Esta semana, diversas versiones periodísticas hablaron de una inminente reforma del sistema de salud del país. Impulsada por el ministro del área, Mario Russo, se trata de una serie de medidas destinadas a mejorar la atención y maximizar los recursos, en un contexto de ajuste fiscal que afecta a todas las áreas. La propuesta ya está elaborada, afirman los rumores, y será presentada al presidente Javier Milei en breve. Una de las iniciativas que se filtró fue la idea de cobrar la atención en hospitales a los ciudadanos extranjeros, algo que se intentó implementar en la gestión de Mauricio Macri pero no prosperó. Pese a eso, varias provincias en los últimos tiempos avanzaron en ese sentido, como Salta, que en la localidad limítrofe de Orán comenzó en febrero de este año a cobrarle a los pacientes de otros países los distintos servicios, o Mendoza, que hace unas semanas anunció que hará lo mismo. Ahora, el oficialismo “quiere liderar esa discusión”, y apunta a una normativa nacional para todo el país. La posibilidad es rechazada por los trabajadores del sistema sanitaria público, que alertan que detrás de estos se esconde el objetivo de “liberar al Estado de sus obligaciones de financiar” el sistema, y proceder a su privatización, parcial o total. Un informe asegura que los pacientes de otros países son una “porción mínima” de la atención hospitalaria.
El cobro de la atención a extranjeros sería anunciado a nivel nacional una vez que el presidente Milei dé el visto bueno a los cambios que pretende introducir el ministro Russo. La idea es apoyar medidas similares tomadas las provincias de Salta, Santa Cruz y Mendoza, y crear una legislación nacional al respecto. Para los gremios del sector, la situación generará “discriminación”. “Por supuesto que nos oponemos al cobro de la atención en salud a los extranjeros, porque en primer lugar consideramos que muestra un gran nivel de discriminación y xenofobia”, sostuvo Guillermo Pacagnini, referente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS). En diálogo con Data Gremial, el dirigente médico agregó que “además esta decisión es una lesión al espíritu que debe tener el sistema de salud, de universalidad, gratuidad e igualdad, financiado por el Estado, ese es el criterio que defendemos desde la FESINTRAS”. Para Pacagnini, en el país hubo “varios debates sobre este tema, pero todos los caminos apuntan a un único objetivo: liberar al Estado de su obligación de financiar la salud y privatizar a la salud como una rama de negocios”.
El tema del cobro a extranjeros volvió a la agenda de discusión luego de las medidas tomadas por estas tres provincias. Además, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba analizan medidas similares, que durante el macrismo fue parte de la discusión de la reforma que se intentó imponer. En ese momento, con la llegada dela CUS –Cobertura Universal de Salud –se buscó legislar la cuestión, pero no prosperó. En este punto, Pacagnini recordó que estas “son las viejas estrategias que quieren imponer el FMI y el Banco Mundial, con sus diversas variantes tácticas, como el cobro de aranceles o los bonos de cooperadora, todas maneras de reducir los aportes del Estado. Ahora quieren negarle la atención a un sector de la población lisa y llanamente”. Para el referente de FESINTRAS “todavía tenemos un sistema de salud que es superior a la media de la región, herencia del Estado de bienestar, pero con el ajuste y la fragmentación que hay no sabemos cuánto más vamos a poder sostenerlo”. Pese a esto, Pacagnini dijo que lo que sí puede haber son “convenios con gobiernos, tratados internacionales u otras cuestiones que forman otra discusión, pero no puede haber pago individual de ninguna manera”.
Datos
Las decisiones tomadas por las provincias y esta idea nacional devolvieron el debate al centro dela escena. Además de la cuestión vinculada a la universalidad del sistema, existen datos que muestras que la atención a extranjeros no tiene un impacto que justifique la decisión. Así lo afirmó la Fundación Soberanía Sanitaria, que difundió un informe donde analiza los números en diversas jurisdicciones, y concluyó que no llega al 1 por ciento del total. “Datos históricos y actuales muestran contundentemente que tanto en internaciones como en nacimientos y consultas externas, la atención de extranjeros no residentes no llega a representar el 1 por ciento de las prestaciones totales que se brindan en el sistema de salud”, aseguró el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial. De acuerdo a esta información, “las propuestas de arancelamiento de esas prestaciones bajo el pretexto del impacto económico o sanitario que la atención de extranjeros podría tener, resultan poco convincentes”.
