El jueves 19, en el Tribunal Oral Federal 1 de Salta donde se lleva adelante el debate judicial de la causa denominada “La Veloz del Norte II”, la Fiscalía pidió penas de 25 y 23 años para el empresario Marcos Levin; su ex jefe de personal, Antonio Grueso, y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, por crímenes de lesa humanidad contra 17 trabajadores de la empresa de pasajeros La Veloz del Norte.
Según informó el Ministerio Publico Fiscal, en su alegato final, el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila ratificaron la acusación, destacaron la calidad de delitos de lesa humanidad de los hechos y describieron el caso como un "accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado", dirigido a disciplinar al movimiento obrero.
En detalle, los fiscales solicitaron una pena de 25 años de prisión para Levín, como instigador de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas", en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.
En tanto, para Grueso pidieron una condena de 23 años como partícipe necesario de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos”.
La misma pena, de 23 años, se solicitó para Almirón, por su participación en calidad de autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada, por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
El juicio inició el pasado 3 de octubre y está a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek, que lo preside, Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus. Según confirmó la presidenta del tribunal la audiencia continuará el próximo miércoles 25, que será el turno de las defensas, y luego, al día siguiente dará a conocer el veredicto, de no surgir algún inconveniente.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Alberto Alonso, Carlos Aponte, Carlos Bais, Norberto y Emilio Borquez, Cobos, Carlos Delaloye, Oscar Espeche Rodas, Sebastián Gallará, Ciriaco Justiniano, Manuel Modad, Carlos Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Rodríguez, Jorge Romero y Rubén Vrh.
Connivencia de las fuerzas represivas y el empresariado
En los argumentos de la fiscalía, el fiscal general Amad ratificó los hechos imputados a los tres acusados, ocurrido a partir de procedimientos policiales realizados entre los días 20 y 24 de enero de 1977, en las provincias de Salta y Tucumán, cuando efectivos de la ex Comisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.
Asimismo, el fiscal sostuvo que, en función de las pruebas desarrolladas en el debate, quedó acreditado con certeza "el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado", en este caso, representado por Levín, dueño en ese entonces de una de las empresas de transporte más importante del país.
A su vez, Amad confirmó que las detenciones ilegales, que se concretaron en la empresa, en los domicilios particulares, o en la comisaría, a la que habían sido previamente citados, se lograron gracias al aporte de información por parte del empresario a través de Grueso, quien era su mano derecha.
Vale recordar que Marcos Levín ya fue condenado a 12 años de prisión el 28 de marzo de 2016 por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), aunque el fallo aún no está firme.