La Justicia continúa la investigación sobre los miembros de la reunión que se realizó en 2017 en las oficinas porteñas del Banco Provincia, en la que funcionarios y agentes de inteligencia hablaron sobre el supuesto armado de causas a gremialistas.
En ese marco, un audio clave revela cómo era el armado de jurídico de las causas. Pertenece al subcomisario y contador Hernán Casassa, quien encabezó personalmente más de cien allanamientos a opositores.
Casassa admitió que en la Provincia de Buenos Aires funcionaba una mesa judicial, que se reunía en el Ministerio de Seguridad en La Plata, otras veces en la misma sala del video en el Banco Provincia en CABA, y en algunas oportunidades también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada.
La integraban -según consigna en los audios- la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.
En uno de los audios, Casassa relata el modus operandi: “Con respecto a cómo viene Asuntos Internos, que es exactamente la oficina en la que, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand -que era una locura que esté ahí- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los informes económicos Nosis, hablaba con la UIF (Unidad de Información Financiera), pedía información de todos lados. Y eran los que, con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de (Elisa) Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era Provincia, era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así”.
El subcomisario no sólo habla de la persecución a dirigentes sindicales, sino esencialmente a políticos, ya que dirigió en forma personal los allanamientos a una empresa de Daniel Scioli, al club de futsal, a la vivienda del exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, y a decenas de proveedores y cooperativas que trabajaron con el gobierno bonaerense durante la gestión del ahora embajador en Brasil.