A pocas horas de iniciar un paro en todas las líneas de trenes del país, La Fraternidad recibió la notificación de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional, y decidió levantar el paro de ayer miércoles. El reclamo salarial delos maquinistas apunta a la decisión de la gestión libertaria de cerrar todas las paritarias estatales bajo el techo impuesto por el Ministerio de Economía. “No alcanza ni para un alfajor”, ironizó Omar Maturano, líder del sindicato, que ahora tiene 15 días para negociar mejoras en los ingresos. Lo cierto es que la idea de Luis “Toto” Caputo es mantener los aumentos mensuales por debajo de la inflación, y para diciembre los empleados del estado recibieron casi todos la misma oferta: 2 por ciento de incremento. Esto no sólo incluye a los trabajadores del Estado nacional, sino además docentes y nodocentes universitarios y empleados de empresas públicas –como los ferroviarios –o de organismos bajo su control, como los médicos de los hospitales nacionales.
La apuesta es riesgosa, ya que deja abierto que en el verano proliferen los conflictos. Más si se intenta imponer ese techo en el sector privado, como ocurre con la discusión de los camioneros, que está en la antesala de medidas de fuerza.
No es la primera vez que Caputo intenta limitar las discusiones salariales. En marzo, cuando pasó la tormenta devaluatoria, quiso imponer porcentajes por debajo del IPC, pero no lo logró, en especial porque la pérdida salarial era tan importante en el primer trimestre del año que los gremios presionaron para intentar recuperar lo perdido. En agosto, con cierta estabilidad inflacionaria, volvió a la carga con esta idea, pero sólo consiguió firmar paritarias mediocres en el estado nacional, con ayuda de UPCN.
Ahora, con la “inflación domada”, la idea es conseguir que los sueldos vayan al ritmo de los precios, lo que es inaceptable para la dirigencia. Pero lejos de recular, el gobierno avanza imponiendo en más sectores públicos este esquema. Ya se está aplicando entre los docentes universitarios, con la última liquidación salarial ya confirmada según el instructivo que ya está en las universidades; en los empleados de empresas estatales y hasta en el sector salud. Todo bajo el nombre de la segunda etapa del plan de ajuste: la “motosierra Deep”.
“No vamos a aceptar que se aplique este sistema”, sostuvo una fuente del sector aeronáutico a Data Gremial, ante la chance que el gobierno intente ponerle el techo paritario a la negociación en Aerolíneas Argentinas. El sector tuvo un año especialmente complejo en materia salarial, en medio de la intensión del gobierno de deshacerse de la empresa, ya sea a través de la privatización o de otras alternativas, como entregar el control a los trabajadores. Esta semana, el espacio integrado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresa Aeronáuticas (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, cursaron un pedido formal de reunión la presidente de la firma estatal, Fabián Lombardo, para retomar la discusión paritaria. Según comunicaron los gremios desde sus redes oficiales, este pedido se funda en “la necesidad de seguir avanzando en una solución que recomponga los ingresos de nuestros/as representados/as dado el atraso salarial que ha dañado el poder adquisitivo de los/as trabajadores del grupo”. “No somos estatales, somos aeronáuticos”, fue la confirmación de la misma fuente para negar el techo salarial.
Privados, en rebeldía
Si el techo salarial genera reacciones en todo el arco estatal, su traslado al sector privado es totalmente rechazado por los gremios, que recuerdan todo el tiempo que “las paritarias son libres por ley”. En este sentido, la imposición de ese 1 por ciento en las mesas salariales de diciembre que el detonante para que la CGT decidiera no aceptar sentarse con el gobierno y los empresarios más importantes del país, que forman el llamado Grupo de los Seis, para buscar consensos en materia de reformas de leyes laborales. Si bien no hubo una invitación formal a ese cónclave, comenzó a circular por los medios su realización.
Con el malestar por el intento de imponer un límite en los aumentos, la dirigencia de la central obrera avisó, también de forma pública, que no participaría de esa o ninguna instancia si no se respetaba la negociación salarial. el resultado: no hubo encuentro ni avance en la discusión.
Quien más enojado está por esta realidad es Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros, que está al borde de un paro por la falta de ofertas de las cámaras empresarias para cerrar el año. Las negociaciones comenzaron con una propuesta inicial de Moyano, que solicitó un aumento del 15 por ciento en tres tramos mensuales de 5 por ciento, además de un bono de fin de año de 650 mil pesos.
La oferta fue rechazada por l patronal, que cuenta con el respaldo del gobierno, según se desprende de su oferta: aumento del 1 por ciento mensual. Este martes, tras nuevas reuniones, los empresarios elevaron su oferta a un 8,5 por ciento trimestral (3 por ciento en diciembre, 2,5 por ciento en enero y 3 por ciento en febrero), incluyendo el bono. Sin embargo, la intervención de la Secretaría de Trabajo, que advirtió que no homologará incrementos superiores al techo, frustró cualquier posibilidad de acuerdo.
Según se supo, desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, insistieron en que cualquier aumento debe respetar el límite mensual definido por la política económica oficial. Esto generó el malestar de la dirigencia. En la cumbre de esta semana de la mesa chica de la CGT, Hugo Moyano criticó la intromisión del Ejecutivo en la negociación paritaria. En este sentido, recordaron otros tiempos, cuando el propio Javier Milei hablaba de las paritarias como “una negociación entre privados que el estado no tiene nada que hacer”.
La negociación continuará hoy jueves con un nuevo encuentro, donde se buscará acercar posiciones. Mientras tanto, las partes mantienen contactos informales en un intento por destrabar el conflicto y evitar medidas de fuerza que podrían impactar en la actividad económica y logística del país. Sin embargo, el sindicato no descarta la posibilidad de iniciar un plan de lucha si no se alcanza un acuerdo favorable.
Pérdida salarial
En este contexto, el techo salarial ya se impuso, dicen algunos gremios, que recuerdan que en general la gestión Milei está cruzada por la pérdida salarial. Un reciente documento de CONADU Histórica sostuvo que el retroceso de los salarios del sector alcanza el 50 por ciento, una situación que no se ve hace décadas. Según el gremio, “las decisiones unilaterales del gobierno nacional han profundizado la crisis del sector, generando una pérdida salarial superior al 50 por ciento desde noviembre de 2023”.
La entidad, que forma parte del Frente Sindical de Universidades Nacionales, destacó que a lo largo del año las reuniones paritarias “fueron ineficaces, ya que los aumentos salariales terminaban siendo impuestos unilateralmente”. “En meses como junio, julio y desde octubre hasta ahora, los incrementos fueron directamente decretados. Esto es un atropello a la negociación colectiva”, denunció.
Este punto es apoyado por un reciente informe del IDEP, el instituto de estudios de ATE, que unió la estrategia del techo salarial con la ejecución presupuestaria, que también impacto en los sueldos. “El efecto licuación operó sobre el valor de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y salarios públicos y de docentes universitarios”, dijo el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
“La motosierra dispuso recortes en los subsidios, el gasto de capital y las transferencias a provincias. A diferencia de los primeros meses del año, actualmente prevalece el efecto motosierra que explica el 63 por ciento del ajuste en 11 meses”, destacó el IDEP. En la medición mensual, “el ajuste real se sostiene mes a mes. La licuación real deja de ser el instrumento que lidera el ajuste en la medida que opera el nuevo modo de indexar las prestaciones previsionales, en función de la inflación pasada, congelando su valor real”.