La semana pasada, los municipales de la comuna de General Pueyrredón realizaron un paro de actividades, contra algunas medidas tomadas por el intendente Guillermo Montenegro, entre ellas modificaciones en el régimen de licencias por presentismo, que está en vigencia desde el año 2001. Para los trabajadores este cambio es una “vulneración a los derechos laborales”, según expresaron en una carta enviada al delegado local del Ministerio de Trabajo. La respuesta del jefe comunal del PRO no se hizo esperar, y en una conferencia de pres anunció su intención de declarar “servicio esencial” la labor de los empleados de su Municipalidad, y así limitar la posibilidad de realizar medidas de fuerza.
La decisión, que va en sintonía con la reforma laboral que intenta aprobar el gobierno nacional, fue duramente cuestionada por el gremio local y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que marcaron que la propuesta no hace más que aumentar la conflictividad. El sector tiene uno de los salarios promedios más bajo del país, y viene luchando para que se cumplan algunas de las normas de la ley aprobada en 2014, como la aprobación de convenios colectivos en cada distrito. La entidad recordó que esta misma medida se intenta imponer a los docentes y el transporte a nivel nacional.
La polémica decisión del intendente Montenegro fue anunciada en conferencia de prensa, y aumentó la tensión con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata y Batán (STM), que se queja de las medidas de ajuste de la gestión local, que viene denunciando que va en sintonía con lo que pasa a nivel nacional. El jefe comunal del PRO anunció la intención de “declarar esencial el trabajo del empleado público”, en respuesta al paro realizado por trabajadores la semana pasada. “El empleado público tiene un privilegio sobre el resto de los trabajadores: la estabilidad”, expresó Montenegro.
“En nuestra ciudad, el 90 por ciento del empleo es privado, carecen de ese privilegio de la estabilidad. Ese 10 por ciento de personas, que son empleados públicos, tienen ese privilegio, pero que viene con una obligación: que tienen que trabajar. Tienen que responder a los vecinos de Mar del Plata”, destacó. “La patronal en esta discusión no es un gobierno, son los vecinos de Mar del Plata quienes aportan para el pago de sueldos”, afirmó, y alertó que “cada día de paro son 200.000.000 de pesos que el vecino aporta y nadie le da contraprestación”.
Si bien no se dieron mayores detalles de la propuesta, se estima que la idea es que los sectores declarados esenciales tengan que dejar guardias en sus puestos laborales, y no podrán paralizar completamente las actividades. Lo hará mediante una ordenanza que tratará el Consejo Deliberante local. Desde FESIMUBO, rechazaron la medida: “No hay antecedentes en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país de una iniciativa de este tipo”, le dijo a Data Gremial un dirigente dela entidad provincial. “Por qué no se dedica a arreglar los escalafones delos trabajadores, o los salarios de hambre que hay, en vez de ponerse a tomar medidas que además van contra le ley, porque la huelga es un derecho constitucional”, agregó el mismo dirigente. Tanto el gremio local como la FESIMUBO adelantan que van a rechazar cualquier intento de “limitar la protesta”, y apuntan a la situación como “un peligro antecedente”. “En las paritarias siempre decimos que en los distritos tenemos cinco problemas, y los intendentes empiezan por el quinto en lugar del primero. Es una impronta de todos los jefes comunales, no importa el color político que tengan”, recalcó la fuente consultada.
Medidas de ajuste
El conflicto comenzó cuando la comuna tomo una serie de medidas de ajuste que afectaron a los municipales, como el cambio de régimen de licencias por presentismo, que a partir de esto no permite las huelgas, como parte de la esencialidad que pretende declarar. “Dicho hecho no solo constituye una violación a los derechos constitucionales de los trabajadores, en especial al mencionado artículo 14 bis sino también a la Ley 14.656 que ha modificado la relación de empleo municipal dejando atrás la época de los estatutos 13 imposición y el unilateralidad pasando a un sistema de negociación bilateral de convenciones colectivas”, explicaron desde el gremio local en una carta enviada al delegado local del Ministerio de Trabajo bonaerense, Daniel Bucicco.
“Los mayores derechos adquiridos por los trabajadores a la fecha de la sanción de la presente norma, no podrán ser modificados en perjuicio de los trabajadores. Por tanto siquiera en el marco de una negociación paritaria podrían modificarse a la baja los derechos de los trabajadores, mucho menos aún de manera unilateral”, agregaron en el documento. La respuesta fue el pedido de que el Consejo Deliberante trate el proyecto de esencialidad. “Resulta inconstitucional ya que no solo afecta de manera directa el derecho a huelga sino también que arroga competencias legislativas que no resultan propias de la comuna. La declaración de esencial de una tarea conlleva la limitación de un derecho constitucional por tanto debe ser sumamente restrictiva”, recordaron. “Ni siquiera el presidente Javier Milei se ha animado a tanto como hoy quiere hacer el intendente Montenegro, declarar la esencialidad de tareas como el control del personal administrativo, la inspección de pesas medidas y el cobro de tasas no reviste menor análisis de legalidad”, concluyeron.
Reforma laboral
La decisión de Montenegro va en consonancia con el nuevo proyecto de reforma que llegó al Congreso de la mano del bloque de la UCR, y que el fin de semana contó con el aval explícito del secretario de Trabajo nacional, Julio Cordero. El mismo apunta a declarar esenciales tareas como la educación y el transporte, al igual que el capítulo laboral del DNU que fue suspendido por la justicia, limitando la posibilidad de paros totales. La propuesta establece que “la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho”. Los establecimientos deben permanecer abiertos a pesar de la inactividad por huelga, según se estableció en la propuesta del radicalismo.
“Todo el movimiento obrero está en contra de ese proyecto, ya se intentó hace unos meses cuando hablaban de la reforma laboral”, recalcó ante Data Gremial un dirigente de la CGT, que analizó la propuesta radical. Además, agregó, “lo más grave es que quieren que las cuotas de afiliación a los sindicatos las paguen voluntariamente los afiliados y no que hagan de agente de retención los privados o el Estado”. Se trata de otra de las iniciativas llevadas al Congreso, que establece cambios en la forma de recaudar recursos para los gremios. Para este dirigente, esta reforma “ahogaría financieramente a los sindicatos, por más que los afiliados quieras a sus organizaciones se complica que paguen voluntariamente”. “Este gobierno, como el de Mauricio Macri, quieren terminar con los sindicatos”, concluyó.