En 1993, bajo el título de “Invertir en salud”, el Banco Mundial lanzó un documento donde insta a los gobiernos a realizar reformas, a partir de directrices que daban como resultado “un enfoque triple para las políticas oficiales encaminadas a mejorar la salud”. Este trabajo se volvió una especie de “biblia” de los promotores un modelo sanitario donde se abandone el predominio de la esfera pública y se abra la puerta a seguros y otras formas privadas de cobertura y atención. Tres décadas después, el tema vuelve a la discusión política con fuerza, ya que en la plataforma de Javier Milei está establecido para el sector salud una serie de medidas calcadas de aquel viejo texto.
El triunfo en las PASO y las perspectivas de que ingrese a una segunda vuelta hace que estas ideas sean al menos posibles, cuando hace poco estaban muy lejos de esa chance. Ante esto, gremios y trabajadores de la salud lanzaron una campaña para rechazar la propuesta, y comenzaron a organizar la resistencia popular” a estos cambios.
En la plataforma de La libertad avanza, la cuestión de salud es abordada de forma concisa, pero contundente. La idea del espacio que lidera Milei es “arancelar todas las prestaciones”, junto a la creación de un “seguro universal que sea proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio, que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar”.
También se hace referencia a “la posibilidad de cobrar todos los gastos médicos a aquellos residentes extranjeros que demuestren disponibilidad económica”. Esto está en línea con el documento del Banco Mundial, que establece que “el financiamiento estatal de medidas de salud pública y de un conjunto de servicios clínicos esenciales definido a nivel nacional haría que el resto de la asistencia clínica se financiara privadamente o mediante seguros sociales”. Este sistema de seguros rige en Estados Unidos, por ejemplo, bajo el nombre de Medicare, y en estos días está en discusión por el aumento del valor de los medicamentos, que obligó a la gestión de Joe Biden a financiar 10 productos y así evitar que se vuelvan inaccesibles a la población.
“La propuesta privatista de Milei no difiere mucho de otros intentos similares que se dieron en la región y el mundo, que se puede definir en traspasar de un sistema de derechos a un sistema de negocios de las áreas de protección social”, sostuvo Daniel Godoy, director del IDEP-Salud, entidad sanitaria de ATE. Vinculado al complejo médico-farmacéutico, el mecanismo explicó Godoy se basa en “capturar el circulante de la seguridad social y redirigirlos al esquema de la mercantilización”. “Bajo la norma se fija un piso de servicios, a partir de lo cual se escalonan niveles de prestaciones de acuerdo a la capacidad de pago de las personas. Algo muy compatible con los seguros tradicionales”, completó ante la consulta de Data Gremial.
El mismo se impuso en este tiempo en varios países, como Chile o Colombia, y según Godoy en todos ellos “uno se encuentra con una matriz, que va desde la desregularización de la seguridad social hasta la autonomía de los hospitales, con canastas básicas de servicio, que confirma esta reconversión del sistema”.
Impacto
Si bien la propuesta no es nueva, como afirmó Godoy, sería un cambio radical en el país, aunque existen varios antecedentes. Sin ir más lejos, recordó el titular del IDEP-Salud, “con la Cobertura Universal de Salud (CUS), el ex presidente Mauricio Macri comenzó un proceso en este mismo sentido, que llegó hasta el dramático cierre del Ministerio de Salud y que fue frustrado por la resistencia popular”. Uno de los impactos primeros se da en la desaparición de la gratuidad de la salud, que sería arancelada en casi todos sus aspectos. Incluso los medicamentos serán parte de los seguros, por lo cual si no se tiene acceso a ellos se deberá pagar el valor de mercado.
Pensando en esto, circuló en estos días un análisis de los valores que los pacientes deberían pagar si no existe la actual seguridad social, que componen obras sociales sindicales y provinciales, junto a las prepagas. Con precios al 16 de agosto, una persona con diabetes tipo 2 (que representan aproximadamente el 90 por ciento de los casos) tendría que pagar tratamiento a precio de mercado y desembolsar entre 9.539 y 78.867 pesos; y si tuviera diabetes tipo 1, debería destinar como mínimo 96.719 pesos, solo en medicamentos, según el cálculo del periodista científico Pablo Esteban. Para los pacientes con hipertensión arterial al año deben pagar 234.481 pesos. En la actualidad, los descuentos de la seguridad social llegan al 60 por ciento, y para quienes no están bajo ese régimen está el Plan Remediar, que entrega los tratamientos gratuitos.
Campaña
Si bien en su momento se resistió la imposición de este modelo, el triunfo de Milei volvió a traer la amenaza, bastante real. “Lo vemos como posible, el resultado de las PASO y el escenario político, con la decepción de Unión por la Patria y la falta de alternativa para las mayorías populares nos pone en un escenario preocupante”, resaltó Godoy. En tanto, CICOP de declaró en “estado de alerta y movilización” por estas propuestas. El gremio de los médicos bonaerense planteó que “la propuesta de que el mercado se haga cargo de todo el sistema de salud solo puede tener un resultado la desprotección de los sectores de menor poder adquisitivo, la ausencia de planificación sanitaria y la imposibilidad de reaccionar frente a cualquier catástrofe sanitaria”.
En tanto, Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó para mañana a asamblea de trabajadores en rechazo de los discursos opositores privatistas de la salud, y sostuvo que “la salud es un derecho y no un gasto o un negocio” aseguró el sindicato. “La única deuda es con el salario y el reconocimiento profesional. El gremio convoca al personal del Garrahan y a toda la comunidad hospitalaria a organizarse en defensa propia y de los derechos conquistados”, puntualizó el documento difundido por la entidad que lidera Norma Lezama.
“La salud es un derecho y no una mercancía. No es un gasto sino una inversión. Es preciso no volver al pasado y tampoco resignarse a lo que está mal. En las últimas décadas hubo un progresivo vaciamiento de los derechos sociales, entre ellos la salud. Si no retrocedió aún más, fue por la lucha y el sostén social”, enfatizó. Para el gremio, es comprensible "el enojo de una parte muy importante de la población que no puede acceder a derechos básicos", aunque advirtió que “nada de eso se resuelve suprimiendo lo que queda y con discursos privatistas de la salud”. Eb este sentido, Godoy aclaró que “todos los derechos que anuncia Milei que va a abolir no son muy distintos a los que puede sacar si gana Patricia Bullrich”, y adelantó: “nos estamos ocupando desde el movimiento sanitario para volver a alzar la guardia y movilizarnos para iniciar un proceso de resistencia”.