Los trabajadores de la metalúrgica ex Canale, hoy organizados como Cooperativa de Trabajo Metalúrgica Lavallol (Cotramel), entregaron el mes pasado su primer pedido de latas de 5 kilos, la clásica lata ancha y baja de dulce de batata. Toda una señal de un recorrido: despedidos en 2018 sin indemnización, los operarios acamparon cuatro meses en la puerta de la fábrica para impedir que el Grupo se llevara las máquinas.
Allí aguantaron, con un fondo de huelga y la venta de choripanes al paso -con mucha solidaridad de los vecinos-, hasta que la justicia los avaló a reabrir la planta. A tres años de frenar el vaciamiento, saldaron deudas y están creciendo como empresa recuperada.
"El rubro hojalatero tiene pocas fábricas, es oligopólico, y cuando se dictó el ASPO varias plantas cerraron transitoriamente. Un día antes del decreto de aislamiento social, a nosotros nos habían llegado 30 toneladas de hojalata. Un proveedor de envases supo que acá estábamos trabajando, vino a probar y no se fue más", contó Nicolás Macchi, delegado de la UOM en tiempos de Canale, referente de la cooperativa
En Cotramel siguen dedicados a proveer de latas a para la industria alimenticia; también hacen envases de pinturas. Trabajaron para proveedores de envases, también a fasón y están ampliandose para tender vículos comerciales con otras cooperativas.
La empresa producía para el mercado interno y exportaba sus enlatados a Paraguay, Tailanda, Uruguay y Bolivia. Durante las gestiones kirchneristas recibió créditos Fondear (a tasa bonificada) y más tarde el estado le transfirió fondos a través del programa Repro. El grupo tenía tres plantas elaboradoras de conservas en Mendoza, en las localidades de Tunuyán, Tupungato y San Rafael, a las que la planta de Lavallol abastecía de latas.
En 2018 se declaró en crisis y luego entró en concurso de acreedores. En la metalúrgica los trabajadores ya venían mal desde 2016, cuando pasaron 6 meses sin trabajar y debieron sostenerse en conflicto para que la empresa no los dejara desocupados, como finalmente sucedió.
La justicia luego dictaminó su quiebra, pero con un fallo en el que dispuso garantías para la continuidad laboral de sus trabajadores. "El principal objetivo es el mantenimiento del trabajo de los empleados, lo que lejos de contrariar el interés de los acreedores se ve identificado con el mismo. Los trabajadores constituyen un valor inconmensurable dentro de la empresa", sostuvo el juez Alberto Alemán en la resolución, que dictó para las unidades productivas de Mendoza pero comunicó al poder judicial bonaerense.
La cooperativa integra el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que lidera Eduardo Murúa. La fábrica no fue expropiada, ni hubo todavía una resolución al pedido de los trabajadores de compensar las indemnizaciones y sueldos que les adeuda el Grupo Canale con la propiedad de la fábrica y las máquinas. Producen con un plan de trabajo autorizado por la sindicatura de la quiebra y el juzgado.
De los 86 despedidos de 2018 quedaron 40 trabajadores originales. Ya son 48, porque se ampliaron con nuevos asociados, la mayoría hijos de los fundadores.
"Arrancamos con una máquina litográfica, que imprime directamente sobre la lata, y nos fuimos expandiendo hasta poner en funcionamiento tres máquinas, 12 horas por día, de lunes a viernes. Ahora conseguimos comprar equipamiento nuevo para volver a hacer las latas de 5 kilos, para dulces. Esto era importante para tener continuidad de trabajo, porque esta fábrica estaba preparada para laburar en la temporada de tomate y frutas, haciendo latitas de 350 gramos, pero la temporada va de noviembre a abril, y en invierno no teníamos demanda. Con las latas de 5 kilos vamos a producir para una cooperativa amiga, de San Pedro. Eso nos asegura tener continuidad y crear lazos con compañeros que están en la nuestra”, relató Macchi.