La dirigencia sindical sintió el impacto de los resultados de las PASO del domingo pasado, que confirmó los candidatos para las elecciones generales de octubre. El escenario que se planteó a partir de los datos muestra que los dos principales dirigentes posicionados para ir a un ballotage son quienes más hablaron de una reforma laboral, lo que genera alarma en la dirigencia. Se trata de Javier Milei, el más votado de las internas, y Patricia Bullrich, que ganó la disputa dentro del macrismo y será su representante.
Si se repite este esquema, ambos irán por la presidencia, y uno llegará a la Casa Rosada en diciembre. La preocupación principal radica en que durante la campaña fueron explícitos en sus intenciones de dar de baja algunos derechos, como la indemnización o el actual esquema de contratación, y pueden ir más allá con el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos. Para los gremios, esto es “una gran amenaza” y se espera que se redoblen los esfuerzos para militar la boleta que encabeza Sergio Massa.
Con cerca de 30 puntos de los votos, Milei fue la gran sorpresa de las PASO, y no sólo se volvió el candidato más votado, sino que además su fuerza fue la primera en los comicios. A esto se sumó que Bullrich ganó la interna de Juntos por el Cambio de manera contundente, incluso en la provincia de Buenos Aires, imponiendo su línea dura ante el moderado jefe de gobierno porteño.
Estas dos propuestas electorales son hostiles para los gremios, ya que vienen presentando cambios en el mundo laboral, reformas que son consideradas “peligrosas” por los gremios. En el caso de Milei, en su plataforma explicita que buscará flexibilizar “la estandarización de los contratos laborales”, para así “adaptarse a la velocidad de los cambios tecnológicos y maximizar la productividad para poder competir en el mundo globalizado”.
Además, dentro de las medidas más polémicas, Milei propone “una ley que democratizará el movimiento sindical, eliminando el unicato y la afiliación obligatoria, prohibir las reelecciones continuas de los representantes y terminar con la figura del sindicato único con poder de centralizar todas las negociaciones de una determinada rama”. Además, la fuerza pretende entrarse “en el reemplazo de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral”. “La idea es llevar el sistema vigente en la industria de la construcción a todas o algunas actividades”, afirmaron desde La libertad avanza.
La “libre contratación” es otro de los objetivos. Implicaría que las empresas puedan “negociar” de forma directa con el trabajador el monto del salario, sin regulación. Esto genera que los convenios colectivos dejen de tener el actual valor.
Ultraactividad
Más allá de estas propuestas, los gremios consideran que la amenaza más importante que tienen respecto a la reforma laboral tiene que ver con la idea de finalizar la ultraactividad de los convenios colectivos, un mecanismo que permite mantener los beneficios acordados años atrás hasta que se firman nuevos acuerdos.
La misma la presentó el ex ministro de Trabajo macrista Dante Sica, actual asesor en temas de trabajo de Bullrich, quien planteó la necesidad de suspender este concepto técnico. Según un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, con esta medida “se juegan derechos de varios millones de trabajadores”. La ultraactividad básicamente un principio por el cual un convenio colectivo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro.
“Suspender la ultraactividad implica poner a los sindicatos entre la espada y la pared: o modifican las cláusulas de los convenios colectivos incluyendo reclamos de los empleadores, o se cae el convenio y se pierden todos los derechos que estén por encima de la ley”, sostuvo el reporte del IEF, al que tuvo acceso Data Gremial. Según su análisis, “en un contexto de fortaleza de los trabajadores y trabajadoras (pleno empleo, economía creciendo) esto no sería un problema tan grave”, pero en el actual escenario, con “una actividad estancada como tendencia general de la década o un mercado laboral anémico, esto es un problema serio”.
La proyección de la entidad sindical establece que de caerse este mecanismo se perderían “casi todos los adicionales salariales (antigüedad, zona desfavorable, título, etc.), vacaciones y licencias que están por encima de la ley (cuidados familiares entre otras), cantidad de delegados”, entre otras.
El último intento de esta medida se dio en el 2000, cuando justamente Bullrich era ministra de trabajo, y se intentó reformar la ley laboral. El IEF cree que es “falso” que haya que modernizar los convenios, discutiendo la ultraactiovidad, ya que “menos derechos para un trabajador petrolero de Chubut no van a mejorar la situación de millones de trabajadoras de casas particulares o del agro”.
Respuesta
El triunfo libertario y la confirmación que Bullrich será la representante del macrismo pegó fuerte en el movimiento obrero, que se había alineado detrás del oficialismo ante las amenazas de reformas. Estos números general alarma en la dirigencia. Data Gremial consultó a fuentes cercanas a la CGT, que prefirieron mantener el silencio respecto a cómo asumieron el golpe electoral. La dirigencia evalúa los pasos a seguir, y evitó pronunciarse oficialmente.
La primera reacción sindical la tuvo ATE, que ante el escenario que se viene, y la devaluación del dólar oficial, fue pedir una “reapertura generalizada de las paritarias”. Rodolfo Aguiar, actualmente secretario adjunto y secretario general electo del gremio estatal, reclamó “una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias”, ya que la medida vinculada a la moneda norteamericana “se trasladará a los precios”. El dirigente rionegrino reclamó “el inmediato pago de una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias, porque la devaluación anunciada hoy se trasladará a los precios y será imposible modificar el resultado electoral de las PASO en octubre próximo si no se adoptan medidas de redistribución del ingreso”, indicó un comunicado.