“Es acuso judicial”. La definición del secretario general de ATE Córdoba sobre el allanamiento a su domicilio, ocurrido ayer martes, deja en claro que la causa iniciada en su contra poco tiene que ver con una investigación. Federico Giuliani está en la mira de la justicia, no sólo por las protestas realizadas por los estatales el sábado pasado, en el marco de la visita del presidente Javier Milei a esa provincia. Antes, ya tenía una causa por diversas protestas, que son consideradas un intento de criminalizar la protesta social y sindical. En este caso, la entidad sindical denunció que el fiscal Ernesto De Aragón, que ya había acusado al dirigente por el delito de “obstrucción al transporte”, ordenó el allanamiento de la sede gremial de ATE Río Cuarto y también el domicilio particular de Giuliani.
“Me secuestraron el teléfono”, le confirmó a Data Gremial Giuliani, que se quejó del avance de la justicia sobre su figura. Además, el dirigente recordó que fue herido en la violenta represión del fin de semana, cuando primero Gendarmería Nacional y luego la Policía de Córdoba atacó a los manifestantes, entre ellos los estatales, que repudiaban la visita del mandatario nacional. “Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra nuestra organización sindical”, expresaron desde ATE sobre esta nueva causa judicial.
A su vez, resaltaron que se trata de “hecho de gravísimas consecuencias para la convivencia democrática en Córdoba, el fiscal provincial Emilio De Aragón prosiguió hoy con el acoso judicial contra el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani”. El dirigente marcó que viene “sufriendo el caso de la justicia”, y marcó que “luchar y protestar no es delito”. En este sentido, fuentes judiciales apunaron al De Aragón, que según dijeron “tiene un perfil anti sindical muy marcado”. En este punto, recordaron que fue el que ordenó la represión en diciembre pasado a un cacerolazo, y procesó a varios dirigentes sociales que encabezaron reclamos de alimentos. “Es el brazo judicial del gobernador Martín Llaryora”, le dijeron las mismas fuentes consultadas por Data Gremial.
Repudio
En tanto, una vez conocida la noticia del nuevo avance contra el dirigente, la CTA Autónoma “repudió enérgicamente” la decisión del fiscal al ordenar el allanamiento de la sede gremial de ATE Río Cuarto y domicilio particular de Giuliani, “agudizando la persecución política y judicial sobre el compañero”. “La repudiable decisión estaría fundada en una causa abierta por el fiscal, en el marco de la represión policial efectuada el pasado 25 de mayo en la avenida Vélez Sarsfield y 27 de Abril de la ciudad cordobesa, cuando efectivos que custodiaban el acto partidario del presidente Javier Milei, lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo contra quienes se manifestaban pacíficamente en el lugar, dejando un saldo de 15)personas heridas de diversa magnitud”, marcó la entidad mediante un comunicado.
“Este hecho de extrema gravedad se suma a la elevación a juicio de Giuliani y referentes de otras organizaciones, por marchar contra el hambre el año pasado”, agregaron. Para la CTA Autónoma “la crisis social y económica imperante sin dudas trazan un camino de lucha que necesariamente se intensifica, con lo cual seguiremos rechazando y denunciando toda práctica persecutoria y criminalizadora de la protesta social, que intente amedrentar y disciplinar a quienes se paran frente a tantas injusticias”. “Ni luchar ni protestar es delito y para nuestra organización es inclaudicable el reclamo por el cese de la persecución política. Toda nuestra mayor solidaridad. Protestar es un derecho”, concluyó la entidad.
Antecedentes
No es la primera vez que la justicia de Córdoba en general y este fiscal en particular tiene medidas contra la protesta social y la dirigencia sindical. El año pasado, por ejemplo, ya imputó al propio Giuliani y a otros dirigentes sociales por el corte de una calle durante la Marcha contra el Hambre, que se realizó el 5 de abril. Dicha causa está elevada a juicio, dando cuenta que “no es el único funcionario judicial disponible para aplicar las políticas represivas del Gobierno de Córdoba”, como marcaron las fuentes.
A raíz de la causa armada por el delito de “obstrucción al transporte” y luego de que el fiscal Ernesto De Aragón pida la elevación a juicio, Federico Giuliani junto a los abogados de ATE Eugenio Biafore y Claudio Orosz, y el secretario de Derechos Humanos del gremio, César Theaux, solicitó a la Cámara de Acusación Penal realizar una “expresión de agravio”. Es decir, rechazaron todo lo actuado en el expediente judicial, y pidieron una investigación penal sobre el fiscal De Aragón y la jueza de Control Nº 4 Anahí Hampartzounian, que dio la razón al fiscal y resolvió la citación a juicio.