Tras varios años de disputa, de denuncias penales y de intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), una auditoría realizada por la Administración Provisoria que impuso la justicia en la obra social reveló que hubo “malversación de fondos”, “administración fraudulenta” y “asociación ilícita” durante la gestión de Pablo Ansaloni.
El exdiputado macrista, que intentó disputar la conducción de la UATRE contra José Voytenco, ya está imputado por los delitos de malversación de fondos y asociación ilícita y por cada uno de los hechos expresados en el informe de la Auditoría. Pablo Ansaloni deberá dar explicaciones en la Justicia.
Cabe recordar que la Justicia Federal dispuso hace dos meses atrás la normalización de OSPRERA, y designó un administrador provisorio hasta que se investigue el patrimonio de la entidad y las supuestas irregularidades denunciadas por una afiliada y delegada de la entidad.
La OSPRERA tiene un alcance nacional y brinda prestaciones para casi 800 mil personas a lo largo del país. Por lo general el manejo le corresponde al titular del gremio, algo que se alteró cuando comenzó la pelea interna luego de la muerte de Ramón Ayala. En mayo del 2021, la justicia comenzó a investigar al exdiputado Ansaloni por el manejo de los fondos de la obra social.
Informe de la auditoría realizada por la Administración Provisoria
Según pudo conocer este medio del informe realizado por la autoría se describió que la situación económica de la entidad como grave. La OSPRERA tiene un déficit financiero que asciende a los $ 13.000 millones de pesos a diciembre de 2022. Eso explica en gran parte la caída de las prestaciones en muchos distritos importantes del país.
Además, se señala que hay un gasto injustificado de un plazo fijo de $ 4.000 millones y que al mes de marzo pasado solo quedaban 338 millones de pesos. El drenaje de esos fondos se dio entre los meses de septiembre, diciembre y enero; coincidentemente con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y que fue derrotado en las elecciones de diciembre pasado.
También se constató que la OSPRERA recibió $ 1.700 millones de la Superintendencia de Servicios de Salud que no fueron destinados a cubrir prestaciones y que no hay una sola justificación de esos gastos.
También se descubrió que había una industria de los juicios dentro de la OSPRERA que consistía en una generación de juicios por diferencias salariales y pagos en negro. Según afirmaron desde el gremio, en la actualidad ese engranaje delictivo está desarticulado, aunque la OSPRERA deberá continuar con causas abiertas e inventadas que implicará pagos y salida de fondos.
Pero la mala praxis en la administración también se reflejó en las cosas cotidianas: se constató que Ansaloni, ya expulsado de la entidad la vice-presidencia de la OSPRERA, seguía utilizando vehículos, celulares y personal de la obra social con fines personales. A eso se le sumó que su esposa y su peluquero eran empleados de la obra social.