El Representante Gremial de la Normalización de UPSRA en la provincia de Buenos Aires para la actividad de Control de Admisión y Permanencia, Alejandro Capalbo, acusa al presidente de la Cámara Federal de Empresas del Control y la Seguridad en Eventos de Entretenimiento y de Concurrencia Masiva de Personas (CECS), Antonio Amarilla, de presionar “en base a falsedades” a empresas del sector en todo el territorio bonaerense y CABA para que no apliquen el convenio colectivo del sindicato de vigiladores UPSRA y que, en cambio, sí hagan lo propio con el CCT de SUTCAPRA, organización que por personería, solo puede representar a trabajadores de La Plata y de empleadores directos de establecimientos, no de empresas que prestan servicios a terceros. Denuncia connivencia e intereses en común entre el empresario, dirigentes sindicales y funcionarios públicos.
En diálogo con Data Gremial, Capalbo dio a conocer una carta firmada por el titular de “la cámara fantasma” -según sus palabras- dirigida a las firmas que la integran, donde Amarilla asegura que “UPSRA carece de legitimación y representatividad” hacia los trabajadores de sus firmas, al aducir que el control de admisión y permanencia es una actividad diferenciada del de la seguridad privada y que el único sindicato representativo es SUTCAPRA.
“Desconocimiento de la ley y tomarse atribuciones indebidas”
Capalbo alerta que se trata de un “error grave” de Amarilla, en tanto el control de admisión y permanencia se inscribe dentro de la seguridad privada, ya que lo realizan empresas que en el territorio bonaerense deben registrarse en el Registro de Control de Admisión y Permanencia (ReCAP), el cual depende de la Dirección para la Gestión de la Seguridad Privada de la provincia de Buenos Aires.
También, el dirigente advierte que existe otra manera muy simple de confirmar que las tareas de control de admisión y permanencia (contrariamente a lo que asegura Amarilla) son una de las ramas de la seguridad privada. Simplemente con revisar las inscripciones en la AFIP de las empresas que llevan a cabo estas tareas (801090 -F-883- servicios de seguridad e investigación N.C.P.), se puede corroborar.
Para Capalbo además está claro que si el control de admisión y permanencia fuera una actividad diferente de la seguridad privada estaría englobado en la seguridad pública (de esta se ocupa el Estado a través de las distintas fuerzas de seguridad a su cargo como las policías federales, provinciales, prefectura, gendarmería, etc) y esto no es así.
“El señor Amarilla, además de su desconocimiento sobre la seguridad privada y pública, infringe el artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que describe las prácticas desleales en las que pueden incurrir los empleadores, específicamente en los incisos a), b), c) y d), entre otros”, explica Capalbo.
También por lo expuesto, el dirigente acusó a Amarilla de atribuirse funciones que no le corresponden, “Alienta a las empresas de su cámara a aplicar el convenio de SUTCAPRA, afirmando que es el correcto y legítimo. No obstante, este planteo es erróneo, ya que la autoridad que determina qué sindicato tiene la representación sobre una actividad específica y cuál es el convenio adecuado a aplicar es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Resulta aberrante que un empresario se arrogue la facultad de decidir qué convenio es válido y qué sindicato es representativo”.
Denuncias de conflictos de intereses
Para el dirigente de UPSRA, “todo cierra” a partir de la nota del domingo pasado de Data Gremial donde un empresario del sector denunció que el secretario de Prensa de SUTCAPRA, Celso Gómez, sería apoderado legal de una de las empresas de Amarilla, AMPADTROL S.R.L, y otra noticia anterior también de este portal, en la cual un organizador de eventos acusó a Julio Amesti, director del ReCAP, por “recomendar” la contratación de firmas de control de admisión y permanencia, entre las cual cuales se encuentra la mencionada de Amarilla.
“Ahí cierra todo el entramado de irregularidades: funcionario, empresario y sindicato. Por no decir otra cosa… y vemos porqué el señor Amarilla quiere que se aplique ese convenio. Un dirigente sindical que tiene por finalidad la de representar y defender los derechos de los trabajadores y es apoderado legal de una empresa en la cual están empleados muchos de los trabajadores que debe representar y defender. Es totalmente incompatible y también denunciable”, grafica Capalbo, a la vez que anticipa: “Nosotros vamos a denunciar al señor Amarilla ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la justicia laboral y penal por la práctica desleal que muestra con esa actitud de animosidad y mala intención y con argumentos sin ningún tipo de sustento contra UPSRA”.
“Un discriminador y violento” dando clases en un centro de formación laboral
Las acusaciones de Capalbo no quedan solo en la “incompatibilidad de funciones”. Para el dirigente de UPSRA hay algo que resulta aún más grave. “Trabajadores me acercaron unos tuits que el señor Gómez publicó entre los años 2014 y 2016. Son posteos aberrantes por racistas, homofóbicos, clasistas y otros que denigran a las mujeres, como buen misógino que es. Y como si eso no fuera suficiente, hay menciones suyas que alientan y/o defienden al ex padre Julio César Grassi, un individuo sobre el que pesa una condena firme de la Corte Suprema por pedofilia”.
Por esta situación, Capalbo anticipó que denunciará a Celso Gómez ante el Ministerio de Educación, cartera que subvenciona esos cursos, y ante elInstituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), que es el organismo que supervisa los centros de formación profesional. “Con qué cara mira a las trabajadoras que asisten al curso, cuando dijo esas aberraciones sobre las mujeres. O a los trabajadores en general que tienen hijos, siendo que defiende a un pedófilo como el padre Grassi”.
Se vienen denuncias también contra SUTCAPRA
En otro pasaje de la charla, Capalbo recordó que la personería gremial de SUTCAPRA (resolución 106/2009) “solo lo habilita a representar a trabajadores empleados directamente por dueños de pubs, restaurantes, bares y discotecas y exclusivamente en la ciudad de La Plata”.
“Eso es SUTCAPRA. Un sindicato municipal, reducido a representar trabajadores en La Plata y solo en esos cuatro tipos de comercios. Que se haya expandido por toda la provincia en lugares fuera de su ámbito de representación, tanto territorial como personal, es porque tuvo que haber connivencia con el poder político, funcionarios y funcionarias públicos, empresarios, etcétera”, lanza.
Y advierte: “Bueno, esa gente se va a tener que hacer cargo de semejante ilegalidad porque vamos a denunciar todo eso ya que tenemos sobradas pruebas de que a SUTCAPRA le dieron entidad para que este en lugares donde no debería estar o realizar acuerdos con empresas y que están más allá de su ámbito de representación tanto personal como territorial”.
Dudas sobre el rol de Leandro Nazarre y su alianza con Julio Gutiérrez
Acto seguido, el dirigente de UPSRA apuntó contra Leandro Nazarre. Es que el dirigente no solo es secretario general de SUTCAPRA, sino que es candidato a Tesorero en las elecciones de UPSRA por la opositora Lista Verde de Julio Gutiérrez.
“Mire que importancia que le da a su sindicato y a sus afiliados, que le importa más ir en un cargo de Tesorero en una lista que concentrarse en dirigir a su sindicato. O quizás en este punto me equivoque y capaz se trata de una estrategia de Gutiérrez para infiltrar gente de otra organización gremial de la actividad de seguridad para detonar por dentro a UPSRA”, se pregunta Capalbo.
Dudas sobre las actividades de formación
Por último, Capalbo hace hincapié en que apenas unos 300 empleados registrados en el ReCAP pueden acreditar haber sido formados para su función, en un universo de entre 12.000 y 15.000 trabajadores en todo el territorio bonaerense, “siendo que el Centro de Formación Profesional 420 donde Celso Gómez es director o lo fue y es profesor también, tiene por función capacitar a los trabajadores para la actividad de controlador y está funcionando hace más de 14 años. ¿Me quiere decir que estuvieron haciendo durante tanto tiempo ni el 5% de los trabajadores del sector están capacitados en toda la provincia?”, se cuestiona.
En conclusión, las denuncias que Capalbo llevará adelante ante la Justicia y distintos organismos, pone de relieve un entramado de irregularidades que podría tener profundas implicaciones para la actividad de control de admisión y permanencia en la provincia de Buenos Aires.