Como ejemplo, Soberanía Sanitaria mostró que en la provincia de Buenos Aires, “del total de 1.449.606 consultas digitales registradas, 3.210 corresponden a personas que no residen en la Argentina, es decir, solo el 0,2 por ciento corresponden a consultas efectuadas por personas extranjeras”. Si en lugar de consultas tomamos internaciones los datos son similares: “del total de personas que se internaron en hospitales bonaerenses en 2023, sólo el 0,8 por ciento corresponde a extranjeros no residentes”. Se trata de 8.970 extranjeros sobre más de un millón de personas internadas durante ese año. Incluso, insistió el análisis, “se observa cómo en el último año la proporción de personas extranjeras internadas tiene una tendencia al descenso, sin haber implementado medidas vinculadas a la restricción del acceso”. Pacagnini, que además es secretario general del gremio médico bonaerense CICOP, alertó al respecto que “en los hospitales inter-zonales de la provincia de Buenos Aires atendemos pacientes de todos los países limítrofes, y muchos son derivados especialmente, si van a empezar a poner esta barrera de atención será motivo de conflicto”.
En marzo de 2018, ante el intento de realizar este arancelamiento para extranjeros, Soberanía Sanitaria produjo su primer informe al respecto, donde se analizaba la información epidemiológica disponible sobre el tema y lo expresado en tratados internacionales firmados por Argentina. En ese trabajo, “se utilizaban como trazadores dos indicadores que mostraban que la demanda por asistencia hospitalaria en el país, en la provincia de Jujuy y en la CABA, no impacta de manera significativa en el sistema”. En este sentido, “se pudo observar que mientras en Jujuy, los niños nacidos vivos que son hijos de madres extranjeras sin documento argentino en los hospitales públicos de la provincia representaban un 0,44 por ciento, a nivel nacional esta proporción era aún menor, representando un 0,03 por ciento, según datos oficiales del año 2016”. En términos de egresos hospitalarios, el informe mostraba que “mientras en Jujuy la proporción de extranjeros no residentes egresados era de 0,28 por ciento, en la Ciudad de Buenos Aires llegaba a una proporción ínfima de 0,04 por ciento”.
Globos de ensayo
En febrero de este año, el gobernador salteño Gustavo Sáenz firmo el DNU 129/24 que determina que tanto los residentes transitorios como los precarios “deberán solventar las erogaciones que la atención demande a través de un seguro de salud que cubra la misma en el ámbito local o, ante la falta de éste, por sí mismos”. En caso de urgencias o emergencias, si bien se dice que no podrá negarse la atención, luego el Estado provincial “arbitrará con los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados”. “En todas las localidades limítrofes, sobre todo de la región del NOA y el NEA, se plantean estas discusiones, porque hay población migrante”, sostuvo Pacagnini, que subrayó que el decreto del gobierno “es absolutamente improcedente”.
En abril, el Ministerio de Salud de Salta difundió un balance de los dos meses de vigencia del decreto sobre cobro a extranjeros, y concluyó que hubo “un descenso de la atención”. El caso más notable es el hospital San Vicente del Paul de la localidad de Orán, limítrofe con Bolivia. Allí, en marzo y abril del 2024 se pasó “de 3.300 pacientes a 60”. A nivel provincial, se logró “un ahorro de 23 millones de pesos”. “El gobierno de Milei y sus aliados está haciendo algunos globos de ensayos, el ajuste se está iniciando en el Estado nacional, todavía no desembarcó con todo en el sistema de salid, salvo en el caso del Posadas, pero van a avanzar en ese sentido”, resaltó Pacagnini. Poor eso, la FESINTRAS pide “que se consignen los presupuestos necesarios para mantener la oferta de servicios sanitarios, no puede depender esto de la demanda, debe haber planificación”. “No se puede pedir identificación de raza o situación social, que es una vieja norma del Banco Mundial, a la persona que se viene atenderé. Hay que estar con la guardia alta”, concluyó el referente sanitario.