En los próximos días, se vence la conciliación obligatoria entre el gremio de los colectiveros y las empresas del sector, conflicto que se arrastra desde hace meses, y que fue muy nombrado porque fue la excusa usada por la entidad que lidera Roberto Fernández para no sumarse al paro general de la CGT. La discusión se centra en la falta de consenso para mejorar los salarios, y se cruza con los pedidos de las entidades patronales de mayores recursos para sostener la actividad y el valor del boleto. En medio de la puja, sectores internos plantean medidas autónomas a lo que defina la dirigencia de la UTA, lo que agrega un condimento al planteo.
Es que la caída de los salarios registrados se potencia por el rebrote inflacionario, producto de la devaluación del dólar que se dio en el marco del fin del cepo anunciado por la gestión libertaria. esto se cruza con la intención de la secretaría de Trabajo de no homologar los acuerdos por fuera del techo oficial, que ronda el 1-2 por ciento mensual, que tiene como consecuencia inevitable “la caída del salario real”. El panorama se complica por las proyecciones que se hacen del comportamiento de la inflación, que hace pensar que en los próximos meses habrá un “agravamiento de la situación” de los empleados “en blanco”, lo que repercute en todo el mercado laboral.
El trabajo del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma analizó los datos disponibles en materia de ingresos y discusión paritaria, y los combinó con el aumento de la inflación, que este año salió de su tendencia a la baja, con una muy preocupante tasa del 3,7 por ciento confirmada por el INDEC para marzo de este año. “La dinámica de la negociación salarial en los primeros meses de 2025 tuvo un cambio sustancial en comparación con el 2024”, dijo el informe, al que tuvo acceso Data Gremial.
Ya en diciembre el gobierno nacional había comenzado a “dejar trascender que no homologaría aumentos que estuvieran por encima de una pauta no escrita, pero que estaría en línea con un escenario de caída de la inflación que, al menos en el plano discursivo, era defendido por las autoridades oficiales”. La intención oficial apuntaba, según IEF, “a en el mejor de los casos, congelar el salario real en los niveles de fines de 2024”. Para el sector privado registrado ello hubiera implicado “en promedio volver a los niveles de noviembre de 2023, mientras que para el sector público se trataba de establecer una nueva normalidad salarial aceptando un recorte en torno al 15 por ciento en términos reales”.
Considerando un período más extenso, subrayó el reporte, “el nuevo equilibrio salarial hubiera implicado, de ser exitosa esta política oficial, una caída salarial del 20 por ciento en el sector privado y del 35 por ciento en el sector público en comparación con finales de 2017”. Para colmo, la situación “seguramente se agravará en abril”. “Difícilmente la inflación de este mes se ubique por debajo de la de marzo, mientras que son muchas las actividades que tienen aumentos ya pactados inferiores al 2 por ciento (alimentación, carga y descarga, entidades civiles y deportivas, SINEP, gastronómicos, camioneros, textiles, sanidad, entre otros)”. En otras palabras, “a menos que se produzca una reapertura generalizada de las paritarias, no solo aquellas que deberían negociar sus salarios para el mes de abril sino también de las que ya pactaron acuerdos que incluyen este mes, el escenario más factible es un nuevo retroceso de los salarios de convenio en términos reales”.
Techo salarial
Ya en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei respecto de la negociación salarial el Ministerio de Economía impuso este techo salarial para evitar que se traslade a inflación. Ahora, ante el repunte del IPC, el impacto solo puede generar una nueva pérdida del poder de compra de los sueldos. Y un aumento de la conflictividad. “La inflación de febrero, levemente superior a la de enero (2,4 por ciento contra 2,2 por ciento) puso en duda que el Gobierno fuera a conseguir este objetivo. El 3,7por ciento de marzo mostró el fracaso de la política oficial en este punto y volvió a poner presión sobre el salario real y sobre las paritarias”, sostuvo el informe del IEF.
Frente a un escenario de precios “acelerándose, el congelamiento de las paritarias necesariamente tiene como consecuencia una caída del salario real”. El impacto de este proceso en el primer trimestre del año fue “muy heterogéneo”, ya que mientras algunas actividades “pudieron sostener el valor real del salario de convenio, principalmente aquellas que tenían cuotas pendientes pactadas en negociaciones efectuadas en los últimos meses de 2024, otras tuvieron retrocesos muy significativos”.
La consecuencia de esta policía salarial no sólo es el desplome del ingreso registrad, sino que muchas paritarias estén “en el aire”, por a falta de homologación. Además de otras que siguen sin resolverse, como la de la UTA. Allí, la presión de agrupaciones no alineadas a la figura de Roberto Fernández comenzó a plantear medidas propias, incluso por fuera de la conciliación obligatoria.
Este miércoles, delegados y choferes de la Línea 60 realizaron acciones de visibilización “contra el congelamiento salarial”, y pidieron a la UTA que negocio una mejora salarial. “Necesitamos un ingreso inicial de 2.500.000 pesos”, le dijo a Data Gremial una fuente de la junta interna en esta empresa, en manos de una agrupación clasista. Además, hay otros sectores que se suman a los pedidos, como los choferes de dos líneas del oeste bonaerense –Almafuerte y La cabaña –lo que marca “el malestar que crece desde las bases” por la situación de los ingresos.
Informalidad
Si el nuevo escenario impacta fuerte en los salarios registrados, en los informales tiene consecuencias muy graves, en especial cuando aumentan los trabajadores en esa condición. Según el IEF, los datos oficiales del INDEC muestran que en el cuarto trimestre de 2024 “el 36,1 por ciento de los asalariados estaban en situación de informalidad (esto ya lo sabíamos)”. El INDEC agrega que entre “los cuenta-propia asciende al 62,4 por ciento y entre los patrones al 19,7 por ciento”. “Esto lleva la informalidad al 42 por ciento de los ocupados”. En este sentido, la informalidad “afecta con mucha mayor intensidad a los jóvenes”. “Casi el 60 por ciento de los ocupados menores de 29 años no tienen aportes al sistema de seguridad social. Este dato era previsible, pero no por ello deja de ser preocupante”, agregaron.
La brecha entre mujeres y varones no es tan significativa en materia de informalidad: 43,4 y 40,9 por ciento respectivamente. “Esta brecha se replica en todos los segmentos de edad y está muy vinculada con la distribución sectorial del empleo”, explicaron. La informalidad laboral “roza el 80 por ciento en el trabajo en casas particulares y en la construcción, sectores que históricamente han presentado los niveles más altos de falta de registro”. “La informalidad laboral, entendida como la falta de registro en el sistema de seguridad social, es uno de los principales problemas del mercado de fuerza de trabajo en Argentina. Hasta ahora solo teníamos datos sobre su impacto entre los asalariados. El INDEC acaba de publicar un informe que comprende a la totalidad de los ocupados”, concluyó el IEF.