El rechazo inicial de las grandes empresas al bono salarial anunciado hace unos días por Sergio Massa generó importantes cruces entre referentes patronales y funcionarios el gobierno. Luego de la amenaza de multas a quienes no cumplan con la decisión, que busca mitigar el impacto de la devaluación posterior a las PASO en los ingresos, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se resignaron y confirmaron que afrontarán el gasto, aunque mantuvieron sus críticas. La decisión del Ministerio de Economía incluye ayudar a las pequeñas empresas con esta erogación, y que las firmas medianas y grandes lo afrontes completamente. “Pueden hacerlo”, afirman en off en el entorno de Massa, que participó en estos días de varias reuniones donde insistió con la idea.
Esta semana, un informe analiza el impacto que tendrá en el sector privado el pago de las dos cuotas de 30 mil pesos, y resaltaron que apenas necesitan “el 1,2 por ciento de la transferencia de ingresos” que el trabajo generó a favor del capital en estos años. Los datos avalan la postura del gobierno y los gremios, que piden que se cumpla con el pago y así evitar conflictos.
El informe del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores analizó el impacto financiero de la medida anunciada por Massa para las empresas que no reciben ayuda del Estado para pagarlo. Según destacaron, las medianas y grandes firmas del país deberán destinar 218.640 millones de pesos para pagar la suma fija de 60 mil pesos, “drásticamente menores a la abultada transferencia de ingresos del trabajo al capital que tuvo lugar en los últimos años”. Según el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, “entre 2017 y el primer trimestre de 2023, la transferencia de ingresos del trabajo al capital alcanzó a 101.400 millones de dólares al tipo de cambio oficial”, mientras que al tipo de cambio paralelo esa transferencia “fue de 54.100 millones de dólares”.
El porcentaje que las empresas deben afrontar para el bono apenas es el 1,2 por ciento de esa cantidad. Para los responsables del estudio, “la elevación de las ganancias empresarias en la post pandemia se corroboran al examinar los balances de cinco grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio, muchas de ellas integrantes de la Unión Industrial Argentina que es una de las cámaras que rechazó la implementación de la suma fija”.
La otra cara de la moneda es el impacto de esta suba tendrá en la realidad de los trabajadores, en especial por la devaluación posterior a las PASO, que se estima elevará la inflación en agosto y septiembre a dos dígitos.
“El impacto para los trabajadores registrados en el sector privado es reducido ya que la medida no apunta a inducir un shock distributivo que revierta la crisis de ingresos heredada del gobierno anterior sino a limitar los efectos de la devaluación del 14 de agosto”, alertaron desde CIFRA.
Prueba de ello, agregaron es que “si se parte del supuesto de una inflación mensual del 10 por ciento en agosto y septiembre y una variación nominal del salario en función del promedio mensual del segundo trimestre, con la suma fija el salario promedio real de los trabajadores registrados en el sector privado sería, en septiembre, 4 por ciento superior al de junio pero 13 por ciento inferior al de noviembre de 2015”.
Los gremios ya negocian
El pedido de una suma fija se extendió durante varios meses, y si bien en un primer momento no contó con el aval de la conducción de la CGT, ahora le dio el visto bueno, en el marco del nuevo escenario económico y la derrota electoral. Una de las dudas que surgió en este tiempo es la forma en que se absorberá el bono en el marco de las paritarias, ya que la idea es que esa suma se incorpore a las discusiones. Por eso, en muchos casos se espera que el pago sea parte de esa negociación, y que se implemente de forma inmediata para mejorar los ingresos este mismo mes.
Con la UIA confirmando que pagará el refuerzo, la discusión se trasladó al sector público, donde hay varios gobernadores que insisten en rechazar el pago. En tanto, esta semana Axel Kicillof confirmó que hará el esfuerzo de pagar la suma fija y activar la revisión paritaria, lo que fue destacado por los gremios. Por el contrario, la Ciudad de Buenos Aires decidió no pagar el bono, lo que disparó el malestar de sus estatales. “Las paritarias del personal estatal de salud son siempre una miseria”, admitió el referente de la agrupación ATE Hospitales, Héctor Ortiz.
En diálogo con Data Gremial, Ortiz explicó cómo cayó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de no pagar el bono, y habló de “enorme calentura”. “Esta semana vamos a realizar una protesta, para plantear que necesitamos que se pague el bono, que se ajusten las paritarias, porque así no llegamos a fin de mes, con sueldos de 160 mil pesos”. Para Ortiz, en este tiempo “la Ciudad de Buenos Aires siempre trató mal a sus trabajadores, pero ahora no reconocernos y darnos el bono es un desastre. Rodríguez Larreta se irá de la gestión dejando la salud muy mal”.
Esfuerzo fiscal
Otra parte importante del impacto del paquete de ayuda es el esfuerzo fiscal del Estado para garantizar el pago en las empresas chicas, las jubilaciones y los salarios estatales, entre otras cuestiones. En el caso de los pasivos, se trata del refuerzo al bono que se había anunciado en forma previa de 27 mil pesos, que pasa a 37 mil pesos, y de la devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito, con un tope de 18 mil pesos.
En este caso, “el haber mínimo real de septiembre resultaría 14 por ciento superior al de diciembre de 2019 con el bono, y 9 por ciento superior al de diciembre de 2015 si al bono se le suma el monto completo de devolución del IVA”. Consisten, de todos modos, en medidas de corto plazo que “si no se sostienen dejarían a la vista la impotencia de la fórmula de movilidad actual en un contexto de alta inflación”.
El paquete de medidas se completa con la suma fija a empleados públicos nacionales, que fue rechazada por muchos gobernadores y confirmado por otros, como el bonaerense Axel Kicillof, junto a una batería de medidas de menor impacto a sectores vulnerables, que incluye “suma fija para trabajadoras de casas particulares, refuerzos a la tarjeta alimentar y al Potenciar Trabajo, y diferimiento impositivo de las categorías más bajas del monotributo”.
En conjunto, “se trata de volcar recursos a la economía por el equivalente a 0,53 por ciento del PIB (de los cuales el costo fiscal es de 0,4 por ciento del PIB), una suma relevante para enfrentar la devaluación posterior a las PASO pero insuficiente para revertir la situación previa, es decir la crisis de ingresos que derivó en un resultado electoral adverso”.