“Si hay veto, hay calle”. El cartel levantado por un jubilado en la protesta de esta semana contra el inminente veto de la nueva fórmula jubilatoria anticipa cómo seguirá un conflicto que enfrenta al gobierno con buena parte de los bloques oficialistas. Las políticas libertarias están enfocadas casi exclusivamente en lograr el mentado déficit fiscal cero, para lo cual el ajuste es cada vez más grande. La promesa de movilizarse de los pasivos no es la única que está activa, y se sabe que muchos sectores gremiales están empujando la idea de enfrentar movilizados el actual modelo económico. En este camino, septiembre aparece como clave para muchos delos temas en esta disputa.
Es que en este mes los docentes y nodocentes universitarios volverán a parar, y podrían repetir una gran marcha contra la baja presupuestaria y los salarios en pérdida. Lo mismo prometen los estatales nacionales, atentos a una posible nueva ola de despidos, esta vez vinculados a la afiliación política de los empleados. Septiembre también tendrá definiciones con la vuelta de Ganancias, la reforma laboral y los cambios en las leyes del trabajo. Todos desafíos para la dirigencia sindical.
Los retos de este septiembre para los gremios son varios, vinculados a conflictos que fueron escalando y que no lograr una respuesta adecuada. El de los docentes y no docentes universitarios es uno de ellos, y en los primeros meses del mes puede sumar tensión. Luego de la media sanción de la cámara de Diputados a la Ley de Financiamiento Universitario, se está esperando el visto bueno del senado, donde se sigue negociando. A la par, hay cierta certeza de que de aprobarse el presidente Javier Milei la vetará, en nombre del superávit fiscal. “Si la ley se aprueba y se veta, vamos a movilizar con toda la comunidad educativa como hicimos en abril pasado, copando la Ciudad de Buenos Aires”, le dijo a Data Gremial una fuente del Frente Sindical de Universidades Nacionales. Sobre los números, la misma fuente adelantó que “están finitos”, pero sostienen que la cámara alta “terminará aprobando la propuesta”. Por eso, en estos días los gremios de base de CONADU; CONADU Histórica; FEDUN; CTERA; FAGDUT; UDA y FATUN se reunieron con legisladores en todo el país para remarcar la importancia de esta norma.
Según confirmó el Frente Sindical, el tratamiento de la media sanción será el próximo jueves 5 de septiembre. Ante esto, habrá una movilización al Congreso, que será acompañada por otros espacios gremiales, estudiantes y toda la comunidad educativa. En ese marco, emitieron un comunicado donde se explicó que el espacio “realizó una evaluación de las medidas de protesta –con paros y jornadas de visibilización– realizadas en las últimas dos semanas y considera que las mismas tuvieron un altísimo nivel de adhesión y de impacto en la comunidad universitaria y en la esfera pública. Esto evidencia que hay una base fuerte para defender la universidad pública con salarios dignos”. Sobre la Ley de Financiamiento Universitario, se remarcó que “es consecuencia directa de la gran Marcha Federal Universitaria que hemos protagonizado el 23 de abril y del enorme plan de acción gremial desplegado en el primer cuatrimestre”. “El Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca al pueblo argentino a defender una universidad pública con salarios dignos”, completaron.
Estatales contra los despidos
Otro tema que tendrá un nuevo capítulo en septiembre es la pelea de los estatales nacionales contra la motosierra presidencial, que desde que asumió comenzó con una brutal poda de empleados públicas. Ante el avance de esta política, se formó el Frente Gremial de Estatales Nacionales, que busca ponerle un freno no sólo a las cesantías masivas sino además a la privatización de organismos o sus cierres, como sucede en distintos ámbitos de la administración pública nacional. Este mes habrá una nueva protesta, como le confirmó a Data Gremial el dirigente judicial Matías Fachal. “Si bien no hay una fecha definida, seguramente la jornada de lucha será este mes, para el final”, dijo el titular de la Federación Judicial Argentina (FJA) y referente del espacio.
Fachal adelantó que “en la primera quincena de septiembre nos vamos a reunir para definir esta cuestión”, ya que entre otras cosas surgió un tema grave, que pone en alerta a los integrantes del frente: la posibilidad que el gobierno despida a trabajadores por su afiliación política. Hace unos días, el titular de ATE Rodolfo Aguiar denunció que la gestión de Milei quiere cesantear a empleados “que tengan afiliación partidaria distinta a La Libertad Avanza (LLA), que hayan hecho campaña en contra de la actual gestión, que hayan presentado reiterados certificados médicos, e incluso que sean considerados conflictivos”. Desde ATE recordaron que hay 65 mil trabajadores de la planta transitoria cuyo vínculo laboral se extendió por 90 días, por lo que finalizan en septiembre. “Creemos que van a usar esta metodología con estos trabajadores principalmente”, dijo Fachal, lo que reactivará las protestas del Frente Gremial de Estatales Nacionales.
En este punto, ATE comprobó que son varios los ministerios y secretarías que utilizarían este criterio de despido. Como ejemplo, la secretaría de Transporte presentó un proyecto interno (IF-2024-72051494-APN-GGRH#SOFSE) para reducir en un 36 por ciento del personal bajo este esquema. El sindicato recordó que la Justicia “ya se expidió en reiteradas ocasiones declarando la ilegalidad de las cesantías, y convocó a todas sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción”.
Ganancias: sigue la pelea
Una cuestión clave que puede disparar el malestar sindical es que se mantenga la vuelta de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Este mes se espera que la justicia comience a definir la avalancha de amparos y presentaciones judiciales realizadas por los distintos sectores, y que se seguirán sumando, como paso con la presentación del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), la última de este estilo. La estrategia judicial avanza con varios fallos, y desde la Mesa Sindical adelantaron que esperan nuevos fallos a favor de sus planteos, y como ya adelantó Data Gremial no descartan que haya alguna medida de fuerza para respaldar el accionar de sus integrantes.
Una alternativa que surgió en esta pelea es llevar la discusión al Congreso, con un proyecto que permita eximir de manera definitiva a algunos trabajadores. El primer proyecto de este tipo lo presentó Daniel Gollan, diputado nacional y ex ministro de Salud nacional, que busca dejar sin efecto el tributo para las guardias médicas, ante la amenaza que muchos hospitales y centros asistenciales no logren cubrir el personal necesario, porque los profesionales no quieren ser alcanzados por Ganancias. La iniciativa se presentó con un importante apoyo de los gremios del sector, busca eximir “guardias obligatorias y horas extras en el sistema de salud” del impuesto. “Estamos muy preocupados con la reinstalación del ‘impuesto al salario’, esta ley estuvo en vigencia hasta no hace poco”, le dijo a Data Gremial el referente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) Guillermo Pacagnini.
Para la entidad, la iniciativa “es un paso positivo”, ya que de mantenerse el actual esquema hay “un riesgo doble” para el trabajador de la salud. “Por un lado, el trabajador profesional recibe un recorte de salarios al tributar nuevamente Ganancias, y por otro se genera un riesgo sanitario ante la posibilidad que haya guardias descubiertas”, afirmó Pacagnini. El además dirigente de la CICOP bonaerense sostuvo que más allá del apoyo “lo que hay que buscar es la eliminación del impuesto al salario, en todo el país para todos los trabajadores”. En la presentación de la iniciativa legislativa se advirtió de los efectos de la vuelta de Ganancias, como hizo el Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO), que dijo que muchos hospitales municipales bonaerenses ya están sufriendo la falta de profesionales.