Luego que la semana pasada se anunciara un acuerdo para que los trabajadores de la seguridad electrónica sean representados por el gremio mercantil, desde la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) reclamaron para sí esa posibilidad, y criticaron la decisión. Mediante una carta enviada a la ministra de Trabajo nacional Raquel “Kelly” Olmos, la entidad remarcó que la actividad principal de las empresas que se encuentran representados por la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) “es la de seguridad”.
La conducción de la UPSRA remarcó que en el sector “existe una entidad gremial actual y preexistente que agrupa a dichos trabajadores”, y que “jamás fueron oídos los sindicatos y cámaras de la actividad de seguridad”. En el documento, la entidad recordó que “las personerías de los sindicatos son especificas de la actividad y por ende desplazan a la actividad de comercio que es genérica”. En este sentido, se la entidad dijo que las organizaciones sindicales de seguridad “son las únicas de representar a los trabajadores de la actividad de seguridad”.
Según la UPSRA, en el caso de la seguridad electrónica “prevalece la personería específica de los gremios de seguridad sobre la genérica de los empleados de comercio”. Además, explicaron que la FAECyS “carece de capacidad jurídica para representar trabajadores de seguridad y resulta nulo cualquier acuerdo que firmare con alguna cámara que represente empresas de seguridad”.
Acuerdo
La semana pasada, la FAECys y la CASEL firmaron el acuerdo para incorporar a los trabajadores de la seguridad electrónica, un rubro relativamente nuevo que ahora tendrá escala salarial propia dentro del CCT 130/75 del sector de comercio. La actividad está vinculada a los trabajadores que buscan “vender, instalar y mantener sistemas electrónicos de seguridad a nivel nacional”. El mismo tendrá alcance a todo el país. “Se trata de un convenio colectivo de trabajo para agrupar al personal de empresas de sistemas de seguridad electrónica”, destacaron desde la entidad que lidera Armando Cavalieri. En este sentido, se agregó que el nuevo convenio se configura como “un anexo del convenio general de los mercantiles, el CCT 130/75”, y será aplicable “en los casos donde este último no exprese específicamente las condiciones”.
En el capítulo tercero del acuerdo, las partes detallaron las distintas categorías como así también, en el apartado cuarto, cuestiones referidas a remuneraciones y otros beneficios. Entre las categorías, se definieron: Operador de señales de monitoreo electrónico, vendedor, administrativo, servicio técnico y de instalación y atención al cliente – operadores de call center. También se incorporaron licencias por situación de violencia de género, por paternidad, padres no biológicos, y por adopción, madre adoptiva y/o no biológica. El convenio excluye a aquellos trabajadores de la cámara que presten servicios de seguridad humana y de custodia personal.
Pedido
Ante esto, la UPSRA le pidió en su carta a la ministra Olmos que “declare la nulidad del acuerdo atacado por ser la actividad de seguridad específica y totalmente fuera del ámbito de los empleados de comercio y por ende debe rechazarse la homologación solicitada por la FAECyS por ser contraria a derecho”.
Para apoyar su postura, el gremio de la seguridad privada presentó varios artículos del Convenio Colectivo 507/07, firmado por el UPSRA y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) donde se establece la representación “al personal no jerarquizado que desempeña funciones específicas de vigilancia y seguridad en cualquiera de los siguientes órdenes: comercial, industrial, civil o privado, financiero, agropecuario, y de empresas privadas de seguridad que se desempeñen en instituciones públicas, nacionales, provinciales o municipales y/o entidades privadas de cualquier naturaleza”.