Hace unos días, el colectivo Ni una menos se movilizó al Senado, para rechazar la aprobación de la Ley Bases. Bajo la consigna “Ni una jubilada menos”, el espacio feminista alertó de los efectos que tendrá la norma del oficialismo respecto a las mujeres. En este sentido, afirmaron que el repudio incluye la totalidad de la ley, y no solamente el capítulo previsional, que termina con la moratoria que permitió que millones de trabajadores que estuvieron en la informalidad o que se dedicaron a tareas de cuidado no remuneradas pudieran acceder a una jubilación.
El impacto de la normativa en las cuestiones de género es una de las consecuencias que comenzó a discutirse en la cámara alta, y que distintos espacios aseguran es una de las más preocupantes, ya que deja en situación de vulnerabilidad a mujeres y diversidades. “Somos nosotras y nosotres quienes mayoritariamente constituimos las filas de la pobreza, la desocupación y el empleo precario, y que sostenemos las ollas en los territorios abandonados por las políticas públicas”, sostuvieron desde la CTA de los Trabajadores, que en la semana presentaron la segunda parte de un informe realizado junto a diferentes sindicatos, movimientos sociales y centrales provinciales, poniendo de relieve el carácter “anti feminista” de la Ley Bases.
El trabajo titulado Impacto de las políticas de Milei en las mujeres y diversidades trabajadoras. ¿Cómo construir una política para la vida que queremos? fue realizado por la secretaría de Género y Diversidad de la CTA de los Trabajadores en colaboración con el Área de Universidad Género y Trabajo del Instituto de Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, y fue definido como “la sistematización de los debates y los aportes de compañeres de referentes de diferentes sectores, lo que hace de dicha producción una construcción colectiva”. En el mismo, se recordó que desde que asumió Javier Milei “la devaluación del 118 por ciento, la desregulación de la economía, la liberación de los precios y de las tarifas de servicios básicos, junto al congelamiento de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, han llevado a la mayor caída de los ingresos de los sectores populares en los últimos 30 años”.
En este contexto, las mujeres marcaron que “representamos el 63 por ciento del decil de menores ingresos en relación a los varones y sólo el 36,94 por ciento del decil de mayores ingresos”.
En cuanto a la Ley Bases, el fin de la moratoria previsional es el principal ataque que se hace a las mujeres, ya que fuera ellas las más beneficiadas por esta medida, ya que en la actualidad el 78 por ciento de las jubiladas accedieron al beneficio por esta vía.
“El primer artículo del título IX de la iniciativa del oficialismo establece la derogación de la moratoria previsional. Esta modificación implica la pérdida del derecho de jubilarse para las personas mayores que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios a la ANSES, una medida que afecta sobre todo a las mujeres mayores”, explicó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. De aprobarse la Ley Bases, las mujeres “ya no solo dejarán de contar con el sistema de la moratoria previsional, sino que además, se les sumarán cinco años de aportes necesarios para alcanzar la jubilación —es decir, se jubilarán a los 65 años, como ocurre en el caso de los hombres”. “El Gobierno pretende crear, en reemplazo de la moratoria jubilatoria, un sistema denominado Prestación de Retiro Proporcional (PRP), que consta de un haber mensual equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80 por ciento del haber jubilatorio mínimo”.
Sectores feminizados
Para evaluar los impactos de las políticas de gobierno de Javier Milei y su ley base en las mujeres, el informe decidió mirar los tres sectores laborales feminizados: “personal de casas particulares, salud y educación, todos relacionados con tareas de cuidados y con peores condiciones laborales y salarios más bajos, en relación a actividades masculinizadas”.
En el caso del sistema sanitario, las mujeres constituyen “el 70 por ciento del empleo”, con picos como en enfermería, donde el personal femenino es el 84 por ciento. “A pesar del alto porcentaje de mujeres, en este sector también existe brecha salarial de género: en promedio cobran remuneraciones mensuales 25 por ciento inferiores a la de los varones”, destacó el trabajo de la CTA de los Trabajadores. Un sueldo promedio de un médico o médica ingresante es de 570 mil pesos, mientras “un o una técnico superior en emergencias médicas y una/un enfermero cobra 350 mil pesos mensuales”, ejemplificó el informe.
“Coincido completamente con el informe sobre el impacto de la Ley bases en las mujeres, que ya estamos padeciendo el brutal, cuando hay un deterioro de las condiciones de trabajo las más afectadas son las mujeres”, sostuvo María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA).
En el sector salud particularmente, la referente dijo que “muchas trabajadoras son sostén de familia, y con esta licuación del salario y la Ley Bases se van a ver empeoradas sus situaciones”. En concreto, Boriotti recordó que “en salud y educación se están recortando derechos, como el quite del FONID o la prohibición de hacer huelga o asambleas, lo que impacta directamente en las mujeres”. Además, en cuanto a lo sanitario, la norma que se discute en el Senado trae “una baja en los presupuestos y el cierre de programas que preservan la salud de las mujeres, como pasó con el plan de prevención del embarazo adolescente”.
En diálogo con Data Gremial, Boriotti afirmó que todas las políticas de ajuste “impactan más en las mujeres, porque somos las que trabajamos en mayor situación de precariedad”. A eso se le suma que en el sistema sanitario argentino hay mucha precarización en sí. En este punto, la titular de la FESPROSA puso de ejemplo al Hospital Posadas, donde “descontaron los días de paro como preludio de los despidos, y donde el 90 por ciento de los profesionales están en situación de precarización laboral”. Otro punto es la violencia “que impulsa y alienta el gobierno nacional, que afecta especialmente a las mujeres, diversidades y en el colectivo de las discapacidades”.
Educación
En cuanto a la educación, más del 70 por ciento de los trabajadores son mujeres, siendo solo superado por el sector salud y el personal de casa particulares. Allí, recalcó el reporte de la CTA de los Trabajadores, “si sólo observamos el nivel de educación primaria, este porcentaje asciende a 94,6 por ciento”.
“A pesar de ser un sector feminizado, las mujeres tienen remuneraciones mensuales 9 por ciento más bajas que los varones”, se agregó. “El año escolar comenzó con paros nacionales y una negativa del gobierno nacional de abrir la Paritaria Nacional Docente. Hoy el salario mínimo de un docente es de 250 mil pesos. Les maestres vienen de sufrir un recorte de entre el 10 y el 20 por ciento de sus ingresos por la eliminación del fondo de incentivo salarial (FONID), dispuesto por el gobierno”, recordó el trabajo.
Para el reporte, el gobierno nacional “busca correrse de la negociación y delegarla en las provincias, pese a que la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) y sus normas modificatorias fijan la responsabilidad del Estado nacional en la Paritaria Nacional”.
En relación a la docencia universitaria, donde las mujeres y diversidades representan el 51 por ciento de les trabajadores, “el salario inicial sin antigüedad se ubicó en 180 mil pesos en enero de 2024”. “Los gremios nucleados en el Frente Sindical Universitario rechazaron el aumento salarial del 8 por ciento para el mes de abril ofrecido por el Gobierno. La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más de 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero”, denunciaron. Los sindicatos también vienen reclamando que el incremento se realizó de manera unilateral por parte del gobierno, “sin pasar por un proceso de negociación salarial, lo que consideran una imposición arbitraria y carente de consenso”.