Después de semanas de discusiones, cruces y polémica, se acabó el tiempo de las palabras. Desde el mediodía de hoy miércoles, la CGT y las dos CTA iniciarán su plan de lucha de 36 horas, que incluirá el tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. desde que se anunció la protesta, fue subiendo la temperatura, y la dirigencia aumentó el tono de las críticas, incluyendo aquellos que eran más dialoguistas. Pero la constante represión que sufren los jubilados cada marcha, y la estrategia de parar las paritarias bajo el techo oficial terminó de generar las condiciones para la nueva jornada de lucha. Incluso el mal momento político de la gestión libertaria –jaqueada por los vaivenes del acuerdo con el FMI, la crisis de los aranceles y los traspiés legislativos por los jueces de la Corte Suprema y otras propuestas –envalentonó a muchos sectores a sumarse al paro, que se adelanta masivo. Antes, una nueva movilización al Congreso junto a los jubilados pondrá a prueba el clima social, en especial por la disputa que hay por quién manejará el operativo de seguridad, que cada miércoles termina en represión.
“Estamos frente a un gobierno que muestra insensibilidad frente a los problemas de la gente”, expresó en un duro documento la conducción de la CGT, que alerta sobre el manejo de la seguridad en las inmediaciones del edificio del Congreso.
La dirigencia cegetista decidió levantar la temperatura en la previa del inicio del paro de 36 horas, ante la intransigencia del gobierno ante la protesta. “Hubo diálogo, pero nunca una negociación”, le dijo a Data Gremial un dirigente consultado sobre cómo fueron los días previos a la protesta.
Lejos de bajar el tono, la central obrera difundió un documento donde afirmó que “lo advertimos a tiempo y la realidad lo confirmó: el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”. “El ansiado equilibrio fiscal -obtenido a través del desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y del abandono de la obra pública- multiplicó el desequilibrio social”, recalcó la CGT, que sostuvo que esto generó “una visión sesgada de la realidad, mercantilista, monetarista y financiera, acrecienta día a día la deuda social, a la par que debilita el federalismo desfinanciando a las provincias, deteriorando las economías regionales y agudizando el centralismo”.
Todo esto, insistió, “mientras degrada la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional”.
El documento llamó “a todos los sectores” a sumarse a las actividades de este día y medio, ante la falta de respuesta del presidente Milei. en este punto, acusó al gobierno “actos de represión salvaje e injustificada, viola permanentemente los acuerdos institucionales, desfinancia la educación y la salud, abandona la obra pública, manifiesta desprecio por las minorías, ajusta a los jubilados e impone límites a la negociación colectiva”. “Fuimos ejemplo en América de integración y movilidad social ascendente. Forjamos un sólido entramado colectivo que garantizó, en nuestro país, un desarrollo humano que fue modelo en la región. Hoy, somos ejemplo burdo de un fanatismo individualista y de una idea de libertad vacía, donde impera el sálvese quien pueda”, analizó la central obrera. por eso, reclamaron “paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, la actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social”.
También se pidió “un incremento del presupuesto en educación y salud, un programa de desarrollo de la industria nacional que fortalezca al sector pyme, poner fin a los despidos tanto en el sector público como en el privado y un plan nacional de empleo”, se repudió la privatización del Banco Nación y el cierre de sus sucursales, de Aerolíneas Argentinas y de todos las empresas y organismos públicos que La Libertad Avanza quiere cerrar.
Por eso, pidieron “una política exterior convergente con los intereses nacionales, la defensa irrestricta del territorio y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.
Polémica por el operativo
Otro punto caliente de la previa es quién realizará el operativo de seguridad en la marcha al Congreso, que protagonizarán los gremios y las organizaciones de jubilados. La novedad en este caso que el juez porteño Roberto Gallardo dispuso estén a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
La CGT y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) pidieron esto ante la “avanzada represiva” que generan las acciones que encabezan la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Además, el juez remarcó que CABA no adhirió al protocolo “anti piquete”, por lo cual no se puede poner en marcha. Gallardo, titular del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de CABA, aseguró que “no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de las personas que asistan a la marcha”.
Al conocer el fallo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires contra el juez Roberto Gallardo.
En su denuncia, el Gobierno acusó al titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. Bullrich solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirmó en la presentación, "vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas". “El ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional”, indica la denuncia.
Aval a la conducción
En la previa al inicio de la jornada de 36 horas de protesta, los dirigentes de la CGT realizaron una conferencia de prensa, donde ratificaron el malestar que existe en los gremios por la situación actual, que fue sintetizada por Héctor Daer con una frase: “Precios libres y paritarias pisadas”. Junto a Carlos Acuña y Oscar Argüello, el dirigente de la Sanidad sostuvo que la medida de fuerza “fue avalada por los 50 gremios que conforman el Consejo Directivo de la CGT”.
Este punto es clave, ya que en Azopardo por lo bajo recuerdan que este año hay que renovar la conducción cegetista, y hay idea de renovar algunas caras, pero mantener el equilibrio que genera el triunvirato. Cuando se constituyó en 2016, se pensó en un referente de cada espacio en el que se había fracturado años atrás. La fórmula, dicen, se repetiría.
El apoyo además se podrá ver en la calle, cuando el movimiento obrero vuelva a movilizarse al Congreso, para apoyar el reclamo de los jubilados. La movilización que se prevé imponente, contará además con la participación de las dos CTA y un sinnúmero de organizaciones sociales, como la UTEP, políticas y de derechos humanos que acompañan el reclamo de los adultos mayores.
La concentración se convirtió en la primera parte de una jornada de lucha que durará 36 horas y que incluye el paro nacional de las centrales sindicales del jueves 10 de abril.