El paquete de medidas económicas anunciado la semana pasada por el ministro Luis Caputo incluyó una mega devaluación que tuvo impacto directo en los precios, que en poco tiempo tuvieron una escalada muy importante. Esto genera alarma en los gremios, que saben que para intentar proteger a los salarios deberán reabrir las paritarias inmediatamente. Pero incluso logrando esto, las proyecciones sobre esta carrera son malas. Un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) alertó que en los próximos meses el salario real puede tener una caída “muy importante”, que paradójicamente es necesaria para que el plan del gobierno tenga algún éxito. Atentos a estas cuestiones, los dirigentes de diversos sectores están planteando acortar los tiempos dela negociación salarial, e incluso apuntan a “paritarias mensuales” como respuesta a la espiral inflacionaria. La crisis impactará en la situación de jubilados y beneficiarios de planes sociales.
El trabajo del IPyPP, entidad que dirige el economista y ex diputado nacional Claudio Lozano, analizó las medidas de Caputo, y los argumentos que presentó el funcionario respecto a la necesidad de devaluar y tomar otras iniciativas. “El shock inflacionario promovido por el gobierno tiene por objeto deprimir por caída de la demanda la actividad económica y por esta vía lograr la desaceleración de los precios”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. Para la entidad, en la presentación “no se dijo pero es constitutivo de estas políticas retrasar la evolución de salarios y jubilaciones, así como también de los programas sociales respecto al aumento general de precios”. “La amenaza permanente a la hiperinflación azuzada desde el mismo gobierno, que parece ser al mismo tiempo su propia oposición irresponsable, junto con medidas que contribuyen a provocarla (devaluación y aumento acelerado de la nafta en pocos días), cuenta con un ancla principal que es la que evitaría que la advertencia ocurra: la depresión salarial y de ingresos de las mayorías”, denunció el informe, que aclaró que a esta ancla recesiva “también contribuirá el ajuste fiscal”.
En este contexto, el IPyPP y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma proyectan el impacto de las medidas en los salarios, y establece que “son muy pocos los sectores que ya tienen previstos aumentos para los próximos meses”. “Muchas revisiones tendrán que negociarse este mes, dando lugar a una reapertura generalizada de las negociaciones salariales”, aclaró el documento. Sin embargo, “es un contexto donde los empleadores se ven fortalecidos y la secretaría de Trabajo se encuentra dirigida por representantes patronales”. Por eso, la entidad argumenta que “asumiendo una aceleración de la inflación en los próximos meses y dado que casi no hay aumentos salariales previstos a partir de enero, la caída del salario real puede ser muy importante”. Este empeorará aún más la situación de los asalariados, ya que en los últimos años la carrera entre inflación e ingresos la gana en casi todos los sectores el primer ítem, lo que es el motor de la mayoría de los conflictos. Esto parece que se potenciará con el paquete actual de medidas, económicos y laborales.
Negociaciones abiertas
Esto empeora si se agregan las proyecciones del IPC para diciembre y los primeros meses del 2024, que los especialistas ubican seguramente en dos dígitos, en casi todos los casos superando el 20 por ciento. Esto hace pensar que la dinámica de las paritarias será más intensa que este año. Por ahora, recalcó el informe del IPyPP, “hay anuncios sobre cambios en el sistema de negociación colectiva y gran parte del éxito de las medidas anunciadas por Luis Caputo está atado a lograr una caída sustancial del salario real”. En concreto, se recordó que en diciembre tienen comprometida su cláusula de revisión, entre otros, los plásticos, molineros, el cuero, el sector público bonaerense, prensa, bancarios, metalúrgicos, carga y descarga, químicos, textiles y transporte automotor de pasajeros.
En el caso de los estatales de la provincia de Buenos Aires, este miércoles hubo una reunión con algunos representantes de los gremios con el gobernador Axel Kicillof, pero el mismo fue un “encuentro informal”. Según detallaron fuentes del mismo a Data Gremial, la convocatoria “fue cerrada a algunos sectores de estatales y docentes, pero no incluyó a todos los trabajadores”. En este contexto, las fuentes consultadas recalcaron que “no se trató de una apertura de paritarias ni mucho menos”, y si bien no hay mayores detalles del encuentro, se sabe que “no se habló de las nuevas subas salariales”. El acuerdo de palabra alcanzado en noviembre hablaba de un nuevo incremento en la primera quincena de este mes, por lo cual en algunos sindicatos crece el descontento. Además, el instituto recordó que en enero del año que viene “la cláusula de revisión llega al comercio, las entidades civiles y deportivas, sanidad y jaboneros”. También deberían negociar casas particulares, construcción y SMATA, a quienes se les vence el acuerdo salarial el 31 de diciembre.
Jubilaciones y planes sociales
Por su parte, el IPyPP alertó que “el ajuste de las jubilaciones puede lograrse rápidamente, incluso sin alterar la fórmula de movilidad, eliminando los bonos que la anterior gestión daba para compensar los deficientes resultados que alcanzaba la ecuación”. “Hay que considerar que actualmente los bonos representan más de la mitad del haber mínimo, con lo cual el recorte inmediato puede llegar a ser del 34 por ciento nominal en enero”, se explicó. Teniendo en cuenta una pauta de inflación mensual del 20 por ciento, “al recortarse el bono quienes cobren la mínima perderán un 45 por ciento en términos reales en enero y, de no haber ninguna compensación, otro 16,7 por ciento en febrero. Ello acumulará un recorte del 57 por ciento real entre junio 2023 (último dato de pobreza publicado) y febrero 2024”.
Por último, respecto al anuncio de la suba de beneficio como la AUH y la Tarjeta Alimentar, que duplicará su monto y crecerá un 50 por ciento su valor respectivamente, marcaron que estos planes “vienen acumulando fuertes retrasos”, y en conjunto no alcanzan ni a la mitad de las familias pobres. “Al gobierno de Milei no se le ocurre una solución mejor frente al desastre social que promueven, para quienes están sumergidos en la pobreza, como podría ser la universalización del Potenciar Trabajo para quienes estén en condiciones de informalidad laboral, que además de ampliar la cobertura eliminaría la intermediación”, concluyó el reporte.