Esta semana, la empresa automotriz Toyota anunció que sus empleados que están por fuera del convenio del SMATA deberán negociar sus futuros aumentos salariales “de forma personal”, con la oficina de Recursos Humanos de la firma. De esta forma, se deja sin efecto una tradición que se repite en muchos sectores: que la paritaria incluya a conveniados y a quienes están fuera del mismo. La medida va en sintonía con la reforma que parece intentará el gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, que incluye una serie de medidas que busca transformar el mercado aboral actual. Como se viene anunciando en campaña, la idea es terminar con algunas de las leyes claves del sector, para lograr la “libre contratación” que se pretende.
Para eso, además de crearlos mecanismos necesarios para agilizar la toma de personal, se debe limitar los convenios colectivos, y dejar sin efectos las paritarias. Este combo genera alarma en los gremios, que miran a lo que puedan hacer los legisladores, ya que antes que nada recuerdan que todos estos cambios necesitan pasar por el Congreso. El financiamiento de los gremios, también bajo la lupa libertaria.
Las versiones que circularon en los últimos días aseguran que Milei mandará al congreso un paquete de leyes que buscarán cambiar el mercado laboral. Junto con el achicamiento del Estado, lo que más suena es una flexibilización de las normas de empleo, que incluye el fin de las indemnizaciones, y una reforma en las leyes que regulan el sector, como aquella que garantiza las paritarias y el modelo sindical argentino, basado en un convenio por rama. El anhelo de los libertarios es permitir la “libre negociación” por empresa, es decir, que en cada unidad de trabajo analice y firme sus propias condiciones de trabajo.
Esto va en contra el “unicato” que establece la ley, que marca que hay “un sindicato por rama”, que firma un Convenio Colectivo de Trabajo para todo el sector. “La regulación laboral argentina es arcaica, y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo”, dijo en campaña el presidente electo, que quiere hacer cambios profundos para el sector.
“Todo lo que sea tocar el modelo sindical, los derechos laborales o las paritarias libres, será resistido por la CGT”, le dijo a Data Gremial un dirigente cercano a la conducción. Respecto a las negociaciones, se marcó que es parte “de la ley laboral argentina, si quieren modificarlo deben aprobar una nueva ley, y para eso necesitan los votos del peronismo. Confiamos que no se los darán”, agregó el mismo dirigente.
En Azopardo esperan que los intentos de la gestión libertaria para realizar una profunda reforma laboral choquen con la resistencia de los gremios y de los legisladores de la oposición, y destacan que la mayoría de los derechos que los trabajadores tienen “fueron incluidos en el primer peronismo en el aparato de leyes que forman el marco legal del mercado”. En la campaña, se remarcó que este tipo de derechos, como el aguinaldo, no pueden ser “borrados por un presidente”, sino que se debe cambiar la normativa, para lo cual “se necesitan consensos”. “Que nadie tenga dudas que la CGT y sus sindicatos vamos a defender la legislación laboral, una de las grandes herencias de Juan Domingo Perón”, recalcó el dirigente consultado.
Aguante la libertad
Otra de las medidas que circulan en estas horas es un intento libertario de modificar cómo se financian los sindicatos. Una de las versiones que circularon en estos días es que se podrían modificar las retenciones sindicales, a partir de un DNU que podría darles libertad a los trabajadores de pagar –o no –ese porcentaje, que tendería a retirarle recursos a las organizaciones. Ante la consulta de Data Gremial a distintos dirigentes, se confirmó que estas retenciones “son parte de los convenios colectivos, y eso tiene fuerza de ley”. Se trata de la norma 14.250, que en el artículo octava dice que “la convención colectiva homologada será obligatoria para todos los trabajadores, afiliados o no, que se desempeñen en las actividades comprendidas en la misma, dentro de la zona de aplicación”.
En este sentido, la ley remarca que “la convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la subscribió”. Por ende, las cláusulas de la convención por las que se establezcan “contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participante, serán válidas no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención”. De esta forma, subrayaron los dirigentes consultados, “para que se modifique el aporte, se debe modificar la ley, con un DNU no alcanza”.
Ultraactividad
En uno de los últimos registros oficiales, en 2021 se firmaron y registrado 908 convenios colectivos, 685 de empresa y 223 de ámbito superior a la empresa. Muchos de ellos tienen la llamada ultraactividad, que establece que si un convenio se vence, los derechos alcanzados se mantienen. Sin este beneficio, cada vez que hay que negociar los acuerdos, los trabajadores solo retendrán los derechos alcanzados en la legislación general. Esto fue propuesto por los asesores laborales de Patricia Bullrich, como el ex ministro Dante Sica, y se podría volver si alguno de los dirigentes de aquella gestión llega a la secretaría de Trabajo como se está nombrando.
En su momento, el especialista Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social, explicó en sus redes sociales el impacto de quitar este derecho. “Suspender la ultraactividad implica poner a los sindicatos entre la espada y la pared: o modifican las cláusulas de los convenios colectivos incluyendo reclamos de los empleadores, o se cae el convenio y se pierden todos los derechos que estén por encima de la ley”, recalcó en su momento. Entre las caídas de los beneficios que traería esta decisión, se destacan “casi todos los adicionales salariales (antigüedad, zona desfavorable, título, etc.), vacaciones y licencias que están por encima de la ley (cuidados familiares entre otras), cantidad de delegados”, entre otras.