En una reciente caravana realizada en La Matanza, simpatizantes de Javier Milei estuvieron esgrimiendo motosierras de juguete, un símbolo del plan para achicar el gasto del estado que tiene el libertario. Si bien en las últimas semanas, luego del triunfo electoral, moderó su ímpetu, está claro que si llega a la Casa Rosada habrá cambios estructurales en toda la administración pública, como jubilaciones y pensiones. Lo mismo sucede, con algunos matices, con Juntos por el Cambio.
En estos días, circularon versiones de los cambios que podrían implementar en la caja del ANSES, en especial eliminando regímenes especiales, y achicando otros beneficios. También habría un cambio en la fórmula de juste, que en casos extremos se eliminaría.
Ante este avance, que se suma a las promesas de reforma laboral y cambios en la seguridad social, los gremios alertaron sobre el impacto en la calidad de vida tanto de trabajadores como de pasivos. En este sentido, adelantaron que “resistirán” los cambios, y recordaron que incluso en las actuales condiciones las jubilaciones vienen perdiendo ante la inflación, y es necesario recomponerlas.
Los planes de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio para jubilaciones y pensiones son otra muestra del ajuste fiscal que intentarán imponer las fuerzas opositoras.
En el caso de Javier Milei, las versiones indican una fuerte retracción en la materia. Según una nota del DiarioAr, el libertario quiere reducir 14 puntos del PBI, por lo cual plantea “cambios drásticos en el sistema previsional, haciendo especial énfasis en el sistema de seguridad social nacional”.
“En cuanto a la segunda generación se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones de los ítems que más empujan el déficit fiscal alentando un sistema de capitalización privado, junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos y achicamiento del Estado”, estableció en su plataforma el espacio. Además, se eliminarán las moratorios, haciendo que nadie que no haya aportado los años se jubile. Al declarar “la quiebra del sistema previsional”, se terminará con la movilidad y con los regímenes especiales.
Pero no sólo los libertarios quieren reformar el sistema de jubilaciones y pensiones. Juntos por el Cambio también quiere cambiar el sistema previsional. En su caso, la misma nota apunta a “pensiones por fallecimiento”. El autor intelectual de la medida es Luciano Laspina, potencial ministro de Economía de Bullrich hasta que se nombró a Carlos Melconián.
“En los orígenes de los sistemas de pensiones, el matrimonio era generalizado y duraba para toda la vida, en tanto la división de tareas entre el hombre y la mujer durante la vida laboral se dividía con el hombre participando en el mercado de trabajo y la mujer típicamente dedicada a las tareas del hogar”, recordó el economista. Con los años, agregó, “el modelo de familia ha cambiado y continuará cambiando. Cada día son menos las familias que siguen el modelo tradicional”.
Actualmente, “conviven una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y una menor prevalencia y duración de los matrimonios, como así también uniones civiles y de familias no heterosexuales o monoparentales”. Por esto Laspina asegura que el concepto de pensión por viudez no cumple la misma función que cuando fue sancionado.
Regímenes especiales
El gran punto que alarma a los gremios de distintos sectores es la eliminación de los regímenes especiales. Según define Rafael Rofman, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), este sistema funciona “como esquemas de aseguramiento colectivo contra distintos riesgos sociales”. Su principal objetivo es “asegurar ingresos para quienes, por razones de edad, no tienen posibilidad de obtenerlos en el mercado laboral”.
En la Argentina hay cerca de 3.700.000 de beneficios de regímenes de excepción, lo que representa un 40 por ciento del total de jubilados, con haberes que, en promedio, son un 85 por ciento superior al promedio del régimen general. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 7 por ciento del PIB.
Entre los actuales beneficiarios están los docentes universitarios, que están en estado “de alerta” por la posibilidad de perder este régimen en caso que gane Milei la presidencia. “Los trabajadores de la educación superior tenemos una jubilación del 82 por ciento móvil a partir que aportamos un 2 por ciento más de nuestro salario para la caja previsional”, confirmó Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN). Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente marcó que esto “es un derecho, no un beneficio”, que plantea el régimen especial, que destacó “se puso en marcha por una ley aprobada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”. Ante la amenaza libertaria, Ricci recordó que “venimos haciendo durante años un mayor aporte, para garantizar esa jubilación, por eso vamos a defenderlo”.
En el país, asegura Rofman, existen al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen general. La primera categoría, “regímenes diferenciales”, se asocia a situaciones particularmente dificultosas o físicamente demandantes de ciertos trabajos que resultarían en un “envejecimiento prematuro”. La segunda categoría, llamada “regímenes especiales”, contempla el acceso diferencial a beneficios previsionales por la existencia de méritos que lo justifican. La tercera incluye a los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad, son administrados por instituciones independientes y combinan argumentos de mérito y de especificidad en su justificación.
Mejoras
El otro delos temas que la oposición quiere limitar es la movilidad jubilatoria, que es la forma que se actualizan los haberes de los pasivos. En este sentido, entre los gremios consideran que no sólo es necesario mantener la movilidad actual, sino que mejorarla. Como respaldo, circula un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que analiza la evolución de las jubilaciones luego del anuncio de una suba del 23,3 por ciento desde septiembre, que llevará el haber mínimo a 87.460 pesos. A pesar de este aumento nominal, destacó el informe, “el poder adquisitivo de las jubilaciones se ubicará en septiembre un 6,2 por ciento por debajo del valor que tenían hace un año y un 15,3 por ciento por debajo de diciembre 2019”, un recorte que se acentuará en los meses siguientes, “hasta que vuelva a aplicarse la movilidad”.
“Hacia noviembre de este año, teniendo en cuenta una proyección de inflación optimista del 7 por ciento mensual (más aún si tenemos en cuenta la fuerte devaluación del tipo de cambio oficial que el Gobierno efectuó esta semana), las y los jubilados que cobran la mínima habrán perdido al menos un 26 por ciento de su poder de compra respecto al 2019 y un 38 por ciento respecto al 2015”, alertó el trabajo del IPPyPP, al que tuvo acceso Data Gremial. Dicho de otro modo, “a fines de 2019 el poder de compra del haber mínimo equivalía a casi 113 milpesos (26 mil pesos más), mientras que en diciembre 2015, equivalía a casi 143 mil pesos (56 mil pesos más)”. Con estos datos los gremios son claros, y piden más impulso a las jubilaciones, y no achicamientos como plantea la oposición.