impacto económico de la crisis del coronavirus, y calificó la situación de ingresos como “la peor del último siglo”. Para paliar eso propuso cuestiones como “un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), Bono Contra el Hambre y protección al sector productivo”. Ese ingreso básico costaría 2 por ciento del PBI regional, y el bono un 0,2 por ciento.