Arietto quiso "picantearla" y amenazó con mandar "en cana" a los aceiteros de Vicentín pero desde el SOEA le bajaron el precio: "No te he visto en ninguna audiencia"

El intercambio en redes se dio en el marco del conflicto entre Vicentin y el sindicato por el impago de la gratificación anual. La mediática antisindical dice ser representante legal de la empresa, pero la respuesta de la abogada del gremio fue fulminante.

Viernes, 24 de enero de 2025 18:10

El conflicto entre Vicente SAIC y los trabajadores, representados por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, por el impago de la gratificación anual que le corresponde a los trabajadores del sector, sumó otro capítulo más en las últimas horas, a partir de que la mediática Florencia Arietto amenazó en sus redes sociales a Daniel Succi, secretario general del gremio, con "mandarlo en cana" porque ella supuestamente es la representante legal de la empresa. María Laura Campas, abogada interviniente por parte del sindicato, le respondió: “No te he visto en ninguna audiencia”.

“Avísenle a Succi que yo soy la abogada de Vicentín. Que si vuelve a bloquear va en cana. Si quiere referencias mías que llame a Moyano y Acuña. Bloquear es delito y Vicentin necesita que la Corte Suprema de Santa Fe le homologue el acuerdo y poder trabajar”, fueron las palabras completas de Arietto. 

El reclamo surge debido a la falta de pago en tiempo y forma de un beneficio establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, único en su tipo en el sector, que integra esta gratificación como derecho adquirido por los trabajadores. “Hola Doc soy la abogada del SOEA. No te he visto en ninguna audiencia de Vicentin ni en el concurso de acreedores. Siempre hemos tenido trato con otros colegas. A disposición para conversar cuando quieras ya que nosotros también queremos trabajar”, fueron las palabras de la abogada defensora del gremio.

En diciembre, las partes habían acordado el pago en dos partes iguales, con vencimiento los días 10 de enero y febrero. Ante el incumplimiento, el gremio realizó una huelga de más de cinco días, que luego ingresó en conciliación obligatoria por el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Lo que alegan desde el sindicato es que esta “vuelta a la escena pública” de Vicentín alegando alguna debilidad económica tiene que ver con un objetivo de presionar a la justicia santafesina para avanzar en la homologación de su propuesta de rescate presentada en marzo de 2023. 

“Siempre luchamos para que la empresa siga en marcha y para mantener los puestos de trabajo”, continuó en su tweet María Laura Campas, y continuó: “No creo que Succi sea quien tenga que ir preso en esta historia. A lo mejor podés hablar con los colegas que llevan la negociación en la secretaría de trabajo. Un gusto y a disposición”.

Evolución del conflicto

Desde el sindicato, el secretario general Daniel Succi refutó las acusaciones de Estanislao Bougain, director independiente de la empresa Vicentin, quién había manifestado que la empresa no tenía los fondos suficientes. “Mienten cuando dicen que no tienen plata. En noviembre, durante una reunión por el Procedimiento Preventivo de Crisis que rechazamos junto al Ministerio de Trabajo, aseguraron que tenían fondos para pagar sueldos por al menos siete meses”. 

Succi también recordó que la empresa recibió créditos “cuando estaban los mismos jugadores que tenemos hoy en el gobierno y derritieron más de 1500 millones de dólares”, dinero que dinero que, según denunció no fue invertido en las plantas. “Los trabajadores hacemos funcionar a Vicentín atado todo con alambre. La empresa sigue en pie gracias a nosotros”.

Procedimiento Preventivo de Crisis

Un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un mecanismo legal previsto en la legislación laboral argentina (Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013) que permite a las empresas enfrentar situaciones económicas o financieras graves que puedan afectar la estabilidad laboral de sus empleados. Este procedimiento busca evitar despidos masivos y mitigar el impacto social y económico de la crisis.

Tiene como objetivo que las empresas y los representantes de los trabajadores (gremios o sindicatos) negocien alternativas para evitar medidas extremas, como despidos masivos, cierre de operaciones o reducciones significativas de personal.