El gobierno de Javier Milei implementó un plan de "blanqueo" laboral con el objetivo de fomentar la formalización laboral y reducir la informalidad en el mercado laboral argentino. Sin embargo, este plan excluyó a un grupo significativo de trabajadoras: las empleadas de casas particulares.
A pesar de que el capítulo "promoción del empleo registrado" de la Ley de Bases busca fomentar la formalización laboral, la reglamentación deja afuera a un millón de trabajadoras de las casas particulares, donde el 97 por ciento son mujeres, siendo el sector con mayor informalidad. El Artículo 8° del decreto 847/2024 establece que “las previsiones del Título IV de la Ley N° 27.742 no serán aplicables a las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 26.844 y sus modificaciones”.
Por su parte, la Resolución 5577/2024 de la AFIP fijó que “la regularización de las relaciones laborales deberá efectuarse hasta el 24 de diciembre de 2024, inclusive". No obstante, el sector que tiene un 70 por ciento de sus empleadas no registradas fueron discriminadas por el gobierno de Javier Milei. Según el INDEC, sobre 1,7 millones de empleadas domésticas, menos de 500.000 figuran con aportes a la Seguridad Social.
Declaraciones
Vale resaltar que organizaciones sindicales, de derechos laborales y feministas criticaron duramente la exclusión de las empleadas de casas particulares del plan de blanqueo laboral, argumentando que perpetúa la discriminación laboral y de género, sumado a deja sin protección a un grupo vulnerable de trabajadoras. Y además, se contradice los objetivos de formalización laboral.
En ese marco, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), denunció que el decreto reglamentario “incorpora esa exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”.
Por su parte, la referente de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares de La Pampa, María Eugenia Cáceres, señaló que "esa reglamentación viene a precarizar aún más a las trabajadoras que si no están registradas pierden el acceso a derechos laborales". Al tiempo que agregó: “La precarización afecta derechos laborales como aguinaldo, vacaciones pagas, jubilación, seguro, licencias por enfermedad y embarazo; esto sumado a los bajos salarios y que aún no se acordó un acuerdo salarial para septiembre y octubre. Definitivamente el gobierno nacional está quitando derechos a uno de los sectores que tiene aproximadamente un millón y medio de trabajadores, en su mayoría trabajadoras mujeres”.
A su vez, el abogado Matías Isequilla, asesor legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines – ATHA - señaló que el artículo 8 reglamentario de la ley 27.742, dispuso arbitrariamente que esos beneficios no serán aplicables a las relaciones laborales del Personal de Casas Particulares, a pesar que es el colectivo laboral más numeroso y vulnerable del sistema de relaciones laborales argentino, ya que la inmensa mayoría no tiene acceso a la Seguridad Social, como jubilación, obra social, seguro frente a accidentes y enfermedades de trabajo, licencia por maternidad, entre otros.