La llegada de Federico Sturzenegger al gabinete nacional fue visto como una mala señal por los gremios estatales, que alertaron sobre sus antecedentes respecto dela función pública. La creación de un ministerio de Desregulación y Transformación del Estado anticipó el rol que jugará en esta gestión el funcionario, que apunta a profundizar el achicamiento de la función pública, un nuevo plus al ya muy dañino “plan motosierra”. El instrumento a utilizar es la llamada “ley hojarasca”, que según se adelantó intentará dar de bajar cientos de regulaciones y leyes consideradas innecesarias para el plan libertaria. Junto con esto, se podrían cerrar cerca de 60 organismos y empresas estatales, que a partir de este proceso de desregulación no serían necesarios.
Así lo adelantaron distintas versiones que comenzaron a correr en el sector público y en el entorno de la Casa Rosada, que aseguran que el flamante ministro ya trabaja en un listado de entidades que caerían bajo su tijera. Para eso, se usará como instrumento el decreto presidencial, habilitado por la Ley bases a partir de las facultades delegadas. “Todo el estado está bajo amenaza en este momento”, dicen entre los dirigentes estatales, que mantiene el estado de “alerta y movilización permanente”.
La idea de cerrar, fusionar o absorber cerca de 60 entidades y organismos públicos es una de las metas de Sturzenegger para este año, según dejaron trascender desde la Casa Rosada. Para eso, trabaja en conjunto con su vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, para dar con el mecanismo respecto de la forma en que se cerrarán estas entidades, si se cumple la segunda parte del plan motosierra.
Según se supo, para terminar con los organismos se utilizarán las facultades extraordinarias que la Ley Bases le otorga al presidente Javier Milei, que entre otras cosas permite “eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente”. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten, otra alternativa que se maneja en la mesa del flamante funcionario. “Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones”, explicaron las fuentes cercanas al Ministerio.
La idea, que profundiza el achicamiento brutal que plantea la gestión libertaria, pone en alarma a los gremios estatales, que saben que esta es la amenaza que se viene. “Después de la aprobación de la Ley Bases y las facultades delegadas, todo el Estado nacional queda en una situación de degradación y descomposición, fundamentalmente por las políticas que establece gestión de Javier Milei”, le dijo a Data Gremial un dirigente de la administración pública nacional, que mantuvo el anonimato para evitar represalias. Si bien no hay información precisa de esa lista de entidades a cerrar, ni la forma de hacerlo, la sospecha es que se buscará “evitar cualquier desguace”.
“Estamos en un estado de alerta y movilización permanente, en especial para responder a cada una de las acciones que vaya planteando el gobierno libertario”, agregó el mismo dirigente. Para los gremios, el déficit fiscal se “mantiene gracias a la fuga, y ajustando a los sectores más vulnerables de la sociedad”, a lo que se suma “la designación de Sturzenegger, un personaje hartamente conocido por los estatales”.
Posibles despidos
Además de dejar al estado sin capacidad de intervenir en muchas áreas, el cierre de estas dependencias puede generar nuevos despidos masivos, que se sumen a los más de 6 mil que se dieron al comienzo de este mes, con la no renovación de muchos contratos. En este sentido, desde ATE recordaron que el artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Determina que queden “un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado”.
Además, los empleados podrán “ser cedidos de Nación a provincias y municipios y se contempla una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”, tomando como base la mayor remuneración del último año. El Ejecutivo incluyó un articulado que lo habilita a no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, el abandono de tareas o el incumplimiento de horario. Un dato clave es que muchas entidades públicas claves fueron excluidas de la capacidad presidencial de cerrarlas. Estas son el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
Cambios en el INCAA
Pertenecer a este listado de organismos no quiere decir que se esté a salvo de la motosierra de Milei, que limite atribuciones, se cambien estructuras o hasta se trasladen sus funciones. Así quedó demostrado con la reforma planteada en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que a través del decreto 662/2024 publicado esta semana en el Boletín Oficial aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741) “con el objeto de dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a la aplicación del régimen establecido y sus modificatorias” para la optimización de los procesos y la racionalización de los recursos. Desde el Poder Ejecutivo destacaron la reducción de los recursos y argumentaron el recorte en el personal al plantear que “en el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente 90 personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de 900 agentes”.
“Sobre el cierre de 60 organismos estatales no tengo información”, dijeron a Data Gremial desde la Junta Interna del organismo. La noticia, recalcaron, “es que Sturzenegger avanza en un decreto con esa intención para unificar y reducir atribuciones de reparticiones. Eso saldría por decreto presidencial”. Los cambios confirmados por los trabajadores del INCAA incluyen la creación de órganos de cogobireno ad honorem; fin de la cuota de pantalla nacional, cambios en las condiciones de acceso y de inhabilitación en la otorgación de subsidios, que en todos los casos no puede superar el 50 por ciento del costo de producción total del proyecto.
En el Gobierno consideran que el sistema de entrega de subsidios “ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países" por lo que debe ser "modificado, modernizado y dotado de eficiencia”. De esta forma, entienden que debe priorizarse el fomento a la industria en base a la calidad y posibilidades de exhibición, audiencia y recuperación de los fondos otorgados, “por sobre preferencias ideológicas”.