Cuando una docente jubilada intentó acercarse al cabildo de la capital cordobesa, no imaginaba lo que iba a pasar. Al menos cuatro efectivos de la infantería local la arrinconaron contra la pared con sus escudos, mientras la golpeaban y le arrojaban gas pimienta. La violenta acción generó la reacción de los manifestantes que rechazaban la visita del presidente Javier Milei, y fue el inicio del ataque que dejó al menos 10 heridos, según denunciaron desde la seccional Córdoba del gremio ATE, que organizó las acciones contra la presencia del mandatario. Antes, los estatales también fueron atacados por gendarmería, en ese caso cuando protestaban en las inmediaciones del aeropuerto local. Ambos episodios muestran la fase represiva de esta gestión, que no dudo en golpear y dispararle a trabajadores, en algunos casos a pocos metros. El caso más grave es un hombre que fue internado por las heridas sufridas cuando fue alcanzado por balas de goma. “Dejen de tirar a la cara”, se pudo escuchar a algunos manifestantes, cuando los efectos de seguridad intentaban despejar los cortes. En una provincia donde el mandatario ganó con más del 75 por ciento de los votos, se comienza a ver signos del malestar social que crece, y con el antecedente de Misiones hay alarma sobre un aumento de la conflictividad en todo el país.
La tarde del sábado, la dirigencia nacional de ATE repudió la violenta represión de las fuerzas de seguridad en Córdoba contra “la manifestación pacífica del sindicato, mediante la cual golpearon y dispararon con balas de goma a los trabajadores”. Según le confirmó a Data Gremial la dirigencia cordobesa del gremio, en total hubo cuatro heridos en las inmediaciones del aeropuerto, más nueve heridos por balas de goma de la Policía de Córdoba. El caso más grave fue el de un internado en el hospital Elpidio Torres con “golpes de palos”, que finalmente fue dado de alta este lunes por la mañana.
Entre los varios dirigentes de ATE lesionados se encuentran el secretario general local Federico Giuliani con una herida de bala de goma en el brazo y la vocal del Consejo Directivo Nacional, Julia Giuliani, con tres balas de goma y afectada por el gas pimienta. Además, hay un dirigente de la Seccional San Francisco de ATE herido de bala de goma cerca del ojo. “ATE hace responsable a los funcionarios del Gobierno nacional, Javier Milei y Patricia Bullrich, como a los funcionarios provinciales que encabeza Martín Llaryora por los desastres ocurridos con un operativo policial absolutamente desmedido e inconstitucional”, expresó el gremio luego de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
“Fue una jornada tremenda, primeros fuimos reprimidos por la Gendarmería y después por la policía local, fue una locura lo que se vivió”, le dijo a Data Gremial Giuliani, quien confirmó que el herido más grave está fuera de peligro, y fue dado de alta. Según explicó, por ahora están juntando pruebas de la represión “para realizar una denuncia judicial”, que buscará llegar a los responsables del accionar de las fuerzas de seguridad.
En la previa, el propio Giuliani había anticipado que podrían producirse incidentes más allá de las acciones de los gremios. En ese marco, el dirigente sindical destacó: “Misiones demuestra que si los dirigentes no están en la calle la gente va a salir igual”. Así se refirió a la protesta que se inició por parte de policías retirados, y se volvió una rebelión a la que se sumaron estatales, docentes y el personal de la salud.
Tensión
La represión en Córdoba aumenta el malestar en el país, y se suma a la crisis institucional en Misiones, lo que puede terminar en un “efecto contagio” en otras provincias. Durante el fin de semana, hubo versiones de cierto malestar de las fuerzas de seguridad de Corrientes, que podrían realizar una protesta como la misionera.
En este punto, como anticipó Data Gremial, la dirigencia estatal está mirando con atención los conflictos locales, que pueden encender crisis similares. Para Matías Fachal, titular de la Federación Judicial Argentina (FJA) y referente del Frente de Gremios Estatales consideró que “claramente no somos los trabajadores o los sindicatos los que tenemos que temer porque se contagien los conflictos como el de Misiones, eso debe ser una preocupación de los gobiernos provinciales y el nacional. Nuestro temor es que el salario no alcanza y las paritarias están congeladas”.
Para apoyar el reclamo misionero, y ante la posibilidad de “nacionalizar” los reclamos, la semana pasada la CTA Autónoma realizó una concentración frente a la Casa de Misiones en la Ciudad Buenos Aires para respaldar la lucha que llevan adelante docentes, trabajadores de la salud y de la policía en reclamo de aumentos salariales y denunciando que las trabajadoras y trabajadores tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia.
Los acampes en Misiones ya llevan más de una semana. Mientras una delegación de dirigentes se preparaba para ingresar a entregar una nota a la Casa de Misiones, la Policía de la Ciudad montó un operativo represivo, “golpeando a dirigentes y gaseando a compañeros y compañeras que estaban en la concentración”. Otro hecho que hace pensar en una escalada represiva.
Despidos
Otra cuestión que puede aumentar la tensión en el sector público es la decisión del gobierno nacional de realizar nuevos despidos en junio. En marzo, estaban en revisión unos 70 mil contratos, muchos de ellos que fueron extendidos por tres meses más. El plazo de esta extensión es el 30 de junio. “Es sano revisar cada área”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada. Adorni explicó que hay un “proceso permanente” de evaluación de la planta de empleados públicos. El vocero presidencial ratificó: “Más despidos va a haber, con seguridad. Lo dijimos que iba a haber una segunda revisión, que se le iba a dar curso el 30 de junio. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es se corrige”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dijo en su exposición en el Senado, en el marco de su informe de gestión a mediados de mayo, ante una consulta sobre los despidos en el Estado: “El criterio es mantener a la gente que trabaja y trabaja bien, si eso no se ocurre, se trabajará en corregirlo”. Se trata de una de las principales medidas del Gobierno para reducir el gasto público, en su meta de conseguir el déficit cero, lo que el Ejecutivo considera “innegociable”.
Posse dijo: “Cuando recibimos la administración había una enorme cantidad de contratos que tenían vencimiento al 31 de diciembre y muy poca claridad de qué tareas realizaba esa gente y a qué estaban abocados. Esto se está poniendo en orden lo más rápido posible de manera gradual, tratando de tener el foco puesto en la gente que hace su trabajo y da un servicio y no cometiendo injusticias”. El jefe de Gabinete respondió a las preguntas de la senadora de la UCR, Carolina Losada, que le planteó: “Una preocupación que tengo tiene que ver con muchas denuncias que estoy recibiendo de gente que trabaja en diferentes organismos públicos”.