La denuncia realizada por la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) expone una serie de graves irregularidades en el Club El Fortín de Olavarría, donde la empresa CMU presta el servicio de control de admisión y permanencia (CAP).
Según Alejandro Capalbo, representante gremial de UPSRA, existe una presunta connivencia entre la empresa, el sindicato SUTCAPRA y una fiscalía local con el fin de precarizar y discriminar a los trabajadores de seguridad afiliados a UPSRA, además de impedirles el ejercicio de su derecho a huelga.
Condiciones de trabajo irregulares y discriminación sindical
El 11 de enero, representantes de UPSRA, encabezados por Capalbo, mantuvieron una reunión en el Club El Fortín, que organiza eventos los viernes, sábados y domingos, y donde CMU tiene tercerizado el servicio de seguridad CAP.
El gremio explicó a las autoridades del club que la empresa había declinado la instancia administrativa de conciliación realizada en la Delegación del Ministerio de Trabajo en La Plata y optó por pasar a la instancia judicial. CMU argumentó que seguiría aplicando el convenio colectivo que SUTCAPRA tiene con una cámara de boliches de Tucumán, a pesar de que, al ser una empresa de seguridad, debía aplicar el CCT 507/7 de UPSRA.
En el Club El Fortín, según Capalbo, hay tres trabajadores en blanco a los que CMU aplica el convenio de SUTCAPRA, mientras que los afiliados a UPSRA "están a propósito" en negro.
“A ellos, encima, que los tienen en blanco, les pagan más, mientras que a los nuestros, que llevan cinco años en negro, les pagan menos y los discriminan. La realidad es que todos deberían estar regularizados con el CCT de UPSRA, que no solo es el que corresponde a la actividad, sino que además ofrece mejores condiciones salariales y laborales", indicó el dirigente.
“En la reunión les explicamos todas estas irregularidades y cómo, como responsables solidarios, debían ayudarnos a resolver el problema. Se comprometieron a interceder y hablar con la empresa para que los den de alta”, agregó.
Conflicto con apriete
A pesar de que el club se había comprometido a interceder, esa misma noche, según Capalbo, la empresa, al enterarse de la situación, envió a nueve personas con la intención de reemplazar a los empleados afiliados a UPSRA.
“Cuando los trabajadores llegaron, se encontraron con esta situación desagradable. Estos tipos, que nunca los habían visto, entraron de prepo y querían echar a nuestros compañeros. Se abroquelaron en el lugar y les dijeron: ‘A nosotros nos mandó la empresa para trabajar’”, relató el dirigente.
“Esto ocurrió en connivencia entre la empresa y SUTCAPRA, un sindicato que no tiene personería gremial para actuar en Olavarría y que allí es representado por un tal Martín Mendoza, quien, en vez de ser delegado, es un colocador de trabajadores precarizados para empresas”, añadió Capalbo.
Ante esta situación, los trabajadores llamaron a Capalbo y los dirigentes de UPSRA se presentaron inmediatamente en el lugar con efectivos policiales. “Decidimos hacer una huelga porque las condiciones de seguridad no estaban garantizadas ni para los trabajadores ni para la gente que esperaba ingresar al local”, explicó Capalbo.
El dirigente relató que un miembro de la comisión directiva les dijo a los trabajadores que se tenían que ir porque la empresa “nos mandó a estos nuevos empleados”. Por lo tanto, los trabajadores afiliados a UPSRA dejaron asentado todo lo ocurrido en el acta del club, cobraron su jornal y se retiraron.
Paralelamente, Capalbo denuncia que desde SUTCAPRA instaron a dos empleadas bajo su convenio, que estaban presentes en el lugar, a realizar una falsa denuncia contra los compañeros de UPSRA, acusándolos de amenazas.
El dirigente también acusó a las empleadas y a Mendoza de robar el libro de actas, en el que asentaron hechos falsos, y de llevarlo a la comisaría.
“Uno de los miembros de la comisión directiva tuvo que ir a buscarlo, acompañado por dos compañeros nuestros. Esto está denunciado”, aseguró.
Violación del derecho a huelga y amenazas a los trabajadores
La situación empeoró cuando, según la denuncia de Capalbo, la UFI N°10 inició una investigación contra UPSRA y los trabajadores acusándolos de “compulsión a la huelga”, a pesar de que este es un derecho legalmente reconocido por la Constitución Nacional.
En torno a esa causa, Capalbo añadió que recibieron una orden de restricción, pero no lo han llamado a declarar para contar su versión de los hechos.
“Lo único que llegó fue la orden de restricción a los dos trabajadores, impidiendo la libertad laboral, y hasta ahora a nosotros no nos llegó nada. Estamos esperando que nos llegue”, comentó.
Denuncia de connivencia entre empresa, SUTCAPRA, municipio y fiscalía
Capalbo también denunció que la fiscalía actuó de manera sesgada, no investigando otros hechos de violencia ocurridos en el mismo club, como la muerte de una joven debido a una sobredosis tras haber estado en El Fortín, ni el hecho de que el personal de seguridad agrediera a un vigilador y su pareja en Liverpool, otro boliche de la zona. En contraste, la fiscalía decidió centrarse en el conflicto laboral y procesar a los trabajadores que simplemente reclamaban por sus derechos.
Capalbo también afirmó que funcionarios municipales habrían intervenido en favor de CMU, recomendando a esta empresa para realizar el servicio de seguridad en eventos, lo que refuerza la sospecha de una alianza entre la empresa, el sindicato y las autoridades locales.
Próximas acciones legales
La denuncia de Capalbo incluye pruebas documentales, como el libro de actas del club, que confirma las irregularidades y amenazas sufridas por los trabajadores. UPSRA también anunció que llevará adelante acciones legales para contrarrestar las denuncias presentadas en su contra y garantizar que se respeten la ley y los derechos laborales en el sector. Según Capalbo, “los trabajadores de UPSRA tienen derecho a que se les respete el convenio que les corresponde y a ejercer su derecho a huelga sin temor a represalias”.
La denuncia pone de relieve la grave situación que enfrentan los trabajadores de seguridad en Olavarría y subraya la necesidad de una investigación imparcial sobre los hechos denunciados, así como una revisión de las prácticas de los actores involucrados.