“No tenemos esa marca, está en faltante”. El diálogo entre un farmacéutico del conurbano bonaerense y uno de sus pacientes se repite desde la semana pasada en toda la provincia de Buenos Aires, y desde esta en casi todo el país. Desde hace unos días los laboratorios productores de medicamentos limitaron la entrega de algunos tratamientos, lo que generó baches en la cadena de suministros, ya que las droguerías también restringieron las ventas, lo que tuvo un inmediato impacto en las farmacias. Con el correr de los días, se supo que la crisis se generó por problemas en el acuerdo de precios que rige hasta el último día de octubre, y afecta en especial a pacientes de enfermedades crónicas. Ante esta situación, las obras sociales sindicales están en alerta, ya que sus afiliados pueden quedarse sin sus fármacos si se profundiza el conflicto, y el sector minorista cumple su amenaza de restringir o cortar la atención de la seguridad social.
La crisis comenzó en la previa de las elecciones, cuando muchos laboratorios comenzaron a limitar la entrega de algunos tratamientos. Esto fue denunciado por los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, los primeros en alertar de esta situación. Ante esto, comenzaron a darse algunos faltantes que se profundizaron durante el fin de semana. Mediante un comunicado, que lleva la firma del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, la Asociación Mutual Farmasur, la Cámara de Farmacias Bonaerenses, la Cámara de Farmacias de Zona Sur y la Cámara de Farmacias de Bahía Blanca, se confirmó esta “dramática situación”.
En la misma se explicó que además de estas restricciones en la entrega de medicamentos “algunas distribuidoras están cambiando los circuitos de reposición de medicamentos e imponen nuevas condiciones comerciales que afectan el servicio farmacéutico y el tratamiento de los pacientes”. “Esta situación tiene un impacto sanitario y económico severo, ya que las farmacias pueden reponer cada vez menos medicamentos debido a los extensos plazos con los que cobramos de las obras sociales y prepagas”, alertaron las entidades.
Esto puso en alerta a las obras sociales sindicales, que comenzaron a recibir quejas de sus afiliados por falta de atención. Fuentes del sector le confirmaron a Data Gremial que “en estas horas se están recibiendo muchas quejas de la provincia de Buenos Aires y de todo el país de trabajadores que no pueden comprar sus medicamentos”. en muchos casos los farmacéuticos aseguran que “no reciben los pedidos”, y en otros casos, como en las provincias patagónicas de Neuquén y Río Negro, por el corte directo de la atención de la seguridad social.
Según cifras oficiales, en el país el 66 por ciento de las personas está cubierta por obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 33,9 por ciento solo posee cobertura médica a través del sistema público. Las entidades vinculadas a los gremios son unas 200, y con la llegada de la pandemia tuvieron serias dificultades para garantizar la atención. Además, los reclamos de prestadores para que mejoren los pagos pone en constante tensión la atención.
Disputa de fondo
En el caso de la cobertura de medicamentos, la cuestión de fondo está vinculada al acuerdo de precios que rige hasta el 31 de octubre de este año. La firma fue anunciada luego de las PASO por la secretaría de Comercio, e incluye a todos los productos dispensados en farmacias. En las últimas semanas, comenzó a incumplirse el congelamiento, lo que generó la crisis. “Los laboratorios multinacionales nunca firmaron el convenio, y fueron aumentando los valores en este tiempo”, confirmaron fuentes del sector farmacéutico ante la consulta de Data Gremial. Esto generó que muchas empresas nacionales, que son responsables de la producción de los tratamientos menos costosos, pero de mayor rotación en el mercado local, decidieron dejar de entregarlos porque no querían “bancar hasta fin de mes los valores, cuando la inflación sigue creciendo”.
En la actualidad, recalcaron las fuentes, las droguerías están a “un cuarto de su stock”, y los mostradores menos, porque no pueden reponer. “La atención del PAMI la sostienen las farmacias con la industria, a precios diferenciados, en este escenario no se puede sostener”, insistieron. El convenio estableció que los laboratorios deberían ajustar sus valores por abajo del IPC.
Los rumores marcan que una vez terminado el acuerdo, el incremento seria de un 40 por ciento promedio. “El aumento de precios, la escasez de marcas y presentaciones, ahora padecemos las limitaciones que nos imponen las droguerías a la hora de reponer los medicamentos que dispensamos durante el día”, ratificaron las entidades farmacéuticas. En todo momento las farmacias aclararon que “no especulamos con la salud”, y que seguirán atendiendo a sus pacientes, aunque en estas horas se registran algunas situaciones de corte.
Pedido
En tanto, ante la expansión del conflicto, que ya se podía ver en estos días en varias provincias, los farmacéuticos pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para no llegar al corte de servicio. En el caso bonaerense, el colegio que reúne a estos profesionales le envió una carta a Guido Lorenzino, defensor del pueblo provincial, para su “urgente intervención”.
“En nuestra provincia, por imperio de la ley 10.606, la farmacia es un servicio de utilidad pública de dispensa de medicamentos y demás productos del arte de curar en la cual se elaboran fórmulas magistrales y preparados oficinales, material aséptico, inyectables, productos farmacéuticos o cualquier otra forma farmacéutica con destino a ser usados en seres humanos”, recordaron.
Para las farmacias, “es sumamente importante y esencial que las distribuidoras, droguerías y laboratorios provean a las farmacias con continuidad posibilitando la llegada del medicamento a cualquier parte del territorio provincial con inmediatez y para ello debe haber una frecuencia mínima de repartos, proporcionando el adecuado abastecimiento del mercado y con las reposiciones necesarias”.
Por esto, le pidieron al Defensor del Pueblo que acuerde con el sector un “servicio de guardia a los laboratorios, distribuidoras y droguerías proveedoras para el abastecimiento a las farmacias, ya que solo dichos establecimientos se encuentran habilitados por la autoridad sanitaria provincial para la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y distribución de medicamentos en gran escala, lo cual no sucede con las farmacias”.