Con una serie de allanamientos simultáneos, la Policía de Santa Fe detuvo a mediados de octubre a seis dirigentes sindicales, acusados por los incidentes frente a la Legislatura de esa provincia, cuando gremios estatales protestaban contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro. La imagen de uno de ellos conducido por los efectivos esposado genero el repudio generalizado de gremios, que denunciaron la violencia de los procedimientos. En los últimos años, la criminalización de las protestas sindicales aumentó, y la llegada de Javier Milei potenció esta tendencia, con el ya famoso protocolo “anti piquete” de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La represión lisa y llana de las movilizaciones es una marca de la gestión libertaria, que es acompañada por la justicia, que inició cientos de procesos y causas contra dirigentes.
Esta política busca sostener el violento ajuste, y busca completarse con la aprobación del capítulo de la reforma laboral que bajo el argumento de prohibir los bloqueos, busca poder despedir con causa a trabajadores que realicen acciones directas en los lugares de trabajo. Casos emblemáticos como el de Lácteos Vidal, con pedido de elevación a juicio de seis empleados y referentes del gremio ATILRA, marcan lo peligroso de esta tendencia.
La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo, ni exclusivo de la gestión libertaria. Pero en este tiempo creció, de la mano de una mirada represiva de la cuestión sindical y social. El caso de los dirigentes de AMSAFE y ATE es una muestra de cómo a la decisión política de atacar la actividad sindical se sumó la justicia, con una serie de causas incluso penales que dejan a muchos dirigentes con la prisión efectiva como amenaza latente.
“Todo esto hay que enmarcarlo en un contexto de hostigamiento permanente”, alertó Federico Giuliani, titular de ATE Córdoba y la CTA Autónoma de esa provincia. El dirigente viene sufriendo en carne propia la persecución judicial. Es que luego de la protesta realizada por la llegada del presidente Milei a suelo cordobés para firmar el Pacto de Mayo, el fiscal Ernesto de Aragón lo imputó de los delitos de intimidación pública e incitación a la violencia.
“A los tres días de esa protesta, saliendo de mi domicilio me interceptaron cinco policías de civil, me quitaron el celular, entraron a mi casa bastante hostiles y se llevaron un montón de documentación, incluyendo el celular de mi nene de 9 años”, relató Giuliani, en diálogo con Data Gremial.
Si bien estas causas no avanzaron, lo que sí sabe el dirigente es que el celular que le secuestraron “fue peritado, y se usó para hacer inteligencia sin que nosotros participemos de eso”. “Yo denuncié que una agente estaba haciendo inteligencia en la marcha del 20 de diciembre, sacamos fotos y presentamos el hecho. Lo que sucede en Córdoba es anterior al protocolo ‘anti piquete’ de Bullrich”, recalcó.
Es que Giuliani fue denunciado antes de que asuma Milei, en abril del 2023, en una marcha contra el hambre organizada por ATE y la CTA Autónoma. En ese momento, la justicia lo acusó de los delitos de obstaculización del transporte público y desobediencia a la autoridad, de este último sobreseído. Pero la otra está en proceso de declaraciones. “En ese momento gobernaba Alberto Fernández”, recalcó Giuliani, marcando que la criminalización de la protesta de los gremios va en paralelo al poder político, casi independiente, pero en el gobierno libertario está “más desatado”.
Datos alarmantes
Con el comienzo de la gestión de Milei, y el aumento de ese “doble” abrazo a los gremios que ejercen la represión y la persecución judicial, la CTA Autónoma lanzó el Monitor de Respuestas Represivas, que lleva un conteo online de casos como el ocurrido en Santa Fe o contra Giuliani. Este instrumento ofrece “una visión integral de los eventos de represión registrados durante el gobierno del Javier Milei, proporcionando una perspectiva cuantitativa y visual de las incidencias a nivel nacional”.
Según los datos disponibles, se registraron en este tiempo 101 eventos represivos, con un total de 992 heridos por el accionar de las distintas fuerzas de seguridad. Esto derivó en la detención de 137, y la apertura de 149 causas o sanciones judiciales. En total, se registraron este tipo de eventos en 15 provincias, siendo Buenos Aires la de mayor incidencia, y CABA donde se realizan la mayor cantidad de detenciones.
En cuanto a las causas judiciales que se abren a manifestantes y dirigentes, el 11 por ciento es por resistencia a la autoridad, seguida de daños (7 por ciento), daños agravados, instigación a cometer delitos e intimidación pública (todas con 6 por ciento del total). Después hay una variada cantidad de delitos imputados a los manifestantes, que van desde obstrucción a los medios de transporte hasta la extorsión o coacción.
“Estamos en presencia de un plan premeditado, de una sofisticación de la represión que tiene que ver con la instalación del paquete normativo, la especialización de las armas, el armado de las causas”, alertó en agosto pasado Daniel Godoy, coordinador del Monitor de Respuestas Represivas, cuando se presentó este instrumento. “Es una verdadera arquitectura integral del plan represivo porque hay que entender que la represión no sirve en sí misma sino en función de depredar y saquear los derechos, los bienes comunes y el patrimonio público de la Argentina, además de lesionar la protesta organizada”, agregó.
Caso emblemático
Para aumentar la presión sobre los gremios y organizaciones sociales que enfrentan en la calle las políticas libertarias, el gobierno quiere sumar un elemento que puede multiplicar las causas contra trabajadores: la norma anti bloqueos. La propuesta es parte de la Ley Bases y la reforma laboral, y si bien hay un compromiso para negociarlo con la CGT y los empresarios en una mesa tripartita que además lime los aspectos más filosos y polémicos de ambas iniciativas, su primera cumbre se suspendió el jueves pasado, y hay temor que la falta de acuerdo termine con una profundización de la medida, que entre otras cosas permite el despido justificado de empelados que participen de acciones consideradas bloqueos. Además, existe en el Congreso una iniciativa de Verónica Razzini, diputada nacional del PRO y cofundadora del Movimiento Empresario Anti-Bloqueos, que busca encuadrar el bloqueo como una figura penal.
La idea de penar las acciones sindicales tiene en el conflicto de Lácteos Vidal uno de sus puntos más ejemplificadores. La situación en la empresa de la localidad de Moctezuma muestra la forma en que se intenta criminalizar la acción sindical. Desde un primer momento, la firma –apoyada por el movimiento que fomenta mediáticamente Florencia Arietto –denunció ante la justicia las acciones de los empleados y la dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), intentando que sean penalizadas.
Hay varias causas abiertas, y una de ellas está próxima a llegar a juicio. Esta semana Martín Butti, fiscal interinamente a cargo de la Unidad Funcional 2 Departamental, pidió elevar dos causas que tienen al delito de compulsión a la huelga como clave, involucrando a seis trabajadores y dirigentes sindicales. de forma directa por esta causa, entre ellos Gastón Moreno, titular de la seccional Trenque Lauquen de ATILRA.
El fiscal, según versiones periodísticas, expuesto al juez es que “se estima contar con elementos de prueba suficientes y válidos para el ejercicio de la acción penal” sobre la base del artículo 158 del Código Penal, en contra de referentes sindicales y trabajadores de la empresa, hoy ya desvinculados por no haberse presentado a sus puestos de trabajo cuando fueron convocados. El caso ocurrió en julio del 2022, cuando había una huelga en Lácteos Vidal, que incluyó una manifestación en la puerta del lugar. Además de moreno, están procesados Gastón Emilio Moreno, Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Abel Osmar Damico. También está acusado Sergio Raúl Longo, delegado del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Trenque Lauquen.