Hasta el 8 de abril, la empresa Caminos del Río Uruguay dejará oficialmente de ser la concesionaria de varios tramos de rutas argentinas, ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Si bien el gobierno inició una nueva licitación, hasta que esta finalice hay incertidumbre sobre el futuro de la firma y sus trabajadores. Ante esto, esta semana la Dirección de Vialidad Nacional anunció que se hará cargo de las arterias hasta que haya una nueva empresa adjudicada, algo que según las versiones podría ocurrir entre septiembre y octubre. La decisión fue duramente criticada por los gremios del sector, que consideran “un absurdo” la medida, que incluye dejar de cobrar peajes el tiempo que las rutas estén bajo jurisdicción estatal. La preocupación principal apunta a las fuentes de trabajo, que en el caso del Sindicato de Trabajadores del Peaje (SUTPA) son unas 500, en muchos casos empleados con 30 años de antigüedad. Además, estas tareas se realizarán en momentos que el gobierno quiere aplicar un fuerte ajuste en Vialidad, despidiendo a un tercio de sus empleados, según denunció la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). Cuáles son los planes oficiales para estos meses de transición.
Mediante un comunicado, las autoridades de Vialidad Nacional confirmaron que se harán cargo de las rutas de Caminos del Río Uruguay desde la cero horas del 9 de abril de este año, cuando venza la actual concesión. A partir de esto, y hasta que se complete la nueva licitación, la entidad será “la autoridad de aplicación” y se hará cargo del mantenimiento de rutas nacionales hasta ahora en manos de la firma.
En este tiempo, los gremios del sector habían alertado por la falta de definiciones sobre el futuro de la firma y sus empleados, pero la medida no generó tranquilidad, todo lo contrario. “Nos parece insólito que el organismo del Estado más sospechado en materia de corrupción y peores resultados generó se quiera hacer cargo de las rutas del MERCOSUR y la principal conexión a países como Brasil y Uruguay”, sostuvo Marcos Cortés, secretario Gremial del SUTPA. En diálogo con Data Gremial, el dirigente además marcó que este traspaso se hace “en un gobierno que desde que llegó habla de achicar el estado y potenciar a los privados, y hoy saca a Caminos del Río Uruguay y asume unos 600 kilómetros de rutas con un organismo que se dice posiblemente vaya a una disolución o fusión”.
Cortés aclaró que el SUTPA no está reclamando “en nombre de la empresa”, sino pidiendo por los puestos de trabajo que se pueden perder, que contabilizaron en alrededor de 500. A partir de ello, se aclaró, que se llevará adelante “el relevamiento de la infraestructura vial y de todos los bienes que forman parte de la concesión a fin de generar el cierre administrativo y labrar las actas de infracción a la empresa saliente, en caso que se detecten deficiencias o faltantes”.
En la actualidad, la empresa tiene trabajadores con 30 años de antigüedad, y no hay certezas de cómo se puede resolver su continuidad. Por eso, este jueves habrá una audiencia en la secretaría de Trabajo. “Es una medida recontra llamativa, hace un año y medio que quieren sacar a la empresa; se habló de prorrogar el contrato, pero al final quedó un limbo entre este 8 de abril hasta posiblemente octubre de este año. Como no tienen a nadie que se haga cargo, Vialidad Nacional asume esa responsabilidad”, destacó Cortés.
En este tiempo, el SUTPA presentó ante autoridades nacionales distintas alternativas para que los trabajadores “no queden rehenes de ese limbo, porque hoy no se garantiza la continuidad laboral”, explicó el referente sindical. Otro problema que surge es que la empresa saliente está en concurso preventivo de acreedores, y se sospecha que pronto presentará la quiebra.
Detalles de la medida
Ante el vencimiento de la licitación, Vialidad Nacional anunció que se hará cargo de las rutas de la empresa saliente, un proceso que podría durar hasta septiembre u octubre, según las estimaciones del SUTPA. A partir de ello, se llevará adelante “el relevamiento de la infraestructura vial y de todos los bienes que forman parte de la concesión a fin de generar el cierre administrativo y labrar las actas de infracción a la empresa saliente, en caso que se detecten deficiencias o faltantes”. Además, se realizará “un plan de puesta a punto de las trazas con el fin de optimizar las condiciones de circulación y seguridad vial para todos los usuarios”. Entre los trabajos que se llevarán adelante se incluyen: “Corte de pastos y desmalezado de banquinas; se realizará el corte de pastizales sobre más de 3 mil hectáreas que comprenden los actuales tramos de la concesión; provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente”. Se trata de la adquisición y colocación de 4.624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente que permitirá realizar trabajos de bacheo.
Otra de las medidas anunciadas es el levantamiento de las barreras de peaje, es decir, durante el período entre la finalización del actual contrato y el inicio de los siguientes, “no se realizará el cobro de peaje”. “Es una locura radical querer dejar de cobrar esos peajes para volver a cobrarlos ocho meses después, con un nuevo privado como pretenden los pliegos nuevos de la licitación. No nos parece viable”, dijo Cortés sobre esta polémica medida.
Por eso, el dirigente insistió con la idea que estos empleados “son rehenes” de la pelea entre el gobierno y la empresa. “No tendrían su indemnización después de 30 años de trabajo gente que no son ñoquis, que siempre estuvieron cumpliendo sus tareas”, recalcó. Con esta medida, se estima que esos 600 kilómetros de traza que deberá controla Vialidad se hagan con dos móviles disponibles.
En el lapso que las trazas se encuentren sin concesión, Vialidad Nacional proveerá a través de “una contratación el servicio de grúas para el remolque de vehículos. Se informarán por los medios oficiales los canales de comunicación para solicitar la asistencia”. Mediante la adquisición de elementos de señalética y seguridad vial se incorporarán elementos tales como balizas, vallas, canalizadores de tránsito y tambores con material refractario que servirán para optimizar las condiciones de seguridad vial para todos los usuarios. Cabe destacar que Vialidad Nacional es un organismo que lleva adelante un compendio de contratos con terceros, entre los que se encuentran empresas contratistas, prestadores de servicios y empresas concesionarias. Con estas últimas, el organismo actúa como autoridad de aplicación de los contratos celebrados mediante las regulaciones estipuladas para la concesión de obra pública.
Licitación polémica
Esta semana hubo una nueva reunión en el Congreso para discutir el proceso de licitaciones, que fue rechazado por FEPEVINA, entre otros. Es que según su mirada, la elaboración de los pliegos y las condiciones son muy similares a los 90, que afirmaron “ya fracasó”. “La licitación viene atrasada, ya se realizaron las audiencias públicas, que son un desastre, porque es una situación onerosa para el Estado nacional, diría que peor que las concesiones de los 90”, subrayó Fabián Cattanzaro, secretario Gremial de FEPEVINA. Ante la consulta de Data Gremial, coincidió con el SUTPA que el proceso durará “al menos seis meses”, por lo cual no habrá novedades hasta octubre de este año. El gremio además aseguró que los pliegos elaborados por el gobierno “no fomentan la participación”, y cuestionaron los planes oficiales.
En cuanto a la decisión de hacerse cargo de las rutas, Cattanzaro recalcó que la medida “demuestra una vez más que cuando se retira el privado los trabajadores de Vialidad estamos ahí, cuando no se hacen las obras aparece el organismo”. Pese a esto, Cattanzaro alertó que “creemos que no se va a lograr revertir el proceso en que se encuentra inmerso el organismo y el estado nacional, su desguace y limitación de recursos”. “La concesión va a entregar la ruta destruida, por el abandono y la falta de mantenimiento, y como corolario de eso van a despedir a los 500 trabajadores que tienen, que no van a cobrar un peso porque van a declarar la quiebra”, subrayó Cattanzaro. Desde FEPEVINA planteamos que Vialidad Nacional “absorba esos trabajadores, algo que fue rechazado por las autoridades”.