A más de seis meses del dictamen del Ministerio Público Fiscal de Córdoba donde establecieron que el servicio público de autos de alquiler con chofer, dentro de la ciudad de Córdoba, ya cuenta con su propia regulación y marco legal municipal vigente y que Uber y otras apps de transporte de pasajeros no encuadrarían en la misma, exigen mayor control en toda la provincia.
Desde el gremio denuncian el avance de las publicidades de las apps de transporte de pasajes en diferentes lugares de la provincia de Córdoba. Además, solicitan que controlen aún más bajo la Ordenanza N° 13.994 la cual fija sanciones económicas a los conductores que transporten pasajeros con viajes concertados a través de aplicaciones, agencias o centrales no habilitadas, como es el caso de Uber.
A pesar de ello, señalaron que la Ordenanza claramente no es operativa en la práctica se necesita urgentemente modificada, por el perjuicio que se le está provocando al servicio legal que brindan taxis y remises en Córdoba. Y resalaron que es un claro ejemplo de que dicha normativa tal cual está aprobada no sirve para nada.
En declaraciones a Data Gremial, Carlos Cafure, el abogado laboralista del Sindicato de Peones de Taxi, le presentó hace uno días atrás un proyecto de modificación del Artículo 181 del Código de Convivencia Municipal al concejal Diego Casado, del bloque oficialista de la ciudad de Córdoba. Y subrayó que el objetivo de la misma es “para hacer operativa la ordenanza en relación al punto de lo que son las aplicaciones”.
Concejo Deliberante de Huerta Grande
El abogado laboralista, además, contó que el pasado 30 de mayo en la comuna de Huerta Grande se aprobó una ordenanza donde se prohíbe, explícitamente, el servicio de transporte de pasajeros de aplicaciones. El letrado fue el autor de la normativa, que fue presentado por la concejal Natalia Ariza de la Unión Cívica Radical (UCR).
“El día 13 de junio la ordenanza fue aprobada por unanimidad con algunos cambios -más que nada de redacción-, lo que se planteó en el proyecto específicamente que quedó es la palabra prohíbase. Eso marca la decisión política que es lo que nosotros estábamos buscando de que el municipio define cuál es la posición con relación a las apps extranjeras y lo que es el transporte ilegal de aplicaciones”, aseguró Cafure.
A su vez, aclaró que “las apps funcionan en base a lo que es evasión tributaria, la flexibilización laboral, tienen la mayoría de sus dependiente o prácticamente dos con un monotributo”. Al tiempo que resaltó: “Es una situación claramente de fraude laboral y genera una competencia desleal, que está poniendo una situación de jaque al servicio que brindan taxis y remis”.
En la misma línea, el abogado laboralista sostuvo que en los próximos días junto con los integrantes del Consejo Deliberante van a pedir una reunión con el intendente en conjunto con las autoridades de los sindicatos de transporte público automotor, encabezado por el Sindicato de Taxis, liderado por el secretario General Miguel Arias.
“Estoy impulsando la presentación de este proyecto en varios consejos deliberantes de la provincia de Córdoba lo que nosotros justamente queremos es proteger la actividad del taxi”, expresó Cafure